En el contexto de la Segunda Intifada (2000-2005), Israel emprendió en junio de 2002 la construcción de su colosal «valla de seguridad», que impide el libre tránsito desde y por Cisjordania ocupada y es conocido también como «el muro del apartheid». Veinte años después, el muro sigue alargándose y actualmente cubre unos 600 de los 720 kilómetros proyectados, según cifras oficiales.

La serpenteante muralla, considerada ilegal por la ONU, se eleva en algunos tramos como una ola de cemento de hasta 10 metros con una cresta de alambre de espino; y en algunas zonas rurales, se convierte en reja electrificada. En su trayecto, se adentra sobre Cisjordania –recortándole casi el 10% del territorio– y mutila a Jerusalén oriental, dejando del otro lado a un puñado de barrios jerosolimitanos palestinos como Kufar Akab o el campo de refugiados de Shuafat.

Establecido por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en 1965, este campamento –hoy parte del tejido urbano de la ciudad– fue ilegalmente ocupado y anexionado por Israel en 1967, al igual que todo Jerusalén Este.

Según el investigador Aviv Tatarsky, de la ONG israelí Ir Amim, la decisión de dejar estas comunidades fuera del muro obedece, entre otras cosas, a la voluntad del Estado hebreo de reducir la población palestina de Jerusalén para impulsar una mayor demografía judía. Israel considera la ciudad santa como su capital, mientras que los palestinos reivindican el lado este de la urbe como el bastión de su Estado. Jessica Montell, directora de la organización HaMoked, coincide en que el muro sirve para «evitar cualquier desafío a la soberanía de Israel» en Jerusalén. Este propósito se hizo evidente en 2017, cuando el partido derechista Likud intentó aprobar una ley para desconectar de Jerusalén estos barrios palestinos y anexar, en cambio, algunos asentamientos judíos.

Por otro lado, el denominado «Acuerdo del Siglo», impulsado en 2020 por el expresidente estadounidense Donald Trump y apoyado por Israel, propuso utilizar el muro como frontera definitiva y dejar a estos barrios jerosolimitanos bajo control palestino.

Pobreza, violencia y hacinamiento

El desdén por parte del Ayuntamiento de Jerusalén hacia estos barrios extramuros los ha convertido en tierra de nadie, dejándolos desprovistos de seguridad, reglamentación y servicios públicos. La basura se acumula en los rebosantes contenedores que obstruyen las polvorientas calles sin pavimentar, las familias sufren cortes de agua y luz, los niños no tienen educación suficiente, mucho menos espacios de recreación. «No hay hospitales, solo clínicas elementales. Y las ambulancias no tienen permiso de entrar cuando hay pacientes críticos», lamenta el doctor Salim Anati, director del centro de discapacitados del barrio. Además, las fuerzas de seguridad permanecen indiferentes ante la rampante criminalidad, el elevado consumo de drogas y la presencia de armas.

Otro de los cánceres de estas comunidades es el hacinamiento. Miles de palestinos han inmigrado desde otras zonas de Jerusalén Este en busca de un menor costo de vida o de garantías de que, ante la ausencia del Estado, Israel no demolerá sus hogares, como ocurre en otras áreas.

Jaber Mohasen, un veterano habitante del campamento que conoció Jerusalén sin el muro, siente que desde su construcción «todo cambió». «No podemos movernos libremente, tenemos problemas económicos, sociales y daños psicológicos», se queja, y no titubea al describir el barrio como «un gueto». El muro, dice, es solo la punta del iceberg de la «tragedia» de los palestinos en Jerusalén: «No tenemos dignidad en nuestra propia ciudad».