En su escrito de acusación, que se ha conocido este lunes, la Fiscalía Anticorrupción pide, además de casi 84,9 millones de euros de multa para Iberdrola Generación, dos años de prisión e inhabilitación y multa de doce meses con una cuota diaria de 400 euros para las cuatro personas físicas investigadas, que ocupaban distintos cargos de responsabilidad en la compañía en el momento de los hechos.

El Ministerio Público también requiere que los acusados indemnicen hasta un máximo de 107,3 millones de euros –importe del presunto perjuicio a toda la cadena de demanda– de forma conjunta y solidaria a varias comercializadoras y a las personas físicas y jurídicas que acrediten haberse visto afectadas, entre ellas, consumidores finales de energía.

Este documento se ha hecho público cerca de un mes después de que el juez de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno acordara el procesamiento de la compañía, filial de la multinacional Iberdrola, previo informe de la Fiscalía.

Para el Ministerio Público, Iberdrola Generación, «con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de oferta y demanda».

Iberdrola Generación ya fue condenada en el año 2015 por estos hechos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que le impuso una multa de 25 millones de euros. Entonces, la compañía anunció que recurriría la decisión de la CNMC y negó cualquier manipulación fraudulenta de precios.