La Comisión de Trabajo del Congreso español ha aprobado este miércoles por unanimidad la proposición de ley para la creación de un fondo de compensación de 25 millones de euros para las víctimas del amianto, por lo que pasa directamente al Senado para su aprobación definitiva.

El articulado de la norma ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos que han coincidido en destacar la necesidad de remediar una «injusticia» y han tenido palabras de apoyo a todas las víctimas de la exposición al amianto. Además, la iniciativa llegó a las Cortes por iniciativa unánime del Parlamento de Gasteiz.

El texto fija que corresponde al fondo la reparación de los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición al amianto padecidos por toda persona «en su ámbito laboral, doméstico o ambiental en España, así como a aquellos (...) que dependieran económicamente del causante».

El fondo será gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social estatal y contará con consignaciones o transferencias que se determinen en los Presupuestos Generales, así como con otras aportaciones como, por ejemplo, de sanciones a empresas.

Al votarse en Comisión con competencia legislativa plena, la norma no tiene que ir al Pleno, sino que pasa directamente al Senado para su luz verde definitiva.

Una vez publicado en el BOE, el texto da un plazo máximo de tres meses para el desarrollo del reglamento necesario para poner en marcha e iniciar las actividades del fondo. EH Bildu ha recordado que esta norma viene de una iniciativa legal del Parlamento de Gasteiz y ha pedido que las compensaciones que se den sean «justas y razonables».

ERC, por su parte, ha planteado, vía enmienda, que la ley incluyera otros beneficios para los afectados, como coeficientes de mejora o jubilaciones anticipadas. En la negociación con el PSOE se ha pactado una enmienda -que también ha contado con el apoyo de todos los grupos- para que la ley recoja que la comisión de seguimiento del fondo pueda formular «propuestas de mejora» de las condiciones de trabajo y protección social.