El forense Paco Etxeberria, asesor de la Secretaría de Memoria Democrática, considera que el proyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado ayer en el Congreso de Madrid representa «un avance extraordinario» respecto a los instrumentos legales que había antes para atender a las víctimas de la guerra de 1936 y de la posterior represión franquista.

A su juicio, resultaba «impensable» que el texto legal fuera a llegar tan lejos y que reconociera la tipología de víctimas perseguidas por el uso de su idioma, por su orientación sexual o a quiénes les robaron, y ha valorado la creación de una fiscalía especial para investigar esta materia.

Entrevistado en Radio Euskadi, ha añadido que esta ley ayudará a reconocer vulneraciones pasadas de derechos humanos, a fortalecer la democracia y reconocer cuestiones que estaban pendientes y en su día no fueron investigadas por nadie gracias a que hoy hay otra conciencia social.

Etxeberria ha destacado que los historiadores han cifrado entre 130.000 y 140.000 los ejecutados y desaparecidos en el Estado español fuera del frente de guerra, casos «hacia los que hay que prestar especial atención porque Naciones Unidas lo exige, como posibles delitos de lesa humanidad».

La investigación se quedará en unos 20.000

Sin embargo, al haber pasado ya 80 años, muchas de esas fosas «se han desbaratado» y los restos han desaparecido, por lo que la investigación se reducirá a unos 20.000. «No vamos a encontrar a todas las víctimas», ha lamentado, y ha explicado que además en un 10% de los restos no se suele lograr extraer ADN para identificar a la persona.

En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ya se ha hecho un censo de entre 5.000 y 6.000 personas ejecutadas, pero en otras zonas se calculan «cifras increíbles», como en Andalucía, donde son unos 55.000 y por ejemplo solo en Córdoba capital 3.000. Un equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi trabaja en Sevilla, donde ya han recuperado 1.200 cadáveres con tiros en la cabeza.

Etxeberria, por su parte, trabaja actualmente en la exhumación de una fosa en Paterna con restos de unas 150 personas, junto a la que hay otras fosas «a donde llevaron a asesinados en Valencia y los enterraron clandestinamente». Ante esas situaciones, con la nueva ley «se puede reconocer el sitio, dignificarlo y si es viable, exhumar los restos y hasta llegar a identificarlos. El final de esta tarea acaba con la entrega digna de los restos a los familiares».

«Lo más normal del mundo»

Por ello, ha rechazado tajantemente que recuperar estos restos «reabra heridas o divida a la ciudadanía», como defienden formaciones de derecha, y ha subrayado que alcaldes y concejales de esos partidos «no opinan lo mismo, porque les parece lo más normal del mundo» investigar para recuperar los restos de las fosas que hay en sus municipios.

En este sentido, ha defendido la recuperación de los restos de antifranquistas enterrados en El Valle de los Caídos, y se ha preguntado «por qué Franco tras la guerra, con un país destruido, pobre y hambriento hizo un plan para recuperar a los muertos de su lado» y «ahora alguien se puede oponer a que hijos o nietos pidan la exhumación» de sus familiares.