Los presidentes español y catalán, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, han vuelto a reunirse este viernes una vez superada la crisis del escándalo Pegasus y ante la evidencia necesidad de relanzar la iniciativa tras los avances electorales de la derecha española. Ha sido este mediodía en La Moncloa, durante hora y media.

Aunque no había excesivas expectativas previas, uno de los frutos que se han dado a conocer nada más salir de la sala ha sido el retorno de la mesa de diálogo entre Gobierno español y Govern, este mismo mes de julio. Ese foro no se reúne desde setiembre del pasado año.

En realidad ya había un compromiso bilateral desde el 8 de julio de celebrar al menos dos reuniones antes de que concluye este 2022, por lo que la noticia no es tanto que habrá reunión, sino que se celebrará con celeridad. La cita será en Madrid.

La portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, ha destacado aquí algo pactado ya el 8 de julio en Barcelona: hay consenso en que los acuerdos que se alcancen eventualmente en esa mesa deben contar con respaldo de una mayoría ciudadana «amplia y transversal», que obviamente incluya a los interlocutores en esta mesa.

¿Se reúne la mesa porque hay opción real de llegar a acuerdos?, se le he planteado a la portavoz, toda vez que en los últimos meses ambas partes han dado a entender que solo se sentarían juntas si tiene un efecto real. «Hay un fondo de trabajo pero queda determinarlo», ha dicho lacónicamente Isabel Rodríguez. Le ha añadido que las diferencias en este terreno son ya conocidas y grandes, y en este punto ha introducido una alusión a que el Gobierno defiende el Título VIII de la Constitución (el que regula la organización territorial del Estado).

Ante la insistencia de los periodistas en saber si hay visos de acuerdos, la representante española ha dicho que «son muchos los temas que estamos trabajando» y «pueden imaginarse que algunos están avanzados».

Desjudicialización

La reunión ha llegado marcada por dos nuevos embates judiciales contra las fuerzas independentistas la víspera, con el aval del Abogado General de la UE al relanzamiento de las euroórdenes contra Carles Puigdemont y el resto de exiliados –forzado por el Supremo español– y la paralela petición fiscal de seis años de cárcel para Laura Borràs.

La desjudicialización de la relación con el independentismo era una de las demandas principales de Aragonès en esta reunión, en un momento en que quedan cuatro causas vivas importantes contra sus líderes, entre ellas la de los llamados preparativos del 1 de Octubre.

Aquí ha aparecido una diferencia clara entre las valoraciones de los interlocutores. Así, el president Aragonès ha afirmado ubicado el objetivo de desjudicialización en esa mesa, aunque al mismo tiempo ha querido dejar claro que el conflicto político no se va a resolver si no se deja decidir a la ciudadanía catalana.

«La represión es una piedra en el camino de la resolución de ese conflicto político», ha resumido Pere Aragonès tras detallar además sus muchas facetas: condenas de cárcel, sumarios abiertos, exilios forzados, multas...

Rodríguez no ha hecho alusión al tema de la judicialización en su intervención. Interpelada directamente por los periodistas, ha contestado que «no hay ningún cambio de posición» en lo que respecta al Ejecutivo español.

Sobre el clima del contacto, Rodríguez ha dicho que ha contado con «un ambiente y desarrollo positivo, correcto». Aragonès, por su parte, ha vinculado la recuperación de la confianza a los avances o no en esa mesa de diálogo. «Más importantes que las palabras son los hechos, y los hechos tienen que empezar a producirse a partir de esta mesa», ha aseverado.

No cabe pasar por alto que este foro es visto con escepticismo por otras fuerzas independentistas. Pere Aragonès ha dicho que nada más salir de la reunión ha contactado con ellas para trasladarle la decisión de volver a reunir la mesa.