La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) multó a 6 grandes constructoras que con una más forman el llamado «G7», que desde 1992 se reunían para repartirse contratos públicos. Estas seis más la séptima, que ya fue multada en 2014, copan 15 de los 17 tramos del ramal guipuzcoano del TAV que ha ido construyendo el Gobierno de Lakua.

Ante esta situación, de la que informó NAIZ el 21 de julio, EH Bildu ha presentado este martes una proposición no de ley para pedir al Gobierno de Lakua que, por un lado, investigue hasta dónde llegan esas prácticas fraudulentas y, por otro, tome las medidas precisas para prohibir a esas compañías participar en licitaciones públicas, y si esa prohibición no es posible legalmente, que incluya alguna cláusula para penalizar a empresas sancionadas por esas prácticas fraudulentas o, en sentido contrario, dar más puntos a las que tengan limpio su expediente. «El Parlamento debe ir más allá de una mera declaración de rechazo», ha señalado el parlamentario Josu Estarrona.

Su compañero de grupo, Unai Fernández de Betoño, por su parte, ha recordado que la CNMC ha investigado al grupo G7 (Acciona, Dragados, Ferrovial, OHL, Sacyr, FCC y Corsán-Corviam) y ha multado a las seis primeras, aunque ha denunciado que la sanción les ha salido barata. «Para esas grandes constructoras una multa nula de 204 millones es calderilla en comparación con los beneficios que obtienen», ha señalado.

Cabe recordar que la constructora Corsán-Corviam que en esta ocasión no fue multada, también tiene graves antecedentes. En 2014 la Guardia Civil llevó a cabo una operación en la que detuvo a nueve altos cargos de Adif y de la empresa Isolux Corsán-Corviam, por alterar al alza precios de tramos del AVE en Barcelona. Corsán sobornaba a directivos de la empresa pública.

Una quincena de contratos ilegales en la CAV

Según ha explicado, Unai Fernández de Betoño, de los contratos en los que la CNMC ha encontrado las ilegalidades por las que han sido multadas las constructoras, unas quince se han formalizado con instituciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Por ello, el parlamentario de EH Bildu ve necesario analizar los expedientes de esos contratos.

«Esas obras y las del TAV, ya que 15 de los 17 tramos han sido realizados por empresas del grupo G7, lo que nos parece muy preocupante. El Gobierno tiene que explicar si es una casualidad y, si no lo es, si va a abrir una investigación», ha asegurado Fernández de Betoño.

Dada la dimensión de la actividad del G7 en la CAV, Josu Estarrona ha cuestionado la labor que está realizando la Autoridad Vasca de la Competencia. «Parece que está totalmente fuera de juego. Este caso del G7 pone de manifiesto una vez más la falta de recursos suficientes en la CAV para combatir la corrupción, los abusos y las prácticas inadecuadas. Por eso –ha subrayado– no se puede entender que PNV y PSE se hayan negado a poner más medios para acabar con las prácticas corruptas, tan perjudiciales para la sociedad».

Estarrona ha recordado que PNV y PSE votaron en contra de crear la oficina anticorrupción. «Esperamos que a partir de ahora tengan una actitud diferente y dejen de mirar a otro lado; hay que tomar medidas para que estos casos no vuelvan a pasar porque no hacer nada no es una opción», han afirmado los parlamentarios de EH Bildu.