El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC) español sobre la nueva normativa catalana sobre lenguas en la escuela, que el Govern aprobó después de la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano, por dar «preferencia» al catalán.

En un auto de este jueves consultado por Europa Press, la sala del TSJC que se encarga de la ejecución de la sentencia del 25% ha acordado plantear esta cuestión de inconstitucionalidad sobre el nuevo decreto del Govern que fija explícitamente la «inaplicación» de porcentajes en los proyectos lingüísticos de las escuelas y sobre la nueva Ley sobre uso y aprendizaje de lenguas oficiales.

Esta ley establece el catalán como la lengua normalmente empleada como vehicular y fija el castellano como lengua curricular que se utilizará en los términos establecidos en los proyectos lingüísticos de los centros, sin fijar porcentajes, por lo que el tribunal entiende que da un uso «preferente» al catalán.

El tribunal recuerda ahora que para plantear una cuestión de inconstitucionalidad una condición es que la ley en cuestión tenga una repercusión directa e inmediata en la sentencia que haya dictado el tribunal, y la segunda condición es que haya «la convicción sobre la inconstitucionalidad» de esa ley, que al parecer de los jueces se dan en este caso.

Los jueces consideran que estas nuevas normas suponen un nuevo modelo lingüístico que «no permite reconstruir la posición del castellano en paralelo a la del catalán sin incurrir en fraude de ley».

Por eso, creen que las nuevas normas son incompatibles con su sentencia no solo porque elimine los porcentajes de uso de cada lengua sino que la incompatibilidad «es completa puesto que responde a un modelo diferente e incompatible».

El Govern quiere «bloquear» el 25%

Los jueces exponen que creen que con estas normativas nuevas, el Govern y el Parlament pretenden «bloquear» la aplicación de la sentencia del 25% de castellano.

Consideran que para hacerlo el Govern «ha utilizado de forma abusiva la institución de la legislación de urgencia, desbordando los requisitos que le son inherentes para hacer un uso arbitrario de la misma», lo que a su parecer se debe a la voluntad de no cumplir con la sentencia.