Las más de 60.000 personas presas en las cárceles del Estado francés no pueden acceder al número 55 de la revista anticarcelaria ‘L’Envolée’. Según denuncia el propio medio, una nota interna de la Administración Penitenciaria firmada por el ministro de Justicia prohíbe su lectura a toda la población reclusa debido a que el artículo ‘Distribution de permis de tuer au tribunal de La Rochelle (‘Distribución de permiso para matar en el tribunal de La Rochelle’)’ contiene comentarios «difamatorios contra la Administración Penitenciaria y contra los funcionarios de prisiones».

‘L'Envolée’ se defiende: «No hay ‘difamación’ en este artículo: simplemente muestra cómo la Administración Penitenciaria y la Justicia trabajan de la mano para proteger a los guardias más violentos, incluso cuando matan a un hombre». Es la segunda vez en dos años que el medio es censurado.

El artículo, accesible en la web de ‘L’Envolée’, trata el proceso judicial contra siete funcionarios de la prisión de St. Martin-de-Ré por la muerte del preso de 33 años Sambaly Diabaté. En él, el medio recuerda que el Controlador General de Espacios de Privación de Libertad denunció en 2011 y en 2017 la existencia de «personal violento» y «comentarios inadmisibles» en dicha cárcel. Según ‘L'Envolée’, «se trata de censurar un órgano de prensa que pretende servir de portavoz a los presos y permitirles intercambiar información y puntos de vista. Si el periódico no pudiese entrar más en las cárceles, perdería toda razón de ser, y las personas encerradas se verían privadas de uno de los escasos medios a su alcance para denunciar lo que sufren tras los muros cada vez más impenetrables».

El 9 de agosto de 2016, Sambaly Diabaté murió asfixiado con los tobillos atados, las manos esposadas en su espalda y amordazado tras una violenta intervención de varios funcionarios de prisiones. A pesar de la gravedad de los hechos, en enero de 2022 los funcionarios directamente implicados recibieron penas de entre 12 y 24 meses de prisión por «homicidio involuntario por violación manifiestamente deliberada de una obligación de seguridad o de prudencia». El único acusado de «violencia deliberada» recibió una sentencia de un año acompañada de la prohibición de ejercer. Finalmente, los tres acusados de «no asistencia» fueron absueltos. Ninguno de los condenados ingresó en prisión y todos excepto uno pudieron seguir ejerciendo su trabajo en la cárcel de St. Martin-de-Ré.
 
Semanas antes de que el juez dictara sentencia, la Sección Francesa del Observatorio Internacional de Prisiones denunció en una declaración premonitoria que el juicio «no puso a los imputados frente a sus responsabilidades, pasando a formar parte de los mecanismos de impunidad que permiten que tales prácticas continúen».

Los presos políticos vascos que entonces compartían patio con Diabaté se dirigieron por escrito tanto a las directoras del módulo y de la prisión como a la OIP denunciando los gravísimos hechos acaecidos el 9 de agosto de 2016.