Familias de la zona del Pirineo vienen reclamando al departamento de Educación del Gobierno de Nafarroa que solucione la situación en la que se encuentran en relación al transporte del alumnado de enseñanza postobligatoria, FP básica y enseñanza obligatoria. Según han comunicado hoy, han recibido dos convocatorias para reunirse el próximo jueves con el Ejecutivo navarro.

El primero de los encuentros será con la directora general de Recursos Educativos, Begoña Unzué Vela, a partir de las 10.30. El segundo, dos horas más tarde, con el Departamento de Proyectos Estratégicos. En esta última reunión participarán también la Mesa del Pirineo y la plataforma Pirieskola.

«Confiamos en que todo ello, nos lleve a la consecución de una solución adecuada para la situación de nuestro alumnado en este curso 2022-2023, pero que también sirva para abrir el proceso de reflexión y búsqueda de soluciones estructurales y adecuadas a nuestro territorio a medio y largo plazo», han señalado en una nota.

En la protesta realizada la semana pasada en Iruñea frente al Departamento de Educación, Leire Remiro, madre afectada por la situación, presentó el documento registrado en el Departamento y en el que se recoge tanto la información de la situación como la solución que proponen las familias ante este problema.

«El Gobierno de Navarra no garantiza la igualdad efectiva de la permanencia en el sistema educativo de nuestros jóvenes porque no garantiza el derecho al transporte», señaló entonces. Aseguró que «solo recibimos ayudas económicas que no son suficientes», ya que eso no hace que tengan que ser los padres o las madres quienes tengan que transportar a sus hijos teniendo que adaptarse en muchas ocasiones con sus horarios laborales.

«Hablamos de traslados de entre 25 minutos y una hora, y muchos no podemos asumir ese viaje a diario», explicó Remiro para insistir en que «no queremos un apaño para este curso, sino una solución real a largo plazo, ya que este problema seguirá estando año tras año».

Destacó que este transporte les corresponde por derecho y que, además, han sido las propias familias quienes han trabajado en buscar una solución. En concreto en el documento apuntan que el problema se podría solucionar con dos vehículos de nueve plazas.

Remiro especificó que la solución que han propuesto «tiene un coste estimado de 59.500 euros y no nos parece un coste que no pueda asumir la Administración».