La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Nafarroa ha aprobado este lunes las normas por las que la Cámara designará dos personas para formar parte de la Comisión que contempla la pionera Ley Foral de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de Iglesia católica.

La comisión, que echará a andar este mes de setiembre impulsada por al Departamento de Justicia que dirige Eduardo Santos, no contará, sin embargo, con la participación de la Iglesia navarra y, por tanto, no ocupará las dos vacantes que debía nombrar la diócesis. Al margen de los nombramientos del Arzobispado y Parlamento, dicha comisión contará con dos candidatos propuestos por el Gobierno navarro y otros dos por las asociaciones de víctimas sexuales, además de la secretaría, cargo que ocupará la persona que ostente la jefatura de la Oficina de Asistencia a Víctimas.

En un primer bote, la Iglesia navarra comentó a NAIZ que estaba dispuesta a acceder a entrar en una comisión pública sobre abusos y así se lo hizo saber asimismo al Gobierno navarro, pero, tras la aprobación de la ley, el Arzobispado señaló en una nota de prensa que «todas las leyes que reconozcan desde las administraciones públicas a las víctimas de abusos sexuales son bienvenidas», pero «lamentamos que muchas otras víctimas de diferentes ámbitos, cuyos casos también están prescritos, no reciban ese reconocimiento».

«Tratar con desigualdad a las víctimas, sin tener en cuenta la igualdad de todas ellas produce, sin duda, revictimización y discriminación», agregó la archidiócesis en el comunicado.

Por tanto, respecto a la participación de la Iglesia Católica en la comisión prevista en la ley, el Arzobispado de Iruñea afirmó que había trasladado al Gobierno de Nafarroa «que no participará en esa comisión, siguiendo el criterio establecido de no participar y colaborar».

Por último, remarcaron que «todas las víctimas tienen el reconocimiento de la Iglesia. La Iglesia trabaja desde hace décadas para erradicar esta lacra social, tanto en la formación de los que tratan con menores en la Iglesia (profesores, catequistas, sacerdotes, etc.), como en la creación de ambientes seguros y de sistemas de prevención, incorporando todas las normas que se promuevan para que esta realidad social no tenga lugar ni en la Iglesia ni en ningún otro sitio», concluyó la nota.

Coincidiendo con las posiciones del Arzobispado, Navarra Suma fue el único grupo parlamentario que votó en contra de la ley argumentando que debería tratarse de una ley que afectara a todas las víctimas de abusos sexuales con independencia del ámbito en el que se hayan producido.

En declaraciones a NAIZ, Jesús Zudaire, presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos, ha señalado que la decisión de la Iglesia de no participar en la mencionada comisión «entraba dentro de lo posible».

Zudaire ha recordado en este sentido que «ellos lo que quieren es que se investiguen todos los abusos de la sociedad y aquí lo que se trata de investigar los casos de un ente tan importante como la Iglesia, que es la responsable máxima de la mayoría de los pederastas que ha habido durante el siglo XX y principios del XXI». 

Cuatro nombres confirmados

El Gobierno de Nafarroa ha confirmado a NAIZ, tal y como adelantaba este lunes el ‘Diario de Noticias’, que el Ejecutivo ha propuesto al sacerdote y fundador de Foro Gogoa, Guillermo Múgica, y al jurista e historiador Mikel Córdoba Gavín, abogado especializado en Derechos Humanos, para que formen parte de la comisión, que se reunirá una vez al mes.

Por su parte, las asociaciones de víctimas han recomendado a Josean Echauri, psicólogo forense y socio fundador de Psimae, y Mikel Lizarraga, investigador de la UPNA y autor de ‘Abusos sexuales a menores por miembros de la Iglesia Católica en Navarra (1948-2022)’.

Los otros dos miembros serán designados por el Parlamento. El plazo para la presentación de candidaturas finalizará el 15 de setiembre a las 14.00 horas, momento a partir del cual la Mesa procederá a calificar si las propuestas reúnen los requisitos exigidos y a continuación, en su caso, a la proclamación de candidaturas.

Los candidatos o candidatas, según se indica, habrán de ser elegidos entre los ciudadanos mayores de edad que cuenten con experiencia en materia de víctimas y tengan competencia profesional en áreas de conocimiento histórico, jurídico y psicológico.

La elección tendrá lugar en pleno mediante votación secreta por papeletas, en las que cada parlamentario podrá incluir hasta dos nombres, tras lo que serán proclamados elegidos los dos que obtengan mayor número de votos.