El jesuita Francisco de Roux, fundador de la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, uno de los primeros laboratorios de paz de Colombia, ha presidido la Comisión de la Verdad surgida en cumplimiento de los acuerdos entre las FARC-EP y el Gobierno.

Sobre esta experiencia ha hablado en Donostia en el marco del curso de verano de la UPV-EHU “El derecho a la verdad como herramienta para la construcción de paz”.

«La crisis de Colombia no es solamente política y estructural, sino que hay un problema ético muy de fondo. Lo más grave es que se perdió el sentido del valor de la vida y con ello se quiebran los demás valores», afirma en entrevista a GARA en uno de los recesos.

Agradece a Euskal Herria «su inmensa solidaridad» con Colombia y, en especial, el trabajo realizado por el comisionado Carlos Martín Beristain, que «llevó la conducción de la investigación con una impresionante dedicación y logró vincular a los colombianos en el exilio», a quienes el Informe Final dedica un capítulo.

¿Cómo se lleva a cabo el mandato de una mesa negociadora en medio del conflicto?

Empezamos el proceso convencidos de que no estábamos en las mejores condiciones, incluso algunos del grupo pensaban que sacar adelante una comisión de la verdad en medio del conflicto era casi imposible. Sin embargo, una de las cosas que conseguimos fue que los resultados de la Comisión no se tuviesen que presentar durante la campaña política. Gracias a la ayuda de la Corte Constitucional fue posible trasladar el resultado final a una semana después de terminar las presidenciales.

¿A qué atribuye la persistencia de estas violencias?

Lo atribuyo a que el acuerdo de La Habana no se puso en práctica con la celeridad que había que hacerlo. Durante el Gobierno de Iván Duque muchas cosas quedaron sin resolverse. Por otra parte, el Estado no hizo presencia de una manera integral en los territorios que dejaron las FARC, tal y como se había acordado. Estas zonas quedaron vacías y fueron ocupadas por las disidencias, por grupos vinculados al narcotráfico y por el ELN. Mientras no se hagan los cambios estructurales que necesita el país, este tipo de expresiones armadas van a continuar. La paz no es un problema entre grupos armados y el Estado; eso es una parte.

¿Persiste la concepción del «enemigo interno»?

Sí, aunque el nuevo presidente ha sido muy claro en que debe desaparecer de los aparatos de seguridad y se ha acrecentado la movilización por la paz. Un 65% está de acuerdo con que hay que dejar de pensar en ‘enemigos internos’ e invitar a los grupos que siguen en la guerra a que salgan de ella.

En este sentido, la Comisión ha recomendado cambiar la doctrina de seguridad. ¿Cómo valora que una de las primeras medidas de Petro haya sido la renovación de las Fuerzas Armadas?

Ha retirado a más de 70 militaren que estaban en primera línea porque no quiere que haya nadie que pueda tener señalamientos por violar los derechos humanos o por corrupción, y ha puesto como ministro de Defensa a uno de los colombianos más fuertes en la lucha contra la corrupción y la violación de derechos humanos. Esto muestra de su deseo de hacer cambios de fondo. Tenemos que aceptarnos en nuestras diferencias y entrar en la discusión democrática sin que nadie sea perseguido, expulsado, desaparecido, secuestrado o asesinado.

En 2013, el informe del Centro de Memoria de Histórica «Basta Ya» denunció el grado de sevicia del conflicto armado. Usted se pregunta dónde estaban los colombianos ante tantas atrocidades diarias.

Esa es una pregunta muy profunda y tomaría mucho rato responderla. Pero muestra que la crisis de Colombia no es solamente política y estructural, sino que hay un problema ético muy de fondo. Colombia, que había heredado de España un catolicismo muy fuerte, se transforma con la globalización y la mundialización en una sociedad laica y el referente católico se termina, pero no construye una ética civil y se queda en una especie de vacío moral. Lo más grave es que se pierde el sentido del valor de la vida y, con ello, se quiebran los demás valores. Lo que más me impresiona es ver que pasaron cosas tan horribles y la sociedad no reaccionó.

Cuando decimos que Colombia se ha mantenido en modo de guerra, nos referimos a que el país se enganchó a una especie de guerra civil. La entrada del narcotráfico contribuyó a que la guerra se volviera loca y se llegara a las cosas más espantosas.

Proponen la creación de un Ministerio de Paz, ¿para qué?

La Comisión surge del acuerdo de La Habana para que podamos garantizar que si hay verdad, puede haber paz. Pero para eso hay que tomarse en serio la paz, aplicar los acuerdos y el resto de recomendaciones complementarias. Eso requiere que cuando cada semana el presidente se sienta con su Gabinete de ministros para conversar sobre los problemas de país, junto al ministro de Salud, el de Hacienda, el de Defensa… haya un ministro de la Paz que esté insistiendo en ello. Hasta ahora, la persona responsable de la paz ha sido un consejero, que tiene mucho menor rango y no tiene presupuesto propio.

El entonces presidente Iván Duque no acudió a la presentación del Informe Final el 28 de junio. ¿Cómo valora esta ausencia?

Él nunca se sintió cómodo con la Comisión; nos respetó, pero no nos tenía confianza. Duque pertenece a un grupo que siempre ha mirado a la Comisión como un ente que va a decir cosas que no les conviene ni a su grupo ni a otros que tienen muchas dificultades en aceptar la verdad y miedo de lo que venga de la verdad. No nos ha sido fácil dialogar con Duque. Tampoco quiero pensar que ellos son los malos y nosotros los buenos, sino que la polarización es muy grande. Al día siguiente de la presentación en Bogotá, nos citó en Casa Nariño. Había puesto la cita para cinco días después, pero hubo mucha presión en el país. Ni él hizo mención a su ausencia en el evento ni nosotros tampoco. Conversamos en buenos términos, no era el momento para otra cosa. En su toma de posesión, el 7 de agosto, Gustavo Petro dijo que iba a cumplir a rajatabla las recomendaciones. Esta afirmación cambió completamente el horizonte, fue como pasar de la noche al amanecer. Nos encontramos con un mundo que nunca pensamos que pudiera ser tan favorable.

La Comisión concluye que los «falsos positivos» fueron una política de Estado. Usted, sin embargo, en el capítulo de aclaraciones difiere de esta afirmación. Esta postura suya ha generado cierta controversia. ¿Cómo la ha vivido?

La afirmación que hace la Comisión por mayoría de los comisionados es que fue una política de Estado. En el capítulo de las aclaraciones, yo he manifestado que tengo dificultades para catalogarlos como política de Estado. Es evidente que son una inmensa responsabilidad del Estado, y es quizás el crimen de guerra por el cual es más responsable. Cerca de 5.000 hombres del Estado, de una u otra forma, participaron en este espantoso crimen de lesa humanidad. Los mataron, fingieron combates que nunca existieron, los vistieron de guerrilleros para presentarlos como terroristas dados de baja en combate. La responsabilidad del Estado fue máxima, pero la expresión de que eso respondió a una política de Estado me causa un dilema moral, porque si lees con detenimiento las normas en que ellos se basan para hacer eso, difícilmente se puede decir que son normas en las que se manda a matar a personas inocentes. Se pide al Ejército que salga de los cuarteles, que entre y mate en combate. ¿Se pueden considerar, por ejemplo, la impunidad y la corrupción como una política de Estado? Es una discusión en cuanto a términos que me genera este dilema.

Petro se ha fijado como prioridad la paz completa. La Comisión habla de la paz grande.

Uno diría que para el presidente Petro la paz completa sería la paz con el ELN, con las disidencias de las FARC, con la nueva Marquetalia y con los narcotraficantes que están en los grupos armados. Nosotros aspiramos todo eso, pero además pensamos que tiene que haber paz entre los colombianos y que hay una sociedad metida en la guerra. Para nosotros, la paz no es solamente la dejación de armas, sino la transformación cultural, ética y estructural del país.