«El recurso interpuesto por Google ha sido esencialmente desestimado», ha comunicado este miércoles el Tribunal General de la Unión Europea, que, al mismo tiempo, considera «apropiado» reducir el importe de la sanción a 4.125 millones de euros para adecuarse mejor a la gravedad y la duración de la infracción.

En el año 2018, la Comisión Europea impuso al gigante estadounidense de Internet una multa inicial de 4.343 millones de euros por considerar que, con el objetivo de afianzar su posición dominante, aplicó restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos que utilizan su sistema operativo Android.

Al tratarse de una sentencia dictada en primera instancia, está sujeta a apelación en el plazo de dos meses ante el Tribunal de Justicia de la UE, del que depende el Tribunal General.

«Estamos decepcionados porque el tribunal no anule la decisión en su totalidad. Android ha creado más ventajas para todos (…) y apoya a miles de empresas en Europa y en todo el mundo», ha indicado Google en un comunicado tras conocer la resolución del TGUE.

Obligar a instalar Chrome es ilegal

En concreto, Bruselas acusa a Google de haber obligado a los fabricantes de teléfonos y tabletas que utilizan su sistema operativo a preinstalar su motor de búsqueda y su navegador Chrome para eliminar competidores. El sistema Android se utiliza en aproximadamente el 80% de los dispositivos móviles del mundo.

«El tribunal confirma en gran medida la decisión de la Comisión según la cual Google impuso restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos móviles y a los operadores de redes móviles, con el fin de consolidar la posición dominante de su motor de búsqueda», precisa la Corte con sede en Luxemburgo en su nota de prensa.

El grupo de Mountain View (California) considera infundada esa acusación, por lo que había acudido a la Justicia de la UE para reclamar la anulación de la multa, la más alta decidida nunca por la autoridad de competencia de Bruselas, que sigue siéndolo incluso tras la rebaja propuesta por el TGUE.

Además, considera que la UE ha ignorado equivocadamente la actuación de su competidor Apple, que favorece sus propios servicios en sus iPhone, como el navegador Safari. «La Comisión ha hecho la vista gorda ante la dinámica competitiva real de este sector, el que opone a Apple y Android», subrayó el abogado de Google durante una audiencia el año pasado.

Google enfatizó que la descarga de aplicaciones de la competencia estaba a solo un clic de distancia y que, por tanto, los clientes no tenían la obligación de usar sus productos en Android.

Tres contenciosos abiertos en Europa

Aunque no fuera recurrida, la decisión de este miércoles no cerrará la disputa que comenzó en 2015 con la apertura de un procedimiento contra Google por parte de la Comisión Europea a instancia de varias denuncias de competidores.

El caso Android es uno de los tres grandes contenciosos abiertos por Bruselas contra este gigante digital, cuyas prácticas también se han puesto en entredicho en Estados Unidos y Asia.

En 2017, la Comisión le impuso una multa de 2.400 millones de euros por prácticas anticompetitivas en el mercado de comparadores de precios. Esta multa fue confirmada en enero por el Tribunal de la UE y Google anunció que recurriría el fallo.

En 2019, el Ejecutivo comunitario también le reclamó 1.500 millones de euros por infracciones de competencia atribuidas a AdSense, su gestor de publicidad online.

La nueva Ley de Mercados Digitales

En el otro lado de la balanza de los conflictos con los gigantes informáticos, la Justicia europea anuló en junio de este año una multa de casi 1.000 millones de euros contra el fabricante de equipos de telefonía móvil Qualcomm, después de haber anulado en enero una sanción de 1.060 millones contra el fabricante de chips Intel Electronics.

Frustrada por los interminables litigios contra estas grandes corporaciones, la UE ha ideado una nueva legislación para frenar los abusos de posición dominante por parte de las compañías de Silicon Valley.

La Ley de Mercados Digitales (DMA por sus siglas en inglés), que entrará en vigor en 2023, impondrá una serie de obligaciones y prohibiciones a grupos como Google, Apple, Meta (Facebook) y Amazon. Su objetivo es poder actuar antes de que el comportamiento abusivo haya destruido la competencia.