El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el ultraderechista Juan García-Gallardo, ha anunciado la licitación de un estudio de viabilidad para analizar la posibilidad de reabrir la central nuclear de Garoña, que dejó de producir electricidad en diciembre de 2012 y se encuentra a día de hoy en fase de desmantelamiento.

El cargo de Vox quiere instalar dos nuevos reactores en la vetusta planta, que, a su juicio, podría estár en funcionamiento de nuevo en 2030 si se cuenta con la «suficiente voluntad política».

Así lo ha indicado en una visita a la central, donde ha echado mano de la crisis energética vigente para justificar esta polémica licitación.

«Es cierto que no es fácil, que la construcción no será inmediata y requerirá todos los estudios medioambiantales, técnicos, económicos, de impacto social, pero también es cierto que tenemos que pensar no en los siguientes meses o en las siguientes semanas, sino en las próximas generaciones», ha señalado.

La posición de la Junta contrasta con la de Nuclenor, empresa propietaria de la central, que el martes indicó que no contempla reabrir Garoña, aludiendo a «los muy elevados costes y los plazos requeridos».

Por su parte, el secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, cree que si la Junta encarga un estudio de viabilidad sobre la reapertura de la central se produciría un «desfalco». «Es un desfalco usar dinero de todos los castellanos y leoneses para algo que no es competencia de la Junta de Castilla y León», ha manifestado. «Están mintiendo a la gente», ha asegurado Luis Tudanca, quien ha incidido en que «es imposible» abrir la central «que por cierto cerró el Partido Popular y que firmó un ministro del señor Rajoy».

Frías: «Una nueva Garoña es el sueño de los necios»

Alberto Frías, que fue presidente de Lurra y portavoz de Araba sin Garoña hasta su disolución tras el cierre de la central nuclear, se ha hecho eco de este anuncio en un comunicado titulado ‘Una nueva Garoña, el sueño de los necios’. Concluye con esta afirmación rotunda: «El generalísimo Francisco Franco Bahamonde, como caudillo de España, procedió a la inauguración de la central nuclear de Santa María de Garoña en septiembre de 1971. El mismo mes de septiembre pero 51 años más tarde, hay al parecer quien pretende emular tan inolvidable efemérides. Pero ni está comprobada ontológicamente la resurrección de los muertos, ni la tecnología nuclear de los años sesenta va a paliar el desastre del mercado energético».

«Ante el anuncio por parte del vicepresidente de la Junta de Castilla y León de la licitación de un estudio de viabilidad encaminado a reabrir la central nuclear de Garoña, nos vemos en la tesitura de hacer una serie de consideraciones que creíamos innecesarias ante lo extemporáneo, excéntrico y execrable de la intención del partido Vox de resucitar la amenaza de Garoña», indica Frías.

«Cuando hasta la propia Nuclenor, todavía titular de la central, afirma que es inviable la reapertura por motivos técnicos (desconexiones y desmontajes) y de viabilidad (elevados costes y plazos), ¿quién va a hacerse cargo de la presunta “reapertura”? ¿La Junta de Castilla y León, el gobierno del reino de España? ¿Acaso Vox apuesta por la nacionalización de la producción eléctrica?», se pregunta.

«Y decimos presunta, porque en ningún caso se podría hablar de “reapertura” de una central en fase de desmantelamiento, y no sólo porque hace 5 años el BOE del 3 de agosto de 2017 recogiese la declaración de cese definitivo, sino porque el cese real de actividad con la parada del reactor se llevó a cabo en 2012, hace ya 10 años. Por tanto estaríamos hablando de la construcción de una nueva central nuclear sobre los despojos de la antigua» constata Frías.

«Plantearse ahora la construcción de una nueva central nuclear en la misma ubicación de la que se está desmantelando supondría, entre otros muchos condicionantes, incumplir el Plan Hidrológico que prohíbe la construcción de nuevas centrales en las cabeceras o partes altas de los ríos. Supondría pasar por alto el estrés hídrico derivado de la crisis climática, que afecta tanto al caudal como a la temperatura de las aguas del Ebro. Motivo este que ha provocado el cierre de buena parte de las centrales nucleares francesas ante la imposibilidad de su refrigeración», expone este comunicado.

Añade que «en lo relativo a la seguridad, el edificio de Garoña es deudor del sistema de contención Mark 1, el mismo que el de Fukushima, desaconsejado por la Comisión de Energía Atónica de EEUUU, ya que tendrían un 90 % más de riesgo a la explosión. Desde el punto de vista económico habría que sumar aspectos como la internalización de los costos, los estrictamente ambientales y los derivados de la gestión de los residuos. Es inaceptable que la rentabilidad de una nueva central nuclear pretenda continuar con la externalización de estos costos que se pagan del bolsillo común vía presupuestos a través de Enresa, e incoherente en un partido que hace bandera de la bajada de impuestos».

Frías expone junto a todo ello que «es cuando menos sorprendente, y quizá revelador, que un vicepresidente de un gobierno presidido por el PP se permita estas veleidades atómico-populistas, tras las declaraciones de Javier Maroto (a la sazón senador designado por las Cortes de Castilla y León, además de portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado), tras el cierre de Garoña el 1 de agosto de 2017: ‘Han sido muchos años trabajando por el cierre de Garoña. Quienes hemos luchado por ello celebramos hoy haberlo conseguido definitivamente’. Sólo le faltó añadir ‘esta es mi lucha’».

EH Bildu pedirá a Madrid que «zanje el debate»

EH Bildu reclamará el próximo martes al Gobierno español que «zanje el debate de una vez por todas y rechace la reapertura de la central nuclear de Garoña». Lo hará por boca de la senadora Idurre Bideguren, en la sesión de control del Senado, realizará una pregunta a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La senadora soberanista le instará a que «cierre la puerta al gas y a la energía nuclear y que aborde sin dilación un proceso de descarbonización que impulse la energía renovable».

«Observamos mucho ruido e intentos de reabrir debates cerrados hace tiempo. Urge poner medidas sobre la mesa consensuadas y acordados entre los agentes sociales y políticos que permitan dar pasos en el impulso a la energía renovable, siempre, desde el control público y la preservación del medio ambiente», ha señalado Bideguren en un comunicado.