La Comisión Europea (CE) ha propuesto este domingo suspender el desembolso de fondos europeos por valor de 7.500 millones de euros a Hungría por sus continuas violaciones a los principios del Estado de derecho, especialmente en materia de lucha contra la corrupción y fraude en los procedimientos de contratación pública.

En concreto, Bruselas pide «suspender el desembolso del 65 % de los compromisos de tres programas operativos de la Política de Cohesión por un importe estimado de 7.500 millones de euros, lo que supone más de un tercio de la dotación de cohesión de Hungría».

Bruselas ha decidido dar este paso a la espera de que el Gobierno húngaro de Viktor Orban implemente las reformas prometidas para resolver las deficiencias que detectaron las autoridades comunitarias y que supusieron la activación del expediente.

El comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn, ha explicado que «las medidas correctoras propuestas podrían, en principio, resolver los problemas descritos en la notificación si se especifican correctamente en las leyes pertinentes y se aplican en consecuencia».

Sin embargo, ha alertado de que «aún quedan por determinar y evaluar importantes detalles» por lo que la Comisión entiende que «sigue habiendo un riesgo para el presupuesto».

Contratación, conflictos de intereses y corrupción

Hahn ha recordado que este caso comenzó cuando la CE notificó a Budapest en abril su preocupación por las infracciones de los principios del Estado de Derecho, que podían suponer un riesgo para el buen uso del presupuesto comunitario.

Se refirió en concreto a irregularidades sistemáticas y deficiencias en la contratación pública, insuficiencias en el tratamiento de los conflictos de intereses en el ámbito público, carencias en el seguimiento efectivo de las investigaciones y actuaciones judiciales en casos relacionados con fondos y deficiencias en la lucha contra la corrupción.

En julio, la Comisión informó a Hungría de que propondría medidas al resto de países de la UE para proteger el presupuesto comunitario, a no ser que desarrollara medidas correctoras adecuadas para solucionar el problema, y a partir de ahí Budapest se comprometió a adoptar 17 iniciativas.

«Con estas medidas, Hungría ha asumido compromisos importantes y públicos en la dirección correcta», ha celebró Hahn, a pesar de que el compromiso «sea tardío», pero ha advertido de que «lo que cuenta son los resultados».

Dos meses de plazo para aplicar medidas

La congelación de los fondos tiene que ser ahora aprobada en el plazo de un mes por el resto de Estados miembros por mayoría cualificada, lo que supone que Polonia –el gran socio de Hungría en estos asuntos y cuyo Estado de Derecho también está en cuestión– no tiene capacidad de veto.

Sin embargo, este plazo puede extenderse otros dos meses, ya que «la hoja de ruta que hemos acordado con los húngaros para cumplir realmente con estos 17 elementos clave necesita cierto tiempo», según Kahn.

Budapest se ha comprometido a informar plenamente a la Comisión sobre la aplicación de las medidas correctoras antes del 19 de noviembre, según fuentes comunitarias.

La ministra de Justicia húngara, Judit Varga, se ha mostrado optimista al asegurar que ya se han alcanzado ciertos logros en las negociaciones en curso.

«Avanzamos en buena dirección. Seguimos el trabajo. En muchos aspectos hemos logrado resultados positivos», ha afirmado Varga.

Pero la Comisión podría, si Hungría no cumple con lo pactado, ampliar el porcentaje de fondos que permanecerían suspendidos.

Más fondos en riesgo

Además, la deriva autoritaria de Orban mantiene congelada la aprobación del plan húngaro de recuperación pospandemia, por el que el país podría recibir unos 5.800 millones de euros.

Aunque no existe un vínculo formal entre ambos, la Comisión Europea ve difícil la aprobación del plan de Hungría si el país tiene abierto un expediente de suspensión de fondos por vulnerar el Estado de derecho.

En este sentido, el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, advirtió recientemente de que el reglamento del fondo de recuperación estipula que los planes deben estar aprobados formalmente antes de que acabe 2022, por lo que los recursos asignados a Hungría podrían perderse.

Hungría es uno de los mayores beneficiarios de los fondos regionales de la Unión Europea, con más de 22.500 millones de euros asignados en virtud de la Política de Cohesión hasta 2027.

«Un régimen híbrido de autocracia electoral»

La Comisión Europea activó a finales de abril el mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto de los principios del Estado de derecho, que fue acordado en las negociaciones del presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, y que no había sido utilizado antes.

Hungría y Polonia llegaron incluso a bloquear aquellas negociaciones por su oposición a dicho mecanismo y recurrieron ante la Justicia europea, pero más tarde el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) avaló el mecanismo.

La decisión de la Comisión se ha producido en la misma semana en la que el Parlamento Europeo advirtió de que Hungría es ya «un régimen híbrido de autocracia electoral» en el que se celebran elecciones pero no se respetan los estándares democráticos, al tiempo que acusó a los Estados miembros de inacción por no avanzar en el Consejo con el procedimiento para sancionar a los socios que ponen en riesgo grave el Estado de Derecho.