El 7 de julio, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia multó con 203,6 millones de euros a seis grandes constructoras por alterar durante más de 25 años el proceso competitivo en las licitaciones de construcción de infraestructuras. Estas seis más una séptima, que ya fue objeto de acciones en 2014, se reunían desde 1992, en lo que llamaban el «G7», para repartirse los contratos.

Este denominado «G7» ha copado los contratos de 15 de los 17 tramos del ramal guipuzcoano de la «Y vasca». Si la CNMC ha demostrado que durante 25 años estas constructoras (Acciona, Dragados, Ferrovial, OHL, Sacyr, FCC y Corsán-Corviam) se han repartido ilegalmente obras por todo el Estado, y algunas de ellas en la CAV, cabría pensar que el  el TAV no tiene por qué ser una isla virgen.

Sin embargo, el Ejecutivo de Lakua, que fue el contratante, no piensa revisar estas licitaciones. El parlamentario de EH Bildu Unai Fernández de Betoño planteó al consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte, Iñaki Arriola, si «tiene intención el Gobierno de revisar las contratos para la construcción del ramal guipuzcoano de la ‘Y vasca’». Su respuesta, enviada por escrito al Parlamento, es un «no», tan escueto como rotundo y contundente.

Al preguntarle sobre la valoración que hace el Gobierno de la multa impuesta por la CNMC a estas constructoras debido a sus amaños, Iñaki Arriola responde que «desde el máximo respeto a la resolución emitida, los procesos de licitación de la totalidad de contratos de la ‘Y vasca’ se han realizado de acuerdo a la legislación vigente».

Sobre la posibilidad de tomar alguna otra iniciativa en relación con lo ocurrido, Lakua apunta que «las consecuencias finales de dicha resolución, una vez haya alcanzado la firmeza jurídica y administrativa necesaria, serán determinadas por la Administración competente al respecto».

En cuanto a la idea de dejar de contratar a estas constructoras, el consejero Iñaki Arriola responde que «este Departamento seguirá realizando los procesos de licitación y contratación de acuerdo a la normativa vigente, no pudiendo realizar medida alguna que vulnere la misma».

Prohibición de contratar

El expediente del CNMC recoge la prohibición de contratar de estas empresas con el Sector Público por «falseamiento de la competencia». Pero esta decisión no es automática, sino que deja en manos de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado el fijar su duración y alcance.

Este proceso suele alargarse, por lo que EH Bildu registró una proposición no de ley para que el Gobierno, si bien no puede imponer la prohibición de contratar, «ponga en vigor cláusulas o medios para hacer frente a estos abusos».

Este punto llegará en las próximas semanas al debate parlamentario, además de la exigencia de que el Gobierno, en colaboración con la Autoridad Vasca de la Competencia, estudie el alcance de ese frauden en la CAV, dentro de sus competencias y funciones.

 La inacción, una constante en la doctrina gubernamental

No hacer nada y mirar para otro lado, alegando que «aquí no ha pasado nada», se ha convertido en la doctrina del Gobierno de Lakua cuando empresas que contratan con él son descubiertas cometiendo ilegalidades y multadas por la CNMC, o incluso cuando son objeto de intervenciones de la Guardia Civil, como ocurrió en 2014 con una operación en la que detuvo a nueve altos cargos de Adif y de la empresa Isolux Corsán-Corviam, por alterar al alza precios de tramos del AVE en Barcelona. Corsán, que gestiona el tramo Tolosa-Hernialde de la ‘Y vasca’, sobornaba a directivos de la empresa pública.

Más adelante, en mayo de 2021, la CNMC multó a varias consultoras por manipular licitaciones públicas en la CAV incluyendo las de varias consejerías del Ejecutivo de Lakua e incluso de Lehendakaritza. Pero la respuesta del consejero de Economía, Pedro Azpiazu, fue que no ve que «el Gobierno deba adoptar medida alguna» en esta materia pese a que afecta a contratos con casi toda la escala institucional vasca.