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Un cuarto acusado por abusar sexualmente de menores tutelados en Araba se reconoce culpable

Otro de los imputados por mantener relaciones sexuales con menores tutelados de la Diputación de Araba ha reconocido los hechos y ha mostrado su arrepentimiento en la segunda sesión del juicio este miércoles.

La primera sesión del juicio, el pasado lunes, en la que declararon los acusados.
La primera sesión del juicio, el pasado lunes, en la que declararon los acusados. (Jaizki FONTANEDA | FOKU)

Un cuarto acusado por el caso de abusos y corrupción de menores tutelados por la Diputación Foral de Araba ha alcanzado un acuerdo con las acusaciones y se ha reconocido culpable de los delitos que se le imputan, por los que se le impondrá una condena de en torno a cinco años y medio de prisión.

El acuerdo con este acusado, psicólogo de profesión, se produce después de que en la primera jornada del juicio por estos hechos, otros tres imputados pactaran con las acusaciones una reducción de sus penas a cambio de reconocer su culpabilidad. El próximo lunes se concretará su condena.

De esta forma, ya son cuatro de los diez acusados los que han asumido su responsabilidad a través de acuerdos con las acusaciones. En el caso de este psicólogo, se ha reconocido culpable de dos delitos de corrupción de menores y de un delito de abuso sexual a un menor.

Después de la declaración de este acusado han empezado las testificales de las víctimas, hoy en día mayores de edad, a puerta cerrada. Este jueves continuarán las declaraciones de los menores que cuando ocurrieron los hechos estaban tutelados por la Diputación, también a puerta cerrada. El viernes testificará la Ertzaintza y el próximo lunes terminará el juicio con las periciales.

Según fuentes de las acusaciones citadas por Efe y Europa Press, el menor que ha prestado declaración en esta segunda sesión, que en el momento de los hechos tenía 14 años, ha reconocido los contactos que mantuvo con los seis acusados que siguen en el juicio. En su declaración ha asegurado ante el tribunal que ninguno de ellos le pidió que se declarase mayor de edad ni tuvo la más mínima intención de comprobar su edad y si esta no se correspondía con los 18 años que decía que tenía. «A alguno (de los acusados) sí que le llegó a decir que tenía menos de edad y a pesar de todo siguió con él», han indicado las citadas fuentes, que han señalado que incluso el joven ha ratificado que era muy difícil entender que fuera mayor de edad.

También han declarado como testigos varios ertzainas, que han afirmado que, en el caso concreto de este joven, su mero aspecto físico y su forma de hablar evidenciaban que se trataba de un menor.

Las acusaciones han renunciado a tomar declaración a otros menores, dado que sus testimonios se referían a acusados que ya han reconocido los hechos. En la sesión de este jueves, que también será a puerta cerrada, declararán otros seis menores víctimas de corrupción y abusos sexuales.

Responsabilidad de la Diputación

José Miguel Fernández, abogado de la Asociación Clara Campoamor, que ejerce como acusación popular, ha dejado abierta la puerta a plantear alguna actuación respecto a la Diputación Foral de Araba, pese a que en el auto de apertura de juicio oral no se imputa responsabilidad alguna a esta institución por lo ocurrido a los menores que tutelaba.

«Veremos el resultado de las pruebas, pero es evidente que si todos los padres son responsables subsidiarios de lo que hacen sus hijos, en este caso la Diputación, que es la tutora, debería ser responsable subsidiario de lo que han hecho sus tutelados, los menores», ha indicado.

Fernández también se ha referido a la petición planteada por las defensas para la anulación de las fotografías de los menores como prueba. Estas imágenes han sido empleadas por las acusaciones en la primera sesión del juicio, celebrada este pasado lunes, para acreditar que el mero aspecto físico de estos jóvenes evidenciaba que se trataba de menores de edad.

En todo caso, Fernández ha subrayado que se trata de imágenes «totalmente autorizadas, con unos autos y resoluciones totalmente motivadas», por lo que cree «muy difícil» que puedan ser anuladas como pruebas.

Por otra parte, respecto a la situación en la que se encontraba el centro Sansoheta, actualmente clausurado, ha afirmado que «da la impresión» de que, al igual que otros servicios sociales, podía estar «desbordado».