La Audiencia Nacional intervino tras el 1-O el teléfono de una cuarentena de independentistas del entorno de la CUP, la ANC y el Consell de la República que lidera Carles Puigdemont, ante la sospecha de que preparaban actos «subversivos».

Según consta en las diligencias, a las que ha tenido acceso Efe, las intervenciones telefónicas se empezaron a acordar en diciembre de 2017 en el marco de una investigación iniciada por la Guardia Civil sobre la actividades de los CDR que, en septiembre de 2019, derivó en la detención de varias personas que se estaban organizando en Catalunya para dar una respuesta a la sentencia del procés.

Durante esos dos años, a petición de la Guardia Civil el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón autorizó intervenciones telefónicas, así como la instalación de dispositivos de seguimiento y otros métodos de control remoto de ordenadores y micrófonos, a decenas de independentistas vinculados a los CDR, la CUP, el Consell per la República y la ANC, sin que posteriormente se les procesara por ningún delito.

La investigación que dio pie a las intervenciones telefónicas se inició a raíz de un acto de sabotaje en la vía del tren con motivo de la huelga general del 8 de noviembre de 2017 contra el encarcelamiento de los políticos catalanes.

La Guardia Civil advertía en sus informes remitidos a la Audiencia Nacional de la presencia de «grupúsculos de personas muy radicales» dentro de los CDR, dispuestos a llevar a cabo acciones «sin importar las terribles consecuencias que de ellas pudieran derivarse".

Inicialmente, las escuchas se centraron en dos activistas vinculados al sabotaje en el tren, pero posteriormente se ampliaron a miembros del grupo que la Guardia Civil denomina «CNI Cat», entre los que figuran algunos mossos d'esquadra, bomberos y guardias urbanos, además de informáticos y otros activistas vinculados a la ANC.

La relación entre las actividades del citado «CNI catalán» y el Consell de la República, espacio liderado por Carles Puigdemont, dio pie a que se monitorizara a miembros del entorno del expresident catalán en Waterloo.

Alerta Solidària

Además, la Audiencia Nacional intervino las conversaciones telefónicas, a propuesta en este caso de la Policía Nacional, al actual diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer, que entonces era portavoz del colectivo Alerta Solidaria y su principal responsable de difusión de campañas antirrepresivas.

En concreto, la Policía Nacional apunta a varias conversaciones que Pellicer mantuvo en septiembre de 2018 y de las que concluye que era visto como un referente de las garantías que la izquierda independentista brinda a sus militantes a la hora de llevar a cabo «operaciones de resistencia antifascista».

En un comunicado, Alerta Solidària ha denunciado que las investigaciones e intervenciones telefónicas suponen «graves intromisiones en la esfera de los derechos fundamentales».

Según Alerta Solidaria, las intervenciones se llevaron a cabo mediante el sistema SITEL del Ministerio de Interior, que a su parecer «no tiene nada que envidiar al conocido malware Pegasus», y son «responsabilidad del PSOE».

«El cambio de Gobierno ha representado un edulcorante, un lavado de la cara de la represión pero a la práctica esta ha seguido, con la misma dureza pero ampliando sin freno al número de personas afectadas», ha destacado.