Durante nada menos que tres horas han estado reunidos este lunes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), para analizar la crisis estallada en el poder judicial español con la dimisión del presidente de su consejo (CGPJ, Carlos Lesmes. Esta renuncia, larvada hace tiempo, ha vuelto a poner en primera plana una evidencia de décadas, que es la politización de la Justicia en el Estado español, y que en esta ocasión se manifiesta en forma de bloqueo al negarse el PP hace ya cuatro años a renovar unos órganos que le son muy favorables.

En el conflicto aparecen por tanto dos cuestiones entrecruzadas: una de forma, que es ese bloqueo en la preceptiva renovación, y otra de fondo, relativa a un sistema en que las dos fuerzas mayoritarias españolas mantienen el control de los nombramientos de la dirigencia judicial y lo usan a su antojo. Los veinte vocales del CGPJ son elegidos por las Cortes españolas, por mayorías de tres quintos. Lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional: cuatro miembros los escoge el Congreso, cuatro el Senado, dos el Gobierno y dos el CGPJ.

Todo este debate se desarrolla bajo la mirada de las instituciones europeas, aunque hay que matizar que su interés está más en la cuestión de forma que en la de fondo. Después de que la visita hace dos semanas del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, no se tradujera en ningún acercamiento, la Comisión Europea ha dicho este lunes que la dimisión de Lesmes «reafirma una vez más la urgencia» de encontrar una solución a este déficit español.

En este punto, no está de más recordar que según el Eurobarómetro basado en percepciones ciudadanas solo cinco países de la UE tienen peor valoración de independencia judicial que el Estado español (Hungría, Eslovaquia, Polonia, Bulgaria e Italia). En el informe del World Economic Forum, basado en factores más objetivos, España aparece a nivel planetario en el número 58 del ranking, tras Arabia Saudí, Azerbaiyán o Botswana.

«Ahora va en serio»

Pese a su duración, la cumbre de Moncloa entre los dos grandes líderes de PSOE y PP, primera que realizan tras el nombramiento de Feijóo –lo que da señal de la importancia del asunto–, no ha ofrecido novedades tangibles, solo buenas palabras. Así, el presidente del PP ha dicho en Twitter a la salida que «hemos avanzado para abordar la renovación conjunta de CGPJ y TC con un nuevo marco que profundice en criterios de independencia. Creo que este paso se podía haber dado mucho antes, y confío en que también será posible una reforma legal como pide la UE y lleva pidiendo meses el PP».

Por parte del Ejecutivo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también presente en la reunión, ha expuesto que «se ha acordado dar un último intento a la negociación» y «ahora va en serio» y de modo «inmediato».

En una maniobra que intenta prolongar su control actual de la Judicatura, el PP está planteando potenciar la opción de que los jueces elijan sus cargos de dirección, mientras que el Gobierno (o más bien el PSOE como miembro mayoritario y único que se ha sentado con el PP) prefiere seguir con el actual sistema, basado en mayorías parlamentarias cualificadas.

Así las cosas, parece probable que esta vez sí se acabe cerrando algún acuerdo entre PSOE y PP pero suena muy improbable un cambio radical en el sistema que conlleve una despolitización efectiva.

Podemos y PNV

Otras fuerzas políticas también se han posicionado sobre el tema. Desde la parte minoritaria del Ejecutivo español, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha instado a «corregir ya la anomalía de este bloque antidemocrático. La Administración de Justicia es fundamental para nuestro país».

Más clara ha sido la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, para quien el PP está dando «un golpe blando a la democracia» y el CGPJ debe renovarse «sin concesiones ni condiciones». También ha reclamado que el PSOE dé participación a Podemos en esta negociación con el PP.

Desde el PNV, su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, ha considerado «lamentable, inaceptable e impresentable» el bloqueo de los órganos judiciales y ha opinado que con la renuncia de Lesmes todo sigue «como estaba: hecho un desastre». Ha incidido, como hace también Unidas Podemos, en que en realidad todo el CGPJ debería haber renunciado «hace mucho tiempo», sin perpetuar esta interinidad.

Esteban ha culpado al «choque de intereses entre actores políticos y judiciales» y ha añadido que «el PNV no quiere saber nada de esto» porque «éste no es el concepto de Justicia en el que nos movemos».