La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, anunció ayer tarde en el Parlamento su decisión y esta mañana se ha puesto en marcha el procedimiento de leva forzosa de personal.

Se trata de una figura de uso excepcional y que, según diversos expertos, además de dar lugar a controversia judicial puede no ser del todo efectiva, si se quiere obtener un resultado a corto.

Efectivamente, la movilización de personal indispensable se ha activado esta mañana en la refinería del grupo ExxonMobil en Port-Jérôme-Gravenchon (Normandía).

En unos casos gendarmes y en otros agentes judiciales han recibido la orden de, en base a una lista de personal, empezar a notificar en su domicilio a los trabajadores la orden de acudir a trabajar la factoría. En un día han llegado a entregar la orden a solo cuatro empleados de Exxon, según el balance ofrecido por AFP a las 18.30.

La ley contempla sanciones de seis meses de cárcel y hasta diez mil euros para los empleados que se nieguen a seguir la orden que se incluye no en un artículo ordinario sino en el el Código de Defensa, ya que se reserva a situaciones de amenaza extrema para la población.

Desde el ámbito sindical se advierte de que «es más eficaz emplazar a una empresa con beneficios millonarios a alcanzar un acuerdo salarial», ya que existen formas de sortear la leva forzosa, bien poniendo obstáculos a la notificación bien mediante bajas o ausencias justificadas.

Los gabinetes legales de los sindicatos no excluyen otras medidas contra una movilización de personal que estiman abusiva.

Los huelguistas más madrugadores que los gendarmes

De momento, pese al paso al frente del ejecutivo galo, los sindicatos CGT y FO han optado por seguir con el movimiento de huelga en todas las plantas.

Eso implica que la carencia de carburante que afecta a una de cada tres estaciones de servicio hexagonales va a seguir acusándose este 12 de octubre.

Los huelguistas de las refinerías francesas han madrugado hoy más que los gendarmes, ya que antes de que se lanzara la leva de personal en Port-Jérôme-Gravenchon han decidido prolongar la huelga en todas las plantas de TotalEnergies y en el grupo Esso-ExxonMobil en Normandía, informa "Le Monde".

En la propia planta de Port-Jérôme-Gravenchon una cincuentena de operarios han votado por dar continuidad a la huelga. Lo han hecho a pie de barricada, a mano alzada.

23 días de paro y una inacción preocupante

«Estais en la diana, porque el Gobierno quiere obligaros a trabajar, pero vamos a luchar junto a vosotros contra esa decisión que pone en cuestión el derecho a la huelga», les ha arengado Christophe Aubert, delegado sindical de CGT en Esso-ExxonMobil, felicitándoles por su esfuerzo al arrancar el día 23 de huelga.

Un movimiento de protesta que ahora acapara las tertulias televisivas y enciende los debates políticos pero que hasta que se ha traducido en problemas de abastecimiento, no ya en el norte hexagonal sino en la capital, no ha parecido importar a nadie.

No ha llevado a mover ficha a la empresa TotalEnergies, que ha informado de beneficios millonarios que darán lugar al abono de un dividendo especial a los accionistas mientras solo acepta un 3,5% de subida en los sueldos de sus trabajadores –la inflación se fijó en el 5,6% en septiembre–, ni al Gobierno que ha recurrido ahora, ya con la soga al cuello, a un mecanismo que puede acarrearle, como ya ocurriera en 2011, una condena de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Entonces fue el Gobierno del presidente conservador Nicolas Sarkozy el recriminado por no respetar el legítimo derecho a la huelga.

Así las cosas las espadas siguen en alto mientras los tanques de las gasolineras se vacían. Seis de las siete refinerías francesas están hoy en huelga, pese al preacuerdo suscrito por dos de los cuatro sindicatos representados en el caso de la plantilla de Esso-ExxonMobil.

Se trata de las cuatro de TotalEnergies y de las dos de Esso-ExxonMobil, ya que solo la de Lavéra, perteneciente al grupo Petroineos sigue trabajando con normalidad.

Las carencias de carburante que se derivan de la huelga son más acusadas en el norte y en el extrarradio parisino, pero el martes paró la gasolinera de TotalEnergies en Bidarte (A63, dirección Baiona), al optar su decena de trabajadores por una jornada de protesta en solidaridad con la huelga en favor de subidas salariales.

Menos prestaciones para los desempleados

La crisis de las refinerías eleva la tensión social en una semana cargada de debates trascendentales.

Se ha abierto el «proceso de concertación» sobre la reforma de pensiones, del que hoy se ausentarán los delegados de la CGT en protesta por la situación en las refinerías. Y anoche la Asamblea Nacional adoptó en primera lectura la nueva normativa referente a la ayuda a desempleados.

La derecha de Les Républicains (LR) se prestó a completar los votos que le faltaban al macronismo, que vio aprobada provisionalmente una norma que prolonga en lo esencial la restrictiva reforma de 2019, que lleva la firma de la entonces ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, pero que además incorpora el principio de modular los derechos a la coyuntura económica, limitando o extendiendo las prestaciones en función de las demandas del mercado de trabajo.

Dificultará el cobro de prestaciones en caso de rechazo a ofertas de empleo de sectores con carencia de trabajadores, como hostelería y sector sociosanitario, y habilitará fórmulas para que los mayores de 55 años compatibilicen el cobro de la prestación con un empleo.

La derecha quiere que en la norma figure que los asalariados que dimitan de un puesto de trabajo no puedan acordar con la empresa una modalidad de despido acordada que facilite al trabajador el cobro del desempleo.

La norma debe pasar por el Senado, con mayoría de derecha, antes de ser aprobada definitivamente por la Asamblea Nacional.