Desde la Red de Torturados de Nafarroa subrayan la importancia de ofrecer espacios «seguros» para que las personas que han sufrido tormento físico o psicológico a manos de las FSE puedan ubicar lo vivido, dimensionarlo adecuadamente y encargarse del cuidado mutuo. Por ello, el pasado sábado organizaron un pionero taller con la colaboración de varios expertos dirigido a las personas supervivientes de esta práctica organizada y sistematizada.

Personas detenidas y torturadas en las décadas de los 80 y 90 compartieron diálogo con generaciones más jóvenes en este taller paritario que Roxika Iriarte, miembro de la Red, califica como «un primer paso». «Desde que pusimos en marcha la Red, un auzolan en definitiva, para identificar el número de casos de tortura que ha habido en Nafarroa, encontramos enormes resistencias por parte de mucha gente a la hora de ponernos frente al espejo y reconocer lo vivido; se identifican bloqueos emocionales», asegura.

Fue entonces cuando crearon un grupo de «cuidados» que cuenta con la ayuda de psicólogos especializados en este tipo de terapias. Maitane Arnoso, doctora en Ciencia Política y profesora e investigadora del Departamento de Psicología Social de la UPV/EHU, fue, junto a las psicólogas Olatz Barrenetxea y Jeannette Ruiz, una de las expertas que coordinó el taller, ideado para estimular la reflexión sobre las posibilidades de reparación, explica. Y añade que, por otro lado, «hemos querido estimular la reflexión sobre cómo puede exigirse una reparación oficial, pero también sobre cómo puede ser deseable pensar en estrategias autogestionadas de reparación».

Arnoso cree asimismo que es «fundamental» compartir con los y las demás la experiencia de la tortura, sobre todo  todo debido a que una buena parte de la estrategia de esta práctica, del mecanismo empleado, estaba dirigido a «generar culpas individuales que machacan al individuo y en parte son responsables del silencio posterior». Cuando se comparte lo ocurrido, y se va comprendiendo colectivamente la estrategia de la tortura, «pueden desencadenarse procesos muy liberadores», afirma, a pesar de que «es obvio que existe el derecho al silencio, a no contar».

Primera fase

Existe una condena del TEDH por «trato inhumano» y cuatro condenas por no investigar. Ha habido personas torturadas de unas 80 localidades de Nafarroa entre los años 1961 y 2012. Ante esta situación, la puesta en marcha de una investigación fue una de las demandas crecientes por parte de la la Red de Personas Torturadas desde su fundación, y fue en junio cuando el Gobierno de Nafarroa activó un estudio oficial sobre la tortura para suplir un vacío evidente desde que en 2017 el Instituto Vasco de Criminología (ICAV) diagnosticara lo ocurrido en la CAV, recogiendo más de 4.000 casos. La Red estima que en Nafarroa fueron más de mil a lo largo de estas seis últimas décadas en las que la tortura ha estado presente en todos los territorios de Hego Euskal Herria sin distinción alguna.

En noviembre, la investigación que también lidera la ICAV presentará los resultados de la primera fase, en la que se ha iniciado el peritaje y han sido entrevistadas varias personas que no se sometieron al Protocolo de Estambul. «Son entrevistas personalizadas en las que conectas emocionalmente y puedes hacer ‘crack’; muchos dicen que nunca han contado lo que vivieron de esta manera y eso supone abrir un melón, por lo que los cuidados son muy importantes», sugiere Iriarte a fin de explicar la puesta en marcha del taller. 

La ruptura que provoca la tortura se suele vivir como algo muy íntimo, y puede costar compartirlo, de aquí que en un principio pueda existir cierta dificultad para lograr que muchas víctimas concurran al proceso de ser reconocidas. «Cuando una milita en oposición al Estado, y aunque sepa que la tortura no es legal, sabe que el Estado no va a ser benevolente si le cogen y eso ha llevado a mucha gente a normalizarlo y no denunciarlo», señala Arnoso. Pero además, «acudir a dejar tu testimonio a un espacio más o menos institucional, que sabes que en el fondo te sigue señalando cuando menos como opositor político, tampoco debe ser sencillo», detalla.

El IVAC es «otra cosa», señala, pero matiza que «el deje institucional debe operar como resistencia». Con todo, destaca que el equipo es «meticuloso y fino», y espera que «pueda trabajar sin que se le pongan límites en lo que puede y no puede decirse». «El reconocimiento –y documentar que eso que ha sido sistemáticamente negado ocurrió–, es indispensable», agrega, aunque cree importante que este tipo de trabajos vayan acompañados de una «identificación concreta de los responsables, de los mecanismos que se utilizaron y que hicieron posible que ocurriese, así como de recomendaciones de reparación que interpelen al Estado» español.

Además, la profesora e investigadora de la UPV cree que el Estado debería tener un compromiso con la difusión social. «No se trata sólo de hacer un informe del que se enteren las víctimas: luego hay que socializarlo, difundirlo, trabajar con él en las escuelas, en los barrios» en aras de convertirlo en una herramienta de trabajo comunitario para que realmente «se pueda reflexionar sobre la tortura como estrategia de control social y sensibilizar a la población de que no es una herramienta tolerable en una sociedad democrática».

El Estado español, «en pañales»

Iriarte contempla la investigación como un objetivo pero no como la meta final. «El informe debe ser una palanca para que haya reconocimiento, reparación y garantías de que no se repita lo sucedido», precisa. Pero, también, señala que es esencial para «poner sobre la mesa otros relatos» ante la adulteración los parámetros históricos y políticos del conflicto vasco, y completar «otra foto en la historia de Eukal Herria; no solo de cara al pasado, sino al presente, porque muchas que sufrimos torturas seguimos vivas, otras no, y necesitamos reconocimiento para vivir, porque vivimos con el mantra de la falta de pruebas y de la falta de credibilidad, algo que nos afecta psicológicamente».

A falta de reconocimiento por parte de las instituciones, podría parecer prematuro hablar de reparación, pero Iriarte indica que el proceso «no será lineal», sino contradictorio y enredado, y activar estos mecanismos como el taller pueden ser herramientas útiles ante esos bloqueos por parte de las instituciones.

La justicia transicional ofrece un marco constructivo en todo este ámbito, tanto desde el punto de vista de los DDHH como desde la resolución del conflicto. Implica, entre otras muchas cosas, reconocer el daño causado y la responsabilidad política. Arnoso ha participado en este sentido en el estudio de las violaciones de DDHH en países como Chile y Argentina. «En los países del Cono Sur se han implementado políticas estatales de DDHH de una perspectiva integral: han instaurado comisiones de la verdad, han juzgado a responsables, han acompañado, con programas psicosociales específicos, a los testigos en los juicios, han proporcionado indemnizaciones económicas a las víctimas, han pedido disculpas en nombre del Estado, hay museos, lugares y fechas conmemorativas donde recordar y aprender de lo que pasó, aquí estamos en pañales», opina.

En el Estado español, pero también en Euskal Herria, remarca Arnoso, existen «serias dificultades» para asumir la responsabilidad del Estado en la violencia que ha ejercido. «Lo que se asume es, en parte, la violencia perpetrada durante el franquismo, pero se invisibiliza la perpetrada en los años de democracia, porque los responsables ya no son solo los franquistas sino otros a quienes no se está dispuesto a señalar –por ejemplo, la policía autonómica­», subraya. «Está bien tomar medidas de reparación para las víctimas de ETA, pero el Estado no se hace cargo de las víctimas que él ha generado, que sería lo suyo», expresa.

«Falta más verdad y reconocimiento sincero, falta identificación de responsabilidades, garantías de no repetición, indemnizaciones, disculpas sinceras y un plan de formación extenso en derechos humanos, que incluya también poner en valor la movilización social y la militancia política como herramientas para el cambio social, que valide militar en espacios que cuestionen al Estado (y obviamente no estoy hablando de ETA)», argumenta Arnoso. Y sentencia que «la literatura científica lo que nos señala es que los estados que toman medidas de justicia transicional presentan mejores índices de respeto a los Derechos Humanos en el futuro».