Las siete enmiendas a la totalidad presentadas contra los presupuestos del Gobierno Sánchez han encallado este jueves en el Pleno del Congreso, que las ha rechazar al no sumar mayoría. Las presentaban PP, Vox, Ciudadanos, JxCAT, Foro Asturias, la CUP y los diputados expulsados de UPN. Sabido ya este desenlace, lo más interesante de la sesión han sido las manos tendidas al Ejecutivo de sus socios habituales, instándole a mejorar el proyecto y tomar otro tipo de medidas políticas a cambio de favorecer la aprobación definitiva, cuyo calendario se prevé para finales de noviembre.

Por lo que respecta a las formaciones vascas, desde el PNV la portavoz económica en el Congreso, Idoia Sagastizabal, ha subrayado que su objetivo pasa por desarrollar la «agenda vasca» pactada con el Ejecutivo durante la investidura de 2019. Aquí, Sagastizabal ha detectado «luces y sombras» por parte del Gobierno, siendo las primeras un grado de ejecución presupuestaria «satisfactorio», tras los empujes de las últimas semanas; mientras que en el lado de las sombras se aduce una tendencia «centralista» de la legislatura del Gobierno, en especial en materia fiscal.

Más allá del ámbito fiscal, el grupo jelkide ha criticado la falta de cogobernanza en la gestión de los fondos europeos. Asimismo, Sagastizabal ha incidido en que el PGE de 2023 «no tiene un adecuado reflejo para Euskadi en materia de inversión pública», una palanca que la diputada califica como «clave» para impulsar el crecimiento económico.

Comparte con el Gobierno la importancia de dotar de estabilidad a la instituciones aprobando las cuentas públicas, pero recrimina al Gobierno la falta de agilidad para abordar los retos de esta transformación estructural de la economía, teniendo en cuenta que el Ejecutivo disponía desde 2020 de dos mecanismos extraordinarios: la salvaguarda en materia de estabilidad presupuestaria, con la suspensión de la regla del déficit y los fondos Next Generation.

En representación de EH Bildu, Oskar Matute ha hecho ver a Pedro Sánchez que «no hay alternativa posible de Presupuestos sin la concurrencia de la izquierda independentista catalana, vasca o gallega. Ténganlo presente». Y le ha instado a huir de un «equilibrio imposible» a la hora de adoptar medidas.

«¿De verdad merece la pena contentar a los poderosos a costa de defraudar a las mayorías sociales y trabajadoras?», se ha preguntado, calificando las medidas adoptadas hasta la fecha de «paliativas pero no quirúrgicas» por intentar que «las élites no sientan que se está rascando su margen de beneficios».

Matute ha reconocido que hay «elementos positivos» en las nuevas cuentas, pero ha indicado que distan mucho de los presupuestos que se presupondrían a un Gobierno «tan progresista como dice ser». «No hay que parecer diferente a la derecha. Hay que serlo, para eso les votaron», ha aseverado el diputado vasco.

Así, Matute ha recordado que los futuros impuestos a energéticas y banca ya fueron solicitados «reiteradamente» por su formación, pero también otras medidas que en su momento fueron rechazadas, como la limitación del precio de los alquileres -la actualización está limitada en el plan contra la crisis-, la gratuidad del transporte público, como en Cercanías, o el aumento de las pensiones más bajas. Finalmente se han ido implantando, por lo que ha recalcado que «no era nada imposible».

El socio del Gobierno PSOE-UP con más votos en el Congreso, ERC, ha trasladado su posición mediante su portavoz fiscal, Joan Margall, que ha incidido en su «apuesta por la responsabilidad y ser útiles a la gente» antes de remarcar: «No negociar significa perder».

En su intervención en esta segunda jornada del debate de totalidad, Margall ha defendido que no negociar los presupuestos «no haría caer la Monarquía, ni el Régimen del 78». «Lo único que se conseguiría es prorrogar los anteriores o que el Gobierno intentara aprobarlos con una mayoría más hostil para los intereses de Catalunya».

Con la negociación, ha explicado, ERC tratará de «mejorar las condiciones de la clase trabajadora y media». Y en este camino «seremos ambiciosos y exigentes, como siempre».

No obstante, no ha ocultado que habría «muchas» y «fundamentales» razones para defender una enmienda a la totalidad, contra estos presupuestos, por su «marcado acento militarista», por «no atreverse a ir a las raíces de la desigualdad» y por la falta de medidas «estructurales».

En este sentido, ha afeado la ausencia de regulación de los precios del alquiler, un cambio de modelo del sistema energético, la nueva financiación autonómica, municipal y de los servicios públicos y una «profunda reforma fiscal».

«Cuando la política se convierte en caridad en lugar de redistribución, la izquierda en realidad hace de derecha», ha criticado, echando de menos actuaciones para combatir un «agravio comparativo» fiscal entre las grandes empresas y las pymes, hacer temporales los nuevos impuestos a banca y energéticas y dirigir más recursos y medios a la lucha contra la evasión y elusión del fraude.

La derivada de la sedición

Una de las cuestiones políticas que plantean sobre la segunda fase de la negociación presupuestaria es qué ocurre con el delito de sedición. En un movimiento que abre este melón, durante la sesión la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha anunciado desde la tribuna, en respuesta a ERC, el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar a la Cámara Baja una reforma de varios delitos del Código Penal, incluyendo el de sedición, para homologarlos a los estándares europeos.

Así, ha subrayado que se trata de un compromiso firme del presidente, «y por tanto que traeremos a esta Cámara, que soberanamente tendrá que decidir sobre esta cuestión», ha señalado Montero, sin mencionar expresamente el delito de sedición.

Acusando recibo, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián ha indicado este jueves en los pasillos que su partido aboga por una reforma del delito de sedición para que sea «lo más homologable» al entorno europeo y ha asegurado que sí hay mayoría parlamentaria para aprobarla, aunque desde el Gobierno lo negaran.

«Quien tenga un poco de memoria sabe que nosotros siempre hemos dicho que es una buena noticia democratizar el Código Penal y que sea lo más homologable a lo que sucede en Europa en cuanto al delito se refiere», ha dicho Rufián ante la pregunta de si aceptarían una rebaja de la pena para ese delito.

Acerca de si están negociando ese punto con el Gobierno, ha subrayado que ERC nunca telegrafía sus negociaciones, e incluso ha hecho un llamamiento al PSOE para que «no hable tanto» sobre lo que se negocia.

Por ese motivo, ha preferido no contestar para «no entrar en detalles» a otras preguntas referidas a la prioridad que tenía ERC de que desapareciera el delito del Código Penal (como exigen otras fuerzas catalanas) en vez de una mera rebaja de su pena.