La Comisión Europea ha propuesto este miércoles dar más flexibilidad a los estados para reducir sus niveles de deuda y déficit públicos en función de su situación, pero a cambio sugiere introducir sanciones más automáticas en casos de incumplimiento, aunque estas serían de menor cuantía.

Bruselas ha desvelado un nuevo documento no legislativo que alimentará el debate de los próximos meses sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se considera «demasiado complejo», así como «poco realista» e incluso «dañino para el crecimiento».

«Si se mira cómo ha funcionado el marco de gobernanza fiscal en las últimas décadas, hay que arreglar varias cosas», ha reconocido en una rueda de prensa el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, quien ha recordado que la deuda es «demasiado alta» en algunos países, los periodos de bonanza no se utilizaron para crear colchones fiscales y «casi todos se han saltado las normas en algún momento».

La propuesta mantiene la meta de reducir la deuda por debajo del 60 % del PIB y que el déficit sea inferior al 3 %, pero elimina la regla que obliga a los socios a reducir cada año un veinteavo del exceso de deuda en favor de una senda específica diseñada por cada Gobierno en función de su situación fiscal.

El nuevo indicador clave para determinar el ajuste fiscal y evaluar si los Estados cumplen será una «senda de gasto neto», que se traducirá en topes al gasto público en los presupuestos anuales, con lo que Bruselas busca «simplificar» las normas.

Los países tendrán que presentar «planes fiscales a medio plazo», para un periodo de cuatro años, que garanticen que la deuda entra en una trayectoria descendente y el déficit se mantiene por debajo del 3 % del PIB.

Los Gobiernos podrán recibir hasta tres años adicionales para acometer el ajuste previsto cuando propongan reformas e inversiones que impulsen el crecimiento o la sosteniblidad fiscal o ayuden a cumplir las recomendaciones de Bruselas.

Los planes tendrán que ser aprobados tanto por la Comisión Europea - que propondrá una senda de ajuste de referencia para los estados con deuda alta o moderada - como por el resto de socios de la Unión Europea y plasmarse en los presupuestos nacionales.

«En última instancia, lo que importa para la sostentabilidad de la deuda es que los Estados miembros reduzcan sus ratios de deuda pública de forma realista, gradual y sostenida», ha afirmado en la presentación de la propuesta el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

Sanciones más automáticas

A cambio de esta mayor flexibilidad en la reducción de la deuda, que venían reclamando socios como los estados español y francés e Italia, el Ejecutivo comunitario propone ampliar el arsenal de sanciones si algún país se desvía de la senda de gasto pactada.

En un gesto de acercamiento a socios como Alemania, Países Bajos o Austria, que los últimos años han criticado la ausencia de multas para los países más endeudados, el documento de Bruselas sugiere que las nuevas sanciones sean más automáticas en casos de incumplimiento.

Esto reduciría la discrecionalidad de las autoridades comunitarias para adoptar sanciones, pero las multas serían de menor cuantía y se centrarán más en el efecto que tendrían sobre la reputación de los Estados miembros castigados.

Frente a las multas del 0,2 % del PIB que contempla el marco fiscal actual, el nuevo enfoque prevé sanciones de decenas de millones de euros, similares a las que Bruselas propone en los expedientes de infracción contra países. «La posibilidad de imponer sanciones financieras se mantendrá y se hará más creíble bajando las cantidades», ha explicado Gentiloni.

Por otro lado, el nuevo marco fiscal incluye también la posibilidad de activar una cláusula general de escape que suspenda la aplicación de las reglas -como sucedió en la pandemia y tras la guerra rusa en Ucrania- y añade la posibilidad de que dicha suspensión se aplique únicamente a un país o grupo de países que sufran una crisis específica.

En contra, queda fuera la posibilidad de introducir una «regla de oro» que excluya del cálculo del déficit las inversiones en prioridades como las transiciones verde o digital o defensa, una opción que los Veintisiete han abordado estos meses atrás pero sobre la que «no ha surgido un consenso», recuerda Bruselas.