El lehendakari del Gobierno de Lakua, Iñigo Urkullu, ha destacado que «cada progresión de grado solicitada está avalada desde el punto de vista penitenciario y profesional, puesto que toda solicitud cuenta con el aval de la Junta de Tratamiento, que ha realizado previamente unos informes individualizados, rigurosos y profesionales».

Urkullu ha respondido de esta manera en el pleno de control del Parlamento de Gasteiz al portavoz de PP-Ciudadanos, Carlos Iturgaiz sobre la revocación de terceros grados por parte de la Audiencia Nacional española.

En este sentido, ha añadido que el Gobierno de Lakua ha concedido 500 progresiones a tercer grado, de lo que solo el 5% afectan a presos políticos cuando son el 8% de los que están en las cárceles de Martutene, Basauri y Zaballa.

«Nuestras decisiones son individualizadas, con criterios técnicos y siempre bien fundamentadas jurídicamente; pero la Audiencia Nacional tiene la última palabra, tal y como establece el ordenamiento jurídico», ha manifestado.

En cualquier caso, Urkullu ha destacado que en este asunto cumplirán lo que ordene la Audiencia Nacional, ya que «desde el respeto institucional, son las instancias judiciales competentes».

Ha afirmado que un año después de haber asumido las competencias penitenciarias recogidas en el Estatuto, el Gobierno de Lakua apuesta por «seguir gestionando el modelo penitenciario con el mismo rigor jurídico y profesional», así como con «la misma orientación que favorezca la reinserción de las personas presas». Todo ello –según ha afirmado– «aplicando siempre los mismos criterios para todas las personas presas».

Iturgaiz ha reclamado «dimisiones por las responsabilidades políticas» ante lo que considera «un fiasco».