El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, los sindicatos y organizaciones sociales que conforman la Carta Social de Euskal Herria, junto con otros colectivos y sindicatos, confluirán en las movilizaciones que se desarrollarán el 19 de noviembre en Bilbo, Donostia, Gasteiz e Iruñea para reclamar sueldos, pensiones y servicios públicos dignos y el reparto de la riqueza ante el empobrecimiento.

«Mostramos nuestro más rotundo rechazo a que la alternativa de los poderes públicos a la actual crisis sistémica sea promover que unas pocas personas acumulen cada vez más riqueza a costa de empobrecer a la clase trabajadora, reducir los servicios públicos, condenar al trabajo invisible y no reconocido de cuidados a los mujeres y destruir los ecosistemas y la biodiversidad del planeta», denuncian.

Junto a ello, destacan que además de la pérdida de poder adquisitivo de salarios y pensiones, cuyo perjuicio recae sobre todo sobre las mujeres, sufren un ataque frontal a derechos básicos como un previo de vivienda y alquiler desorbitados, el deterioro de los servicios públicos y una crisis climática.

Además, califican de «inaceptable» que mientras trabajadores, trabajadoras, pensionistas y personas perceptoras de prestaciones sociales sufren recorte de derechos y ataque a salarios, pensiones y servicios, las empresas del IBEX 35 obtengan récord de beneficios.

Por ello, reclaman un reparto equitativo de la riqueza, la recuperación del poder adquisitivo de pensiones y salarios y su revalorización en función como mínimo del IPC real; acabar con la brecha de género en salarios y pensiones; garantizar y mejorar servicios públicos universales; garantizar las condiciones materiales de vida en ámbitos como la vivienda, la energía, la alimentación y los derechos sociales; apostar por la paz «ante una escalada bélica de terribles consecuencias» y preservar los recursos naturales y la vida.

De este modo, reivindican un salario mínimo de 1.400 euros para Euskal Herria, unas pensiones mínimas de 1.080 euros, acabar con la brecha de género en salarios y pensiones, una red pública de servicios sociosanitarios de atención y cuidados y la inmediata paralización de los recortes que se dan en la RGI y en la RG.

«Exigimos a los gobiernos de la CAV y Navarra que dejen de mirar a otra parte y hagan lo que tengan que hacer para garantizar servicios públicos, pensiones y salarios dignos que permita a todas las personas, hombres y mujeres, personas migradas o racializadas, jóvenes o mayores, a acceder a unas condiciones de vida digna de ser vivida. Es el momento de un cambio de rumbo radical del sistema y por ende de las políticas públicas que se aplican en estos momentos», añaden.