Lakua publicó este lunes en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) la convocatoria de una bolsa de agentes internos de Policía Local. Las bases establecen una serie de requisitos, entre los que figuran tener nacionalidad española; medir como mínimo 1,65 metros en el caso de los hombres y 1,60 en el de las mujeres; estar en posición del título de Bachillerato o equivalente; ser titular del permiso de conducción clase B, para turismos; o «prestar el compromiso mediante declaración de la persona solicitante de portar armas y en su caso utilizarlas».

Entre los requisitos no se recoge mención alguna al euskara, que sí figura en el «concurso de méritos». Y no figura ninguna mención porque el pasado mes de septiembre el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Gasteiz aceptó un recurso interpuesto por el sindicato UGT y eliminó la necesidad de acreditar un perfil de euskara B2 para poder acceder un puesto de servicio público.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu anunció su intención de apelar ante una instancia superior, pero tres días después del Tribunal Supremo dejó clara su posición, desestimando un fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que suspendió los perfiles lingüísticos que se fijaron para doce puestos de trabajo en la Policía Local de Irun.

Así, finalmente se ha publicado en el BOPV una convocatoria que, en opinión de ELA, «puede acarrear que en algunos ayuntamientos haya policías locales trabajando sin ningún conocimiento de euskera», lo que «supone una grave vulneración de los derechos lingüísticos de los trabajadores y trabajadoras, así como de ciudadanos y ciudadanas».

El sindicato, que ha cargado contra el Ejecutivo autonómico por publicar una convocatoria que «condiciona tanto a los derechos lingüísticos de hoy y del futuro», ha hecho una petición directa a los ayuntamientos, «ya que están en sus manos anular esta vulneración con la siguiente decisión: tienen que optar por dejar de lado la apuesta de la OPE y la bolsa de trabajo conjunta, porque vulnera derechos lingüísticos, perpetúa la temporalidad, y apuesta por un modelo policial concreto».

«Cada ayuntamiento tiene que realizar su propia OPE y su bolsa de trabajo. Así, tanto el perfil lingüístico como todo el proceso de selección de plazas se decidirá en cada institución», ha manifestado ELA en un comunicado, en el que ha advertido de que seguirá «luchando para que se dé este objetivo».