Eneko Goia, alcalde de Donostia, ha convocado esta mañana una rueda de prensa extraordinaria tras llegar a un acuerdo con el Ministerio español de Defensa sobre el futuro de los cuarteles de Loiola y ha anunciado que se ha fijado un precio de compraventa de 73,3 millones de euros. La operación se firmará en los próximos meses.

El acuerdo afecta a un terreno de 17 hectáreas y media donde se encuentran los cuarteles a los que se le han incorporado seis hectáreas de parcelas de titularidad de Defensa en el monte Ulia que serán adquiridas por el Ayuntamiento.

«Es un gran esfuerzo para este Ayuntamiento», ha reconocido Goia, que ha comparecido junto a la concejala de Urbanismo Sostenible, Nekane Arzallus,. «Pero merece la pena y es una inversión. Nuestra previsión es que en el momento que haya que firmar las escrituras, cuando haya que abonar unos 65 millones de euros, confiamos en que la liquidación del año 2022 nos pueda dar un resultado positivo que podamos aplicar a esta operación, y después habrá que realizar una operación de endeudamiento a largo plazo», ha remarcado.

Según ha señalado, está previsto que en el lugar en el que se encuentra el cuartel se construyan entre 1.500 y 1.700 viviendas en función de la modificación del Plan General, un proyecto en el que «ya se está trabajando».

Goia ha detallado que, además de los dos edificios de los cuarteles (Infanta Mª Teresa y Princesa Mercedes), ambos frente al río, también se mantendrá la residencia militar y un edificio de viviendas en alquiler que gestiona el Ministerio, que también está incluido en la operación, pero será el último en adquirir para que el Gobierno español pueda gestionar las reubicaciones.. El proyecto lo completan la elevación de la cota en dos metros y medio para evitar su inundabilidad, un parque fluvial, dos puentes y una pasarela peatonal para acceder a la estación del Topo.

El Ayuntamiento donostiarra prevé que «a finales de este año o principios de 2023» los trámites estén realizados y se pueda firmar el acuerdo. Seis meses después se firmarán las escrituras y pasarán a manos del Ayuntamiento. A partir de ese momento los militares pasarán cuatro años , tiempo estimado «para que se reorganicen».

«Una reclamación histórica»

Con la firma del acuerdo se abonarán cinco millones de euros, otros 65 al firmar las escrituras y los últimos tres, los respectivos a las 80 viviendas gestionadas por Defensa, que se encuentran en la subida de Uba, al final de la operación «porque hay que organizar el realojo de esas personas».

Goia ha destacado que se trata de «una reclamación histórica» de Donostia. «Siempre se ha tenido la voluntad y el deseo de que el lugar de los cuarteles de Loiola se le ofrezcan a la ciudad», por lo que lo ha definido como «uno de esos momentos especiales en la historia de una ciudad, que marcan un paso adelante».

El alcalde donostiarra ha destacado que el acuerdo «comenzó a fraguarse en las negociaciones para apoyar los presupuestos del Estado de 2020 entre el PNV y el PSOE». Un proceso de negociación con varias prórrogas y también obstaculizado por el recurso presentado por Vox, estimado parcialmente por el TSJPV, que ordenó la inclusión de los dos cuarteles que ahora serán destinados a equipamientos como edificos protegidos e impidió su demolición. El Consistorio ha recurrido esta sentencia. Goia ha apuntado que todavía desconoce el uso concreto que darán a estos dos edificos.

Por otra parte, cuestionado por la reubicación de los cuarteles, Goia ha apuntado que eso «corresponde al Minsiterio de Defensa» y que «ha quedado desvinculado de la negociación y el acuerdo actual». Cabe recordar que ya en los primeros pasos de la negociación Defensa subrayó que la presencia de las Fuerzas Armadas en Donostia «no es negociable» pese a ese acuerdo y que la permanencia del Ejército de Tierra en la capital guipuzcoana «está garantizada».

Elkarrekin Donostia pide mayor número de vivienda protegida

Elkarrekin Donostia ha valorado «positivamente» el acuerdo, pero ha recordado que «en una ciudad con el déficit habitacional que padece Donostia es clave la promoción de la nueva vivienda» que se va a generar. La portavoz de la formación, Aitzole Araneta, ha subrayado que «el precio de 73,4 millones de euros se ha negociado en previsión de que el Ayuntamiento recupere vendiendo las viviendas ese dinero que va a desembolsar».

En ese aspecto, ha remarcado la importancia sobre cómo se hace la promoción de vivienda: en ese 60% de vivienda libre y 40% de vivienda de protección pública. «Se trata de un porcentaje que consideramos sigue aferrándose al mínimo legal y no a la demanda de vivienda pública que hay en esta ciudad. Si se promocionan viviendas tasadas con precios sobre los 400000€ como hemos visto recientemente en Altza, los precios de la vivienda en la ciudad no van a bajar. Por tanto, la vivienda protegida que se promocione en Loiola ha de ser sostenible y de alquiler, y que no esté todo centrado en la rentabilidad de la operación».

EH Bildu: «Vivienda pública»

Por su parte, EH Bildu ha calificado la compra de los terrenos como «una buena noticia» y ha recordado que es «una reivindicación mantenida a lo largo de los años por gran parte de la ciudadanía y de representantes políticos». En su opinión, los terrenos deben ser utilizados ahora «en beneficio del interés general, es decir, para la construcción de viviendas y equipamientos sociales».

Por ello, ha anunciado que en el proceso de planificación de la parcela apostará por la vivienda pública y ha hecho un llamamiento al resto de partidos a que «hagan lo propio».

La formación independentista también señala que «entre las cuestiones que quedan por aclarar» el Ayuntamiento de Donostia y el Gobierno español «deben informar sobre la nueva ubicación de los militares», por lo que en los próximos días registrará en el Congreso una petición de información al respecto.