Lohizune Amatria, la presentadora del evento, lo ha deslizado en la introducción. El informe del Instituto Vasco de Criminología ha analizado un millar de testimonios que apuntan hacia 800 víctimas de maltratos policiales en Nafarroa desde 1960 a la actualidad. Este informe, hermano del realizado en la CAV hace ya seis años y que apuntaba hacia 4.000 víctimas, se reactivó una vez cayó judicialmente el recurso del PP contra la ley que lo amparaba.
La Red de Torturados de Navarra ha celebrado esta tarde una charla con ponentes internacionales para tratar sobre el fenómeno en el Colegio de Médicos, a la que han acudido, entre otros, la consejera de Relaciones Ciudadanas (Ana Ollo) y el director de Paz y Convivencia (Martín Zabalza), así como el presidente del Parlamento (Unai Hualde) y representantes de EH Bildu (Bakartxo Ruiz y Julen Arzuaga) y Sortu (Haimar Altuna).
Entre los ponentes, Jorge del Cura (fundador de la Asociación contra la Tortura estatal) ,quien ha denunciado que los sindicatos policiales funcionan como un «lobby» para protegerse unos a otros. Y ha cuestionado la justificación de la tortura en medios de comunicación, así como en películas y series.
Del Cura ha puesto algunos datos sobre la mesa. La Coordinadora de Prevención y Denuncia de la Tortura, entre 2004 y 2017, reportó 9.085 casos en el Estado, de los que en la CAV se registraron más de 800 y en Nafarroa 374. La gran mayoría no llegaron siquiera a instruirse.
Por su parte, Olivier Peter, abogado suizo que ha llevado asuntos como el que consiguió la condena al Estado por las torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola, ha subrayado que en Euskal Herria ha habido generaciones que «han nacido, vivido y muerto con la práctica generalizada de la tortura».
Asimismo, ha recordado que otros países han asumido esta práctica sistémica del maltrato por parte del el Estado español y que ha sido, precisamente, este reconocimiento el que ha impedido que se tramitaran peticiones de extradición realizadas desde Madrid.
Peter, además, ha cuestionado el mecanismo perverso de incomunicación, no investigación e indultos que ha seguido el Estado español para dotar de una completa impunidad a los torturadores.
También ha recordado que las torturas han servido para sostener las condenas del propio condenado y de terceros.
Helena Solà, de la Organización Mundial Contra la Tortura, ha apuntado que la tortura existe en todo el mundo «a pesar de los intentos por silenciarla, ocultarla y minimizarla». Ha pedido, además, protección para las víctimas para favorecer que se atrevan a denunciar y así se logre combatir esta lacra.
«Es importante subrayar que existe una prohibición absoluta de la tortura, incluso en contexto de guerra, pero a pesar de ello se da de forma generalizada», ha afirmado Solà.
El argentino Santiago Bereciartua, abogado y defensor de los derechos humanos, ha insistido a su vez en que existen herramientas en el Derecho Internacional que deben ser aplicadas.
Bereciartua ha dado un mensaje de esperanza al recordar que en su país los activistas se encontraron con problemas muy similares a los que plantea hoy el Estado español y que supieron resolverlos. Pero, por otro lado, ha alertado de que en todo el mundo se escuchan cada vez más discursos legitimadores del uso de la tortura.