La Asamblea Nacional francesa ha celebrado esta tarde una sesión de la que ha salido aprobado, sin voto, el Proyecto de Presupuestos, con lo que se ha cerrado un periodo de sesiones otoñal que ha estado marcado por la decisión de la primera ministra de suplir la falta de mayoría no ya con acuerdos sino con el uso del «decretazo».

Recriminando a izquierda y derecha, y hasta desairando en algunas ocasiones a sus socios centristas, Élisabeth Borne ha recurrido, de manera compulsiva, el artículo 49.3.

Sin embargo, esa actitud expeditiva no le ha acarreado mayores problemas, al margen de una leve bajada de popularidad que, por suerte para ella, comparte casi a partes iguales con Emmanuel Macron, y que bien podría atribuise a factores ajenos al bullicio del legislativo, como la inflación y la amenaza anergética.

Antes de que Borne sacara adelante hoy sus Cuentas, la Asamblea ha tumbado una última moción de censura a cargo de la izquierda, otro ritual que ha marcado este inusualmente agitado periodo de sesiones.

El texto ha recibido 101 votos de los 288 necesarios para salir aprobada, con lo que ha decaído la censura.

En dos meses, el Gobierno francés ha pulsado así en hasta diez ocasiones el artículo 49.3 de la Constitución, a fin de sacar adelante, ahorrándose el voto parlamentario, tanto el Presupuesto del Estado como las Cuentas de la Seguridad Social.

Una cadencia que, recuerda AFP, no se había producido desde el otoño de 1989, con un primer ministro, Michel Rocard, privado como ahora Élisabeth Borne de mayoría absoluta en el Palacio Bourbon.

Mientras la oposición acusa al Gobierno de «devaluar la democracia», la mayoría presidencial se escuda en «la falta de voluntad de la oposición para acordar».

Normalizando un instrumento que siempre se ha sido visto como excepcional en la vida del legislativo, el relator del texto presupuestario, Jean-René Cazeneuve (Renaissance), se ha permitido hasta banalizar con la idea de que «en los mercados nadie me habla del 49.3».

Entre las medidas-estrella del texto presupuestario, la previsión de prolongar el tope del 15% en la subida del precio de la energía, el aumento de los sueldos de los profesores o el refuerzo del presupuesto de ministerios como Interior y Defensa.

Nada de tasar los superbeneficios

En un año de subida de precios los llamamientos a tasar los superbeneficios de empresas que han disparado sus resultados, caso del grupo petrolero Total ou del armador CMA CGM, han marcado el debate presupuestario, pero no han alterado el proyecto inicial, ya que Borne se ha mantenido firme a la hora de no exigir que contribuyan más los que más han ganado cifras millonarias con la crisis.

En saco roto han caido los llamamientos hechos desde la bancada de la coalición de izquierda Nupes y hasta por la ultraderecha de Marine Le Pen, que en esta materia se ha desmarcado, buscando un perfil más popular.

El Ejecutivo cree que ya hace bastante con aplicar la trasposición del acuerdo europeo al respecto, en base a dos mecanismos: «una contribución temporal de solidaridad» de los productores y distribuidores de gas, carbón y petróleo, que implícaría hacer entrar 200 millones en las arcas públicas francesas, y una limitación de los beneficios a los productores de electricidad, susceptible de aportar 11.000 millones suplementarios.

Esa posición inamovible ha generado tensión entre el macronismo y los centristas de François Bayrou (MoDem) que presentaron una moción destinada a aumentar la imposición fiscal a los «superdividendos» de los accionistas de grandes empresas, que recibió un amplio apoyo de la oposición parlamentaria.

La primera ministra cerró las puertas a cualquier compromiso al respecto, mientras que se permitía introducir una enmienda de última hora en el Presupuesto que contempla que, sin embargo, los trabajadores paguen más por la formación, lo que ha calentado más si cabe el enfado con el socio centrista y la oposición.

Un malestar que no preludia un ambiente más calmado a la vuelta de vacaciones del legislativo, máxime cuando el Gobierno anuncia para el 10 de enero la presentación del controvertido proyecto de reforma del sistema de pensiones que, a falta de conocer todos los detalles, plantearía elevar progresivamente la edad de referencia para la jubilación, pasando  de los 62 años actuales a los 64-65 en el horizonte de 2030.