Los magistrados del Tribunal Constitucional español han entendido que el avance de la tramitación parlamentaria de la reforma judicial causa un daño de difícil reparación a los derechos de los legisladores del PP, que invocaban el artículo 23 de la Constitución, donde se recoge el derecho a la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes.

Es la primera vez, en sus más de 40 años de historia, que el Tribunal Constitucional ordena suspender de forma urgente un debate parlamentario en las Cortes Generales, por lo que se trata de una decisión inédita.

El TC da este paso después de que dichas enmiendas fueran aprobadas en el Congreso de los Diputados el pasado jueves en el marco de la proposición de ley para derogar el delito de sedición.

Aunque dichas enmiendas ya habían superado el trámite parlamentario en la Cámara Baja aún quedaba el Senado, donde estaba previsto que quedaran igualmente aprobadas el próximo jueves.

Más de 9 horas de debate

Los once magistrados han iniciado su cónclave interno a las 10.00 horas, pero las decisiones de calado no han llegado hasta las 19.30, cuando han acordado admitir a trámite el recurso del PP; aceptar también la personación solicitada por Unidas Podemos (UP) y PSOE; y rechazar las recusaciones lanzadas por los partidos de Gobierno contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez.

Las fuentes jurídicas detallan que el recurso del PP se ha admitido por 6 votos –los de la mayoría «conservadora»– frente a 5 –los de la minoría «progresista»–; mismo resultado con el que se ha resuelto que no era el momento procesal oportuno para abordar las recusaciones formuladas por Unidas Podemos y PSOE.

UP argumentaba que González-Trevijano y Narváez debían apartarse al considerar que tienen «interés directo» en paralizar esta reforma porque serían reemplazados por los candidatos nominados por el Gobierno –el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez– si sale adelante la modificación planteada.

El Pleno del TC ya se reunió con carácter urgente el pasado jueves, pero entonces González-Trevijano accedió a aplazarlo a este lunes después de que los cinco magistrados progresistas amenazaran con irse, si no se les daba más tiempo estudiar un asunto de gran «complejidad» y «relevancia» que habían conocido apenas 24 horas antes. De haberse marchado, habrían impedido el quorum de al menos 8 magistrados que se exige para que el Pleno quede constituido.

Renovación del TC

El problema de fondo es que el TC aguarda desde el pasado 12 de junio a que se renueven los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga reemplazar a Gobierno y CGPJ: González-Trevijano y Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, designados entonces por el órgano de gobierno de los jueces.

Las dudas jurídicas sobre la posibilidad de que los dos candidatos de Moncloa pudieran tomar posesión sin esperar a los dos del CGPJ llevaron a impulsar y aprobar el pasado julio en el Parlamento una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al Consejo su poder para nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías.

Las negociaciones en el seno del CGPJ encallaron el pasado 2 de diciembre por el veto tácito del bloque «conservador» al candidato de sus homólogos «progresistas», el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés, y la negativa de estos últimos a volver a engordar su listado de aspirantes (que llegó a contar con nueve).

Pleno del CGPJ

Precisamente, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha fracasado este martes en su intento de nombrar a los dos magistrados para el TC al no conseguir la mayoría para ninguno de los tres candidatos propuestos debido a que el bloque «conservador» ha insistido en imponer sus dos nombres.

Fuentes jurídicas han informado a Efe del resultado de las votaciones. Los magistrados del Supremo César Tolosa y Pablo Lucas han obtenido 10 votos, todos de los vocales «conservadores» que les habían propuesto; y su compañero en el alto tribunal José Manuel Bandrés, los siete de los «progresistas».

Ninguno ha alcanzado el mínimo de 11 votos para resultar elegido.

Sánchez y Feijóo

El presidente español, Pedro Sánchez, ha criticado una «decisión sin precedentes» en el ámbito europeo. «Por primera vez se impide que los representantes legítimos democráticamente elegidos por los españoles con su voto que realicen su función de representación, de debate y de legislación», ha apuntado a mediodía de este martes.

Pedro Sánchez ha criticado una «decisión sin precedentes» en el ámbito europeo

Y ha culpado de lo ocurrido al PP, que «decidió incumplir con el mandato constitucional», y «bloqueó la renovación del gobierno de los jueces, el CGPJ, y del Tribunal Constitucional». «Un bloqueo cuyo único propósito es mantener una composición anterior y más favorable para su orientación», ha añadido.

«El PP ha arrojado destinos pretextos y excusas, y refleja su propósito de retener por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas. Ello ha dado lugar a una situación que se ha ido agravando hasta desembocar en la decisión adoptada ayer por el TC», ha señalado Sánchez, que acata el fallo, aunque no lo comparte.

Más allá de la reacción de Sánchez, el PSOE ha anunciado la tarde del martes que tiene intención de registrar esta semana en el Congreso una proposición de ley que incluya el espíritu de las dos enmiendas que ha suspendido el TC.

Fuentes parlamentarias citadas por las agencias Efe y Europa Press han desvelado que esta proposición de ley se hará mediante la tramitación urgente y para ello ya han hablado con varios grupos que han censurado la decisión del Constitucional para que se sumen a la iniciativa.

Poco después del presidente del Ejecutivo español ha comparecido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha sostenido el pulso e invitado a que no se vote el jueves la reforma de los delitos de malversación y sedición, una parte de la reforma que en principio no pone en cuestión el TC y se mantiene en el calendario del Senado.

«Le pido al presidente que renuncie a reformar el Código Penal sin todos los informes preceptivos; y le ofrezco que lo haga cumpliendo lo que prometió a los ciudadanos: que tipifique el delito de referéndum ilegal, mantenga la sedición y renuncie a controlar a los jueces a toda velocidad (...) La otra salida es convocar elecciones», ha dicho Feijóo.

Respuesta del Senado y del Congreso

Antes, el lunes noche, en una declaración institucional, el presidente del Senado, Ander Gil, ha afirmado que la Cámara Alta acatará y cumplirá la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de suspender de forma urgente la tramitación de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección, advirtiendo de que la suspensión de la tramitación de una ley supone «un grave quebranto» en el sistema democrático «y nos conduce a todos a una crisis institucional del Estado sin precedentes en nuestra democracia».

La Mesa del Senado ha decidido este martes continuar con la tramitación de la proposición de ley que deroga la sedición y rebaja las penas por malversación. Además, el órgano de gobierno de la Cámara Alta ha acordado asimismo en una reunión extraordinaria personarse en el procedimiento abierto en el Tribunal Constitucional a raíz el recurso de amparo interpuesto por el PP contra las reformas judiciales.

El Senado ha decidido continuar con la tramitación de la proposición de ley que deroga la sedición y rebaja las penas por malversación

En el mismo sentido, Mesa del Congreso ha acordado personarse en el procedimiento, abierto a raíz del recurso de amparo interpuesto por el PP. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, también ha afirmado que acata la decisión del Tribunal, un hecho que «carece de precedentes en la historia» parlamentaria constitucional pero ha afirmado que defenderá la autonomía del poder legislativo.

«A la mayor brevedad esperamos ser oídos y presentar en el tribunal nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria», ha dicho en una declaración institucional realizada en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio del Congreso.

Otras reacciones

Entre otras reacciones, este martes la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha comparecido de urgencia para ampliar esta valoración. Ha tildado lo ocurrido de «gravísimo» y «golpe contra le representación legitima y democrática emanada de las urnas»,

«Con esta decisión, la derecha y extrema derecha política, desde el Partido Popular a Vox, se sitúan fuera de los parámetros democráticos, fuera de la democracia, fuera del respeto mínimo a la misma y fuera también del respeto y asunción de los resultados democráticos de unas elecciones. Fuera de la legitimidad democrática se colocan también el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Esta es la situación», ha resumido Aizpurua.

Tras recordar que «el Poder Judicial ya modificó, en repetidas ocasiones, el voto popular y las mayorías parlamentarias en Euskal Herria», y que también condicionó en Catalunya, ha añadido que «ahora estos golpes se dan también en las instituciones españolas. Porque en el fondo subyace la misma cuestión, la derecha de este estado, ni la política, ni la mediática ni la judicial, acepta y reconoce la voluntad ciudadana emanada de las urnas en unas elecciones».

«Son los poderes reaccionarios de este estado defendiéndose a sí mismos. Unos poderes que frente al mínimo atisbo de democratización en este Estado, se revuelven y, ahora sin mascara ni disimulo alguno, defienden sus intereses por encima incluso, de la voluntad popular», ha dicho. Y en consecuencia, Aizpurua ha planteado que «es hora de que se tomen las decisiones de levantar la hipoteca que, para nuestras sociedades, desde la vasca a la sociedad española, supone el Régimen del 78 para los avances en derechos y libertades que la sociedad anhela. Hora de depurar esos aparatos y apostar por la democratización profunda que este estado necesita. Es la hora de, conjuntamente, hacer respetar la mayoría parlamentaria plurinacional. Por ello esperamos que todas las fuerzas democráticas estemos a la altura frente al órdago lanzado por la derecha política, mediática y judicial contra la mayoría social representada en este parlamento».

Aizpurua: «Es hora de levantar la hipoteca que supone el Régimen del 78 y apostar por la democratización profunda»

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha augurado que «parece que arrasará todo» lo que parecía imposible. «Fin de la credibilidad del TC y otros órganos, utilizados para hacer política», ha añadido Esteban, quien también ha señalado que es una «invasión de la soberanía parlamentaria», como en el ‘caso Atutxa’.

Desde Lakua, Bingen Zupiria ha censurado que «un partido político se niega asumir una mayoría parlamentaria y con diferentes decisiones está impidiendo la renovación de órganos institucionales», en clara alusión al PP; y ha alertado de «un escenario de confrontación partidista y política muy duro».  A su juicio, lo ocurrido «puede poner en jaque la credibilidad del Estado español ante sus socios europeos».

Gabriel Rufián (ERC) ha ironizado que el tribunal ha decidido paralizar un pleno del Senado que no le gusta, «dar una Champions más al Real Madrid, hacer Presidente del Congreso a Pepe Reina y calificar los sobresueldos del PP como propina».

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciado que la «derecha españolista secuestra las instituciones», algo que solo podrá superarse con una «agenda valiente progresista» y «una Catalunya que sea definitivamente una república soberana».

Aragonès ha denunciado que la «derecha españolista secuestra las instituciones»

Y el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha considerado «ilegítima» la resolución. Considera que el Senado no debería acatarla y ha llamado a la «unidad de las fuerzas democráticas» ante un «gravísimo golpe blando judicial».