Un juzgado de Donostia ha suspendido el desahucio dejan familia monoparental vulnerable, con tres menores, previsto para este lunes en Lasarte-Oria.

Según ha informado Stop Desahucios Gipuzkoa, «esta familia monoparental con tres hijos a su cargo e ingresos precarios procedentes de la hostelería no ha podido hacer frente al pago de las rentas de alquiler de la vivienda en Lasarte, por lo que el arrendador ha procedido a presentar la demanda de desahucio».

«Debido a su ritmo de trabajo en la hostelería no solicitó asistencia jurídica de oficio, a pesar de que reúne las requisitos, por lo que el desahucio estaba previsto para el lunes 19 de diciembre. Gracias a que el jueves se puso en contacto con Stop Desahucios, pudimos presentar el viernes en el juzgado la solicitud para acogerse a este Real Decreto Ley Antidesahucios junto con la documentación acreditativa de su situación de vulnerabilidad», ha apuntado.

Y ha instado a la Administración a que el citado decreto, que finaliza el 31 de diciembre, «vuelva a ser prorrogado ante el aumento en el Estado y en Euskadi de las demandas por impago de alquiler, debido a la inflación galopante y a que los precios siguen creciendo, porque, de no hacerse, los juzgados se verán obligados a fijar en cadena nuevas fechas de desahucios de todas las demandas suspendidas».

Críticas a Etxebide

Asimismo, ha censurado que Etxebide, «conociendo la fecha del desahucio y su condición de vulnerable, haya respondido que no reúne las draconianas condiciones exigidas a su petición de adjudicación de una vivienda de alquiler social».

«Denunciamos, una vez más el insuficiente parque de viviendas de alquiler social existente en Euskadi, que es la causa por la que, en este caso y en otros, con fechas de desahucio de inscritos como demandantes de una vivienda el alquiler social, Etxebide les contesta que no reúnen los numerosos y exigentes requisitos para la adjudicación de una vivienda social», ha destacado Stop Desahucios.

Además, ha exigido «un tope y control de los precios de alquiler que permita a las familias vulnerables con ingresos precarios poder acceder a un alquiler y poder pagar su renta sin riesgo de ser desahuciados, mediante la aprobación en el Congreso de la arrinconada Ley de Vivienda». No en vano, «una inmensa mayoría de personas que viven de alquiler dedican el 50% y más de sus ingresos al pago de la renta, cuando los organismos internacionales recomiendan que no supere el 35% de los mismos».