Sin ser lingüista, jurista ni estratega militar, la mera aplicación del sentido común y de la lógica nos lleva a concluir que la decisión del lunes a la noche del Tribunal Constitucional es un golpe al Estado. Lo reconoció ayer el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire su reforma penal y tipifique el referéndum ilegal para volver a negociar el CGPJ. Es decir, puso condiciones partidistas para cumplir la Constitución y la Legalidad que tanto dicen defender, mientras todavía tenía el arma humeante en su mano.

Asegura la derecha española, en toda su santísima trinidad de poderes: político, mediático y judicial (el militar está en pausa, el policial no tanto), que lo hecho por el TC no es más que garantizar los derechos de los diputados del Congreso (vale, lo perpetra en el Senado, pero no hay que ser tan tiquismiquis) a petición de un grupo parlamentario. Ahí está la trampa. Porque, en realidad, la historia es otra.

Ese grupo parlamentario, el PP, tiene comprado al árbitro al que recurre (167.169,10 euros, casi el doble que Pedro Sánchez, cobra al año el presidente del TC que hace meses tenía que haber abandonado el cargo, y 141.757,28 el otro okupa que inclinó la decisión final) y secuestrada la renovación del CGPJ y el TC porque no quiere perder el control ilegítimo que mantiene sobre el poder judicial y hasta el Tribunal Supremo. Y los dos magistrados cuyo mandato ha caducado tienen los santos cojones de votar en contra de su propia recusación, en la que, entre otras cosas, se jugaban su suntuoso sueldo.

Así que sí. Se mire como se mire, esto es un golpe al Estado en el que además se entremezclan los intereses partidistas y los crematísticos. Suena bastante cochino, pero repasen la jurisprudencia del TC e igual hasta encuentran cosas peores.