Malas noticias para la poderosa derecha madrileña. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo español ha dado a conocer en la noche del martes la sentencia en la que considera que la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Madrid en 2017 de retirar el nombre de la calle Asensio Cabanillas, por su vinculación franquista, se ajusta a Derecho.
Aquella decisión había sido parte de una política más amplia del gobierno de la exalcaldesa Manuela Carmena (Ahora Madrid), cuando impulsó el cambio de decenas de calles de la capital del Estado que tenían reminiscencias con los golpistas y la etapa fascista. La vía en cuestión tiene el nombre de la poeta Angela Figuera, que sustituyó hace cinco años al del militar Asensio Cabanillas.
Como argumento principal, la sentencia afirma que «la exaltación proscrita por el artículo 15.1 de la Ley 52/2007 es la que producen actos de las Administraciones Públicas que objetivamente realzan, ensalzan, dignifican o suponen un reconocimiento elogioso de cualquiera de los hechos que identifica su inciso final o todos ellos: la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil o la represión de la Dictadura», dejando claro que no es necesario que se produzcan las tres circunstancias mencionadas por la ley, sino una cualquiera de ellas.
Esto significa que si el Ayuntamiento de Madrid, en su etapa gobernada por el PP y Ciudadanos en sociedad con Vox (desde 2019), hubiera recurrido las sentencias iniciales por las cuales seis calles de la ciudad recuperaron sus nombres franquistas, la Justicia finalmente habría avalado los nombres dignos que se aprobaron 2017.
Plataforma Justa Freire: «Esto demuestra el sesgo ideológico del equipo de gobierno, identificándose con la ideología totalitaria del régimen de Franco»
«Esto demuestra el sesgo ideológico del equipo de gobierno presidido por Martínez Almeida y Villacís, identificándose con la ideología totalitaria del régimen de Franco al decidir no recurrir», ha señalado a través de un comunicado la Plataforma Calle Maestra Justa Freire, que reúne a varios colectivos de vecinos y memoria histórica bajo el nombre de la calle más emblemática que fue retractada para devolverle la nomenclatura al general Millán-Astray.
«Con esta sentencia, el actual equipo de gobierno municipal ya no puede alegar que cumple con la justicia, y se confirma que se queda fuera de la legalidad, como se vio claramente al votar el pasado 25 de octubre contra los dictados de la nueva Ley de Memoria Democrática que obliga a las administraciones públicas a retirar de la vía pública los elementos que signifiquen exaltación o apología del franquismo», ha recalcado la Plataforma.
¿Quién era Cabanillas?
El nombre que no volverá a ser calle es el de Cabanillas, en el barrio madrileño de Vallehermoso. Se trata de un militar considerado «decisivo» en la sublevación del Ejército de África en 1936, en el avance de los golpistas por Extremadura y finalmente como ministro del Ejército y jefe de la Casa Militar de Franco durante la dictadura.
Cabe recordar que la retirada de nombre no fue recurrida por los descendientes del militar o por algún colectivo de extrema derecha, como ocurrió en otros casos, sino por una empresa particular ubicada en la misma calle y relacionada con el abogado que llevó adelante el pleito, Francisco Zaragoza, mismo letrado que impulsó con éxito que un juzgado madrileño frene cautelarmente las obras necesarias para exhumar a las víctimas del franquismo enterradas en el Valle de Cuelgamuros.
En octubre pasado, los memorialistas agrupados en la Plataforma Maestra Justa Freire habían impulsado públicamente una resolución, a través del PSOE y Más Madrid, para que se llevaran a cabo los cambios del callejero que la Justicia había revertido y Almeida no apeló. En el pleno del consistorio, el PP, Ciudadanos (tercera fuerza en cantidad de concejales) y Vox rechazaron esa oportunidad. La esperanza de los activistas estaba puesta en la formación autoproclamada liberal, que con una abstención podía apoyar el cambio, pero no fue así.
En 2021 el TSJM avaló reponer el nombre de José Millán-Astray, un fallo que sirvió de escudo a la respuesta de las derechas
En 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avaló reponer el nombre de José Millán-Astray, fundador de la Legión y propagandista del falangismo en la guerra del 36, y quitar el de la pedagoga y activista Justa Freire, un fallo que sirvió de escudo defensivo a las respuestas de las derechas para no actuar.
El problema también tiene un origen jurídico: el gobierno progresista de Carmena llevó adelante los cambios en el callejero (un ambicioso plan que planteaba 150 modificaciones de nombres de calles, aunque solo se lograron 53) utilizando como marco legal la ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, con justificación en ella y no a través de una simple tramitación de resolución de concejales.
Esa grieta dejó abierta la posibilidad a que haya colectivos filofranquistas que buscaran recursos en la Justicia para revocar los cambios cuando los jueces consideraran que el nombre en cuestión no podía ser calificado de franquista o participante del régimen dictatorial (como fue lo de Millán-Astray). Ahora, con el fallo del Supremo, el PP y Cs tendrán más difícil defender públicamente su inmovilismo.