La Fiscalía ha archivado las diligencias abiertas para investigar la muerte de al menos 23 personas migrantes en la valla de Melilla el pasado 24 de junio, según se ha conocido este viernes. No aprecia indicios de delito en la actuación de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado español.

Según informa en un comunicado el Ministerio Público, la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, se ha limitado a dar traslado al Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil de la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra las personas migrantes, por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria.

Llama la atención que la fiscal considere legales la expulsión automática de 470 personas migrantes,  cuestionados por el Defensor del Pueblo y por la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic

Asevera que los guardias civiles que llevaron a cabo las devoluciones lo hicieron «en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y en base a las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española».

Seis meses de dimes y diretes

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre la Fiscalía solicitó al Ministerio de Interior que la remisión de todas las imágenes de lo ocurrido en Melilla tras detectar saltos temporales en las imágenes enviadas. Una idea rechazada por el ministro Fernando Grande-Marlaska, que ha defendido en diferentes ocasiones la actuación policial en la frontera. 

Lo ha hecho pese a las críticas y a las evidencias acreditadas en las últimas semanas, ya que una investigación de la ONG Lighthouse Reports publicada por un consorcio internacional de periódicos sostiene que alguna muerte se produjo en suelo español.

Amnistía Internacional ha acusado a los gobiernos de Madrird y Rabat de crímenes contra el Derecho internacional y de encubrir una tragedia que, en palabras de su director en el Estado español, Esteban Beltrán, se produjo «por la fuerza desproporcionada de las fuerzas de seguridad conjuntas».