La izquierda española debe de estar sintiendo estos días algo que los independentistas vascos y catalanes llevan padeciendo lustros. Y no me refiero al «a nosotros ya nos lo hicieron» –que también–, sino a la sensación de impotencia ante la evidencia de que el adversario juega con las cartas marcadas.

A los independentistas se les pide que para poder ejercer su derecho democrático a decidir, consigan primero cambiar una Constitución en unas Cortes en las que siempre serán minoría por una razón meramente demográfica. Y el PSOE está ahora comprobando lo que es un 6-5, en el que da igual todo tipo de razonamiento jurídico o político.

La respuesta siempre es 6-5. Se demostró el miércoles a la noche, cuando el Tribunal Constitucional tuvo ante sí los informes de los fiscales de su propia institución, de la letrada del Senado y la contestación, sin pestañear, fue 6-5, incluyendo en ese 6 a los 2 miembros que, según dice todo el que sabe de derecho, deberían abstenerse por estar directamente incumbidos en las reformas a las que se oponen, que les dejarían sin sus cargos y sus pingües sueldos.

Afortunadamente para ellos, PSOE y UP cuentan con la solidaridad periférica que les da una mayoría y con estructuras estatales que le permitirán acabar aprobando sus reformas, aunque hay analistas que cuestionan que el Estado profundo que okupa el TC acepte ningún tipo de maniobra. Porque, no nos encontramos en una disputa partidista por el poder –que podría ser legítima–, sino en que la derecha tiene al árbitro comprado y hace trampas.