El término “histórico” ha sido utilizado de forma tan desmedida en los últimos años que da apuro escribirlo, pero el acuerdo suscrito en abril entre los principales grupos del Parlamento de Gasteiz –solo quedaron fuera la derecha y ultraderecha española– merece ese calificativo. Por inédito, en un tema tan importante, y por el alcance que puede tener a futuro, pues sienta las bases de la educación no universitaria en la CAV para varias generaciones. O debería sentarlas.

Porque, de hecho, el reto de este año que se nos viene encima es que la ley se atenga a lo acordado, no sin esfuerzo, la pasado primavera. Y, de momento, el primer borrador del anteproyecto elaborado por Lakua y difundido en septiembre ha puesto de manifiesto que esa traslación no va a ser automática, sino fruto de un trabajo igual o más arduo que el que desembocó en el pacto.

Agentes que saludaron el acuerdo de abril –y dos de los grupos firmantes, EH Bildu y Elkarrekin Podemos– han expresado su preocupación por el texto del Departamento, que no deja de ser un primer esbozo pero que ha activado algunas alarmas. Qué decir de aquellos que llevan desde primera hora expresando su oposición al proceso o al modo en que este se está desarrollando.

Intenso calendario legislativo

Está en manos de la Consejería que dirige Jokin Bildarratz que su próximo documento, que debería incorporar parte de las aportaciones realizadas por una treintena de organismos y de personas a título individual, se acerque a lo pactado.

A favor de la nueva ley juega el sentimiento compartido de que este sistema no puede seguir sin cambios, y por delante queda por cumplir un intenso debate con varios jalones marcados en el calendario legislativo. El primero, la aprobación del proyecto de ley por parte del Consejo de Gobierno. El propio consejero ha expresado su deseo de que esté listo en el primer trimestre de 2023.

A partir de ahí, empezarán las comparecencias parlamentarias de expertos o de organismos e instituciones que tengan interés en este asunto, una fase que debe completarse en un plazo máximo de un mes. Después se abrirá un plazo para presentar enmiendas, y se creará una Ponencia para debatir, y en su caso llegar a acuerdos, sobre las mismas. A esa Ponencia le tocará elaborar un dictamen con las enmiendas aprobadas/consensuadas incluidas en el proyecto de ley, y este pasará a la Comisión de Educación para ser aprobado.

El último paso será elevarlo a Pleno para recibir el visto bueno definitivo, probablemente a finales de año. Está por ver si entonces mantiene el nivel de apoyo exhibido en el Pacto Educativo y qué pelos se deja en la gatera cada uno de los grupos parlamentarios.

Estos no serán ajenos a lo que ocurra fuera de la Cámara. Desde el inicio hay colectivos que han seguido el proceso con desconfianza o que directamente lo han rechazado, y el contenido del anteproyecto no ayudó a aplacar ánimos. La defensa de la educación pública, históricamente zarandeada, ha argamasado el principal movimiento de respuesta –con dos jornadas de huelga y manifestaciones–, que va a seguir de cerca el debate parlamentario.  

Modelo lingüístico y segregación

Pero más allá del respaldo general y heterogéneo –pues no implica una posición común en el debate– a la educación pública, hay dos elementos que sobresalen entre las preocupaciones que se ciernen sobre la ley: conocimiento del euskara y la segregación.

Siguiendo lo marcado en el Pacto Educativo, el borrador de Lakua indica que al finalizar la Educación Secundaria el alumnado deberá alcanzar el subnivel B2 del Marco Unificado de Referencia Europea en euskara y en castellano –B1 en Primaria–, pero se echa de menos una mayor concreción, sobre todo respecto al modelo lingüístico. Un tema que no es menor, teniendo en cuenta que el marco actual, con tres modelos –A, B y D– es insostenible. Siempre lo ha sido.

El 10 de octubre, los agentes que han suscrito la declaración “Euskaraz Hezi Berdintasunean Hazi” reclamaron que la ley recoja un modelo «generalizado e inclusivo en euskara», y al margen del nombre y forma que adquiera el nuevo sistema, garantizar el aprendizaje de la lengua vasca –la transmisión cultural y el currículum son asuntos también están sobre la mesa– va a ser un elemento nuclear del debate educativo el próximo año.

Y no lo va a ser menos la segregación escolar, un problema de primer orden en la CAV. Darle solución va a ser un factor imprescindible para que el recorrido legislativo sea exitoso, y aunque Lakua ha hecho una valoración positiva de los nuevos baremos de matriculación, presentados en noviembre, la ley va a tener que afinar bastante más que el borrador. El Pacto contra la Segregación, que contempla el Acuerdo Educativo y se prevé presentar en 2023, puede ser un avance importante en este camino.

En definitiva, en los próximos doce meses se juega asentar unas bases sólidas para hacer frente a los retos que le aguardan al sistema educativo, pero también cerrar una herida, la que ha ido arrastrando la comunidad educativa de la CAV durante tres décadas, desde que se aprobó la anterior Ley.

Superar un trauma enquistado que aún lastra discursos, es tarea de todos los agentes implicados, y va a exigir persuasión y perseverancia a partes iguales, sosiego, audacia y visión de país. No es poco, pero no hacerlo no es alternativa.

Debate abierto en Nafarroa

Siendo también un asunto controvertido y recurrente, tanto en la calle como en el Legislativo, en Nafarroa el debate no ha alcanzado el grado de madurez suficiente como para forjar en la Cámara un acuerdo del calibre del logrado en la CAV. A principios de otoño, el Consejo Escolar de Navarra aprobó un «pacto educativo», pero por mucho que su presidente, Manuel Martín, dijera que era fruto del consenso, el texto excluyó a parte importante de la comunidad educativa y no cuenta con un respaldo parlamentario del grado del de Gasteiz.

Agentes tan importantes como Steilas, LAB y Sortzen no forman parte de ese acuerdo, del que Kontseilua valoró que no establece «ni bases ni medidas para garantizar la enseñanza de la lengua propia de Navarra en todo el territorio». Y ya en sede parlamentaria, Geroa Bai calificó de «cojo e inacabado» el documento presentado por Martín, mientras EH Bildu lamentó las limitaciones en el debate y consideró que lo aprobado «no recoge en modo alguno lo que la comunidad educativa y la sociedad navarra pueden esperar».

Con todo, el debate aún está abierto y no faltan ganas de participar en él. En marzo, la coalición soberanista ya había propuesto crear una Comisión Especial para trabajar en un Pacto Educativo, y emplazó a «situar el debate educativo en términos estratégicos y tratar de alcanzar el máximo consenso social y político» ante unas carencias que han quedado de manifiesto en los últimos años. Ese consenso sigue lejos de concretarse, pero 2023 puede ser propicio para ir avanzando.

Reivindicación en Ipar Euskal Herria

En Ipar Euskal Herria 2022 acaba sin que el alumnado sepa si esta primavera va a poder hacer en euskara los dos exámenes que le acompañan en su trayecto académico en Secundaria; después de tercero y justo al acabar ese ciclo.

Pese a los esfuerzos de los electos vascos y de Euskararen Erakunde Publikoa (EEP), París sigue sin responder a las demandas de los alumnos y alumnas de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa, y se espera que en 2023 se abra una nueva fase de reivindicación.