Documentos facilitados al Partido Carlista por una persona aquejada por «un problema grave de salud» y que prefiere permanecer en el anonimato vienen a confirmar que el Estado reventó la cita tradicionalista de Montejurra de 1976 por ser contraria a Juan Carlos de Borbón. Dos muertos y una treinta de heridos fue el balance de la llamada ‘Operación Reconquista’, que, desde enero de ese año, fue planteada por el gobernador civil de Nafarroa, José Ruiz de Gordoa, con el respaldo del entonces Ministerio de Gobiernación de Manuel Fraga y en la que contaron con los sectores más reaccionarios del carlismo y sectores ultras de diversos puntos del planeta.

En enero de 1976, los aparatos del Estado empezaron a fraguar los sucesos de Montejurra del 9 de mayo de ese año, según confirman los nuevos documentos. Las últimas citas del carlismo en ese lugar promovidas por la rama de Carlos Hugo Borbón-Parma habían puesto en evidencia su defensa de la «vía autogestionaria» hacia el socialismo.

Pero la convocatoria de ese año tenía un carácter especial, ya que era la primera tras la muerte de Franco y la proclamación como rey español de Juan Carlos de Borbón, lo que podía hacer que cobrara «mayor gravedad el matiz contestatario de años anteriores, ya que ahora sería contra S.M. el Rey, jefe del Estado español», recordaba Ruíz de Gordoa en uno de los documentos.

Los antecedentes de la cita de Montejurra de 1976 figuran en una carta enviada por el gobernador civil de Nafarroa a Fraga el 5 de enero, en la que ya planteaba la posibilidad de «actuar» sobre algunos dirigentes carlistas para lograr «una afluencia masiva de tradicionalistas que neutralizarán el peso del huguismo».

El 19 de abril, el director general de Seguridad calificaba de «conveniente» la posibilidad de generar un enfrentamiento entre el carlismo progresista y los sectores más reaccionarios liderados por Miguel Fagoaga, Ramón Merino, Pepe Arturo y Sixto de Borbón-Parma, que se oponía a la línea promovida por su hermano Carlos Hugo.

Ese respaldo a los aparatos del Estado por parte de esta facción del carlismo se puso en evidencia en una reunión mantenida en hotel Tres Reyes de Iruñea entre Sixto y Arturo con el gobernador civil de Nafarroa, en la que incluso el primero de ellos mostró su lealtad a Juan Carlos de Borbón y se comprometieron con Ruiz de Gordoa a ocupar la cumbre de Montejurra y hacerse con el control de Iratxe.

Para lograrlo se contaba con la movilización de 4.650 asistentes de fuera de Nafarroa, para los que se consignó una dieta de 750 pesetas para cada uno. Además, se contemplaba un gasto de 200.000 pesetas en boinas rojas, otras 200.000 en garrotas de campo y 300.000 en brazaletes, junto a dinero para otros gastos. En total, se destinaron 5.687.500 pesetas a reventar el acto de Montejurra de 1976.

La versión oficial de lo ocurrido ofrecida por Fraga definió lo sucedido como «una pelea entre hermanos», pero en el Partido Carlista tuvieron claro desde el primer momento que todo había sido planificado

El 9 de mayo, los sectores reaccionarios, con la presencia de neofascistas de diversos lugares del planeta, intentaron hacerse con el control de la situación, pero la resistencia de los partidarios de Carlos Hugo terminó derivando en un enfrentamiento en el que los primeros emplearon armas de fuego con el balance de dos muertos y una treintena de heridos, varios de ellos por disparos.

La versión oficial de lo ocurrido ofrecida por Fraga definió lo sucedido como «una pelea entre hermanos», pero en el Partido Carlista tuvieron claro desde el primer momento que no había sido así y que todo había sido planificado, como han venido a corroborar los documentos.

«Crimen de Estado»

Copia de esa documentación se ha presentado en la rueda de prensa que ha ofrecido el Partido Carlista en Iruñea, en la que Lázaro Ibáñez, secretario general federal del Partido Carlista, ha calificado los hechos de Montejurra de «agresión terrorista» y «crimen de Estado cometido por las más altas instancias» y sobre el que «derecha e izquierda durante años han mirado para otro lado».

Ibáñez ha denunciado que han tenido que pasar 45 años y que gracias a esa entrega de documentación «llovida del cielo», finalmente se ha conocido parte de lo ocurrido, ya que en el Partido Carlista están convencidos de que «no es completa y exigimos la desclasificación de los papeles de Montejurra», petición que vienen realizando infructuosamente desde hace décadas.

Ha puesto el acento en la responsabilidad de Fraga en lo sucedido en 1976 y también del rey español emérito, al que ha calificado como «el mayor corrupto y degenerado que existe en el país».

Tras confirmarse la participación del Estado en los sucesos de Montejurra de 1976, Ibáñez ha señalado que, desde el Partido Carlista, se exige «verdad, justicia y reparación» y ha asegurado que van a llevar su denuncia «a todas las instituciones posibles».

Por su parte, el secretario general del Partido Carlista en Nafarroa, Jesús Argón, ha señalado que, tras todo lo que se ha conocido, «debería cambiar la orientación del Museo del Carlismo de Lizarra» y que «deberían rectificar los que no han querido contar la historia verdadera».

Argón ha señalado que, aunque recibieron de esas manos anónimas la documentación hace un año, está convencido de que la misma documentación podría encontrarse en la UPNA, donde quería depositarla la persona que la tenía en su poder.

EH Bildu solicita la comparecencia de Bolaños

EH Bildu ha solicitado en el Congreso la comparecencia del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Felix Bolaños, después de que nuevos documentos hayan revelado la implicación de diversos aparatos de Estado en los crímenes de Montejurra, el 9 de mayo de 1976.

El grupo soberanista quiere que el Gobierno «dé cuenta de la información que pueda tener en su haber, en función de los archivos, documentos e informaciones que posee, sobre los graves sucesos de Montejurra y las implicaciones del Gobierno encabezado por Carlos Arias Navarro durante la dictadura franquista».

La solicitud registrada este lunes en el Congreso insta a Bolaños a comparecer en la Comisión Constitucional.