Trece años y un mes han transcurrido desde que una abogada denunció al entonces diputado foral de Administración Local de Araba, el jeltzale Alfredo de Miguel, por pedirle una «mordida para lograr un contrato, hasta la sentencia firme del Tribunal Supremo, que cierra uno de los mayores caso de corrupción juzgado en Euskal Herria.

A continuación se detallan las fechas y acontecimientos más importantes de este caso, en el que se juzgó a 26 personas: quince fueron condenadas (nueve de ellas llegaron a acuerdos con la Fiscalía) y once absueltas.

2 de diciembre de 2009. La abogada Ainhoa Alberdi denuncia en la Fiscalía de Araba que el diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial y antes número dos del PNV alavés, Alfredo de Miguel, le está pidiendo una comisión de 100.000 euros por su intermediación para lograr un contrato en el proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Araba.

17 de marzo de 2010. Tras las investigaciones iniciales se producen las primeras ocho detenciones por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Gasteiz, bajo la dirección del juez Roberto Ramos, por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Entre los arrestados figura Alfredo de Miguel, líder de la trama junto a Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, miembros de la ejecutiva del PNV en Araba. Los tres dimiten de sus cargos.

Octubre de 2010. El Parlamento de Gasteiz acuerda crear una comisión de investigación sobre este caso con el apoyo PSE, PP, EB, EA y UPyD, y la abstención del PNV. La comisión se constituye el 19 de noviembre. De Miguel declara en ella el 18 de abril de 2011. Dice ser inocente y que el objetivo era dañar al PNV.

10 de mayo de 2012. La comisión parlamentaria de investigación aprueba un dictamen en el que se atribuyen responsabilidades políticas a excargos del PNV en las contrataciones entre el Gobierno de Lakua y el Parque Tecnológico de Araba con las empresas vinculadas a la supuesta trama corrupta. El dictamen cuenta con el voto favorable de todos grupos salvo el PNV, que vota en contra.

9 de marzo de 2015. El juez Roberto Ramos finaliza la instrucción con un auto de 180 folios en el que mantiene la imputación para 26 personas, entre ellas nueve exdirigentes del PNV, además de varios familiares y otros afines a esta formación, por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros.

Tras cinco años de investigación, el juez afirma que ha quedado indiciariamente acreditada la existencia de una trama organizada en torno a De Miguel para obtener irregularmente contratos públicos, cobrar por trabajos que no se hacían y recibir comisiones ilegales.

11 de marzo de 2016. El fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, presenta su acusación y pide 54 años, 11 meses y 15 días de cárcel para De Miguel por 27 delitos.

En un escrito de 128 folios, Izaguirre defiende que el presunto cabecilla creó un entramado societario para «obtener un ilícito beneficio económico» y que para ello se aprovechó de las «responsabilidades políticas y/o administrativas» que tenía por su pertenencia al PNV. Añade que utilizaba empresas «pantalla» para canalizar el cobro de supuestas comisiones o percibir cantidades ilegales por trabajos que en varias ocasiones no fueron realizados.

12 de mayo de 2016. El Juzgado de Instrucción número 4 de Gasteiz dicta el auto de apertura de juicio oral.

Mayo de 2017. El abogado de Alfredo de Miguel presenta su escrito de defensa en el que pide su absolución y censura el relato «fabulado», «huérfano de prueba» e incluso «rocambolesco» que hace el Ministerio Público en su acusación.

8 de enero de 2018. Arranca en la Sección Segunda de la Audiencia de Araba el juicio por este caso con las cuestiones previas. Para poder celebrar este macrojuicio con tantos acusados se llevaron a cabo obras de acondicionamiento por valor de 100.000 euros en la sala de vistas.

5 y 6 de marzo de 2018. Declara como testigo la abogada que destapó el caso, Ainhoa Alberdi, quien ante el tribunal habló de la «impunidad», «facilidad» y «alegría» con la que los principales imputados exigían «pasar por caja» y su «temor» a no ser la única a la que se le pidió una mordida .

17 de septiembre de 2018. El día en el que estaba previsto que comenzaran a declarar los acusados, el fiscal pide una suspensión temporal del juicio porque está negociando un acuerdo de conformidad con algunos de ellos consistente en reconocer delitos a cambio de una rebaja en la petición de cárcel. El tribunal accede.

15 de octubre de 2018. Se retoma el juicio. El fiscal revela que ha cerrado un acuerdo de conformidad con una «parte significativa» de los acusados, concretamente nueve, para «dejar acreditado» que ha existido una «trama organizada criminal destinada al cobro de comisiones ilícitas». Entre ellos no están De Miguel y ni los otros dos exdirigentes del PNV imputados.

5 de noviembre de 2018. Josu Arruti, uno de los empresarios que ha llegado a un acuerdo de conformidad, reconoce en el juicio que él y De Miguel pidieron y recibieron una comisión de 161.000 euros cada uno del grupo catalán Construcciones Riera por su intervención en la operación de Zanbrana. Ese hecho es corroborado por el que fuera consejero delegado de esa constructora Francesc Fernández, sentado también en el banquillo de los acusados

14 de noviembre de 2018. El Ministerio Fiscal modifica su escrito de conclusiones provisionales y rebaja las penas solicitadas para 20 acusados, incluido De Miguel, para quien ahora pide 29 años y 9 meses de cárcel. Reclama además la absolución de 6 procesados.

La Fiscalía mantiene que hubo una trama corrupta destinada a lograr contratos y adjudicaciones de instituciones gobernadas por el PNV y a obtener comisiones de las empresas que optaban a esos concursos.

26 de noviembre de 2018. El fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, empieza a presentar su informe final. Asegura que los acusados constituyeron una «trama criminal», con prácticas mafiosas «más propias de Sicilia que de un país mínimamente serio», que actuaba con «impunidad» y con un nexo común entre «casi todos» los acusados: su relación con el PNV.

3 de diciembre de 2018. El abogado de De Miguel expone su informe final y mantiene que en este caso no hay «ni trama» ni «pelotazo» y sí nueve años de «rechazo y marginación» social a los acusados. Por ello pide la absolución de su defendido y emplaza al tribunal a que cuando dicte sentencia se abstraiga de la «presión social» que hace parecer a los procesados «presuntos culpables».

19 de diciembre de 2018. El juicio queda visto para sentencia. En su turno de última palabra De Miguel niega la comisión de los delitos que se le imputan y dice que no ha quedado constancia de que haya tenido un enriquecimiento ilícito.

«Ha habido cosas que he hecho mal y me arrepiento sinceramente. Si pudiera volver atrás no las haría bajo ningún concepto, pero jamás creo que he cometido un delito y menos aquellos por los que se nos ha acusado», asegura.

17 de diciembre de 2019. La Audiencia Provincial de Araba da a conocer la sentencia con una lectura pública en el Palacio de Justicia. Absuelve a once de los 26 procesados y condena al resto. De Miguel recibe una pena de 13 años de cárcel y 3 meses, Otxandiano de 7 años y 6 meses y Telleria de 6 años y 6 meses.

18 de diciembre de 2019. El Fiscal pide la entrada en prisión de los cabecillas de la trama.

20 de diciembre de 2019. La Audiencia Provincial de Araba determina la libertad de los condenados dado que la sentencia no es firme aunque les impone medidas cautelares como la prohibición de salir del Estado español y de comparecer cada 15 días en el juzgado.

20 de enero de 2020. El fiscal jefe de Araba pide a la Fiscalía del Supremo que interponga un recurso de casación para elevar la pena a los principales condenados.

Ese mismo día NAIZ revela que, pese a la condena por corrupción, De Miguel ostenta responsabilidades en el seno de Hazi, una fundación dependiente del Gobierno de Lakua.

30 de enero de 2020. Trece de los quince condenados anuncian su intención de recurrir ante el Supremo, entre ellos los principales acusados. No recurren los once absueltos ni dos de los enjuiciados que llegaron a acuerdos con el Ministerio Fiscal.

3 de enero de 2023. La oposición denuncia que De Miguel continúa ejerciendo «labores de representación» en la en la fundación Hazi.

El Gabinete de Iñigo Urkullu niega que desempeñe estas funciones y argumenta que no puede tomar ninguna decisión sobre la situación laboral de De Miguel porque la sentencia no es firme.

10 de enero de 2023. El Tribunal Supremo ratifica las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Araba aunque rebaja ligeramente la pena para De Miguel a 12 años y 4 meses y para Telleria a 5 años y 1 mes.

Esto no impedirá su ingreso en prisión, a la que también entrarán Ochandiano, que mantiene su condena a 7 años y 6 meses, y el exdirector de Juventud del Gobierno autonómico Xabier Sánchez Robles, condenado a 7 años y 1 mes de cárcel