Dos de los principales condenados por el ‘caso De Miguel’, los exburukides Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano, han sido apartados de sus funciones en la Fundación Hazi y en el Parque Tecnológico de Araba, las entidades públicas vascas en las que trabajan en espera de que se ejecuten sus despidos.

Así lo ha anunciado la consejera de Desarrollo Económico y Sostenibilidad del Gobierno de Lakua, Arantxa Tapia, quien ha incidido en que ninguno de los dos ha acudido este miércoles a sus puestos de trabajo, pese a que aún no se han hecho efectivos sus despidos.

A los dos se les comunicó este martes la decisión de despedirlos y hoy «están en sus casas». «Si tienen alguna tarea que finalizar, la finalizarán, pero no tiene ningún sentido ni encomendarles nuevas tareas ni nuevas actuaciones», ha añadido la consejera.

Ha recordado que su departamento ordenó a los gerentes de Hazi, donde trabaja De Miguel, y del Parque Tecnológico alavés, en el que desempeña sus funciones Ochandiano, el despido de estas dos personas, una vez que se ha conocido que la sentencia que les condenó ya es firme.

No obstante, el despido se formalizará cuando se notifique la sentencia, lo que Tapia desea que sea «cuanto antes». «La sentencia es firme, no cabe recurso, no nos toca otra cosa que la orden emitida ya a los gerentes del Parque Tecnológico de Araba y Hazi de proceder al despido de estas dos personas, dada las características de las sentencia y la gravedad de la situación», ha afirmado.

La consejera ha destacado que, en cuanto estos organismos tengan «preparado todo jurídicamente, bien armado», se despedirá a los dos condenados. Se hará «a la mayor brevedad, cuanto antes mejor».

Una opinión compartida por la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, quien ha insistido en que toca ejecutar la sentencia. «No me cabe ninguna duda de que los miembros que nos sentamos en el Consejo de Gobierno vamos a hacer cumplir, de manera muy exigente e inmediata, a través de nuestro propio código ético, la ejecución de esta sentencia», ha manifestado.

Cabe recordar que De Miguel ha sido condenado a 12 años y 4 meses por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricación y malversación, mientras que sobre Ochandiano ha recaído una pena de 7 años de cárcel.

«¿Cuántos De Migueles ha podido haber?»

Desde los partidos de la oposición, EH Bildu ha denunciado la «falta de medios» policiales y judiciales para investigar los posibles casos de corrupción. «¿Cuántos De Migueles ha podido haber y hay en este país?», se ha preguntado el parlamentario Josu Estarrona.

El político soberanista se ha mostrado además convencido de que «el propio PNV es el que está implicado en esta trama». «No se puede decir que el PNV no tenía nada que ver cuando ellos mismos –en alusión a los condenados– eran el PNV, ha apuntado.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha llamado a hacer frente a la «batzokización» de las instituciones de la CAV, y ha alertado de que este caso «pone de manifiesto que en Euskadi existen espacios institucionales para el amiguismo, que es la base de la corrupción». «El PNV es experto en clientelismo y no se ha mostrado activo para erradicarlo», ha afirmado.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente del PP de la CAV, Carlos Iturgaiz, que ha pedido un castigo electoral al PNV y dimisiones en la dirección de la formación jeltzale.

A su juicio es «imposible» que las actividades de De Miguel y su trama «fueran desconocidas por la cúpula del PNV, partido que ha estado cubriendo y promocionando a De Miguel» en «chiringuitos» de la Administración, en referencia a Hazi.