La entrada en vigor de la reforma del Código Penal tuvo efectos fulminantes en la carpeta catalana que mantiene desde 2017 sobre su mesa el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Obligado por un cambio legal que elimina el delito de sedición –a cambio de un endurecimiento del delito de desórdenes públicos–, el juez instructor del 1-O se vio obligado ayer a retirar ese delito de las euroórdenes que mantiene contra Carles Puigdemont y el resto de exiliados.

Cabe imaginar la frustración de un Llarena que, conviene no olvidar, rechazó la extradición por malversación y desobediencia que le ofreció en 2018 el tribunal alemán de Slevig-Holstein. Con todo, este movimiento no ha servido para apaciguar las aguas internas del independentismo.

Por pasos. Llarena tenía ayer las manos atadas. La reforma aprobada en el polémico pleno del Congreso a finales de año elimina el delito de sedición del Código Penal, por lo que resultaba imposible mantener la imputación. Podía haber imputado el nuevo delito de desórdenes públicos, pero eso hubiese generado otras complicaciones, por lo que Llarena se limitó ayer a mantener las euroórdenes por malversación y desobediencia.

Lo que ocurre es que también el delito de malversación ha sido reformado. En 2015, tras la consulta del 9N, el PP incluyó el supuesto de administración desleal en el delito de malversación; lo que implicaba que destinar dinero público a una finalidad diferente a la establecida podía recibir una condena de hasta 12 años pese a que no hubiese un lucro personal. Con la nueva reforma, si no hay ánimo lucro, la pena máxima es ahora de cuatro años.

Doble reforma penal

La situación de los represaliados catalanes cambia en tres carriles. En primer lugar, mejora y mucho las perspectivas para la veintena de cargos intermedios de la Generalitat que esperan juicio en juzgados de Barcelona. La mayor amenaza que pende sobre ellos es la de la malversación, ahora notablemente suavizada.

En segundo lugar, los dirigentes independentistas condenados por sedición y malversación por el Tribunal Supremo tienen derecho a que su pena se revise. De hecho, disponen de ocho días para pronunciarse, según anunció ayer el propio tribunal. Estos últimos días se ha filtrado que los condenados de ERC, encabezados por Oriol Junqueras, pedirán su absolución. El expresidente de Òmnium Jordi Cuixart rechazó seguir sus pasos, igual que los implicados de Junts, aunque está por ver que esto acabe siendo así. Lo sabremos en una semana.

En tercer y último lugar, la reforma modifica sustancialmente la situación de los dirigentes en el exilio, como pudo constatarse con la decisión de Llarena, que en su auto lamentó que la derogación de la sedición «planea un contexto cercano a la despenalización».

Sin embargo, Llarena sigue reclamando a la justicia europea que le entregue a Carles Puigdemont, a Toni Comín y a Lluís Puig, exiliados en Bruselas, por el delito de malversación y desobediencia, mientras que en el caso de Clara Ponsatí y Marta Rovira (en Suiza) les reclama solo por desobediencia, lo que no implica pena de prisión alguna, abriendo la puerta a un hipotético regreso.

En cualquier caso, sigue quedando mucha tela por cortar. Para empezar, por el uso cuestionable que Llarena hace de la imputación de malversación: para poder pedir hasta 12 años de cárcel, defiende que hay un ánimo de lucro. Además, ha pospuesto la decisión de emitir una nueva euroorden hasta conocer la decisión del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad parlamentaria, cuestión sobre la que se espera que se pronuncie en las próximas semanas.

Sin tregua en el soberanismo El obligado movimiento de Llarena no ha logrado, sin embargo, calmar las aguas internas en el seno del independentismo, donde existen posturas divididas sobre cómo encarar judicialmente los casos derivados del otoño de 2017.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, llamó a la prudencia y dijo que no volverá todavía, pero aseguró que le «gusta la música» que suena. Su caso es el más claro, junto al de Ponsatí. Podrían seguir los pasos de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que regresó del exilio suizo.

En un vídeo en redes sociales, Puigdemont, sin embargo, aseguró que librará «hasta el final» la batalla judicial en Europa y que no volverá «ni esposado ni rendido». Aseguró que «no avalaré con mi beneficio personal» una política que busca «criminalizar el anhelo de los catalanes de vivir definitivamente en un país libre».

De fondo, existe una disputa sobre quién abre la puerta al regreso de los exiliados. ERC lo ha apostado todo a los acuerdos con Madrid, lo que ha empezado a dar sus frutos, mientras que Junts se lo quiere jugar todo en Europa, donde ha obtenido también buenos resultados, y considera que solucionar el regreso en el marco de la Justicia española supone perder la oportunidad de internacionalizar el conflicto. Sea como sea, la puerta del regreso sigue hoy cerrada.

Reacciones

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, llamó a la prudencia, pero  dijo que le «gusta la música» que suena. Puigdemont difundió anoche en redes que no volverá «ni esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente».

Enfado de Llarena

El juez de la accidentada instrucción del caso, Pablo Llarena, suma el cambio en el Código Penal a los reveses sufridos en tribunales europeos. En el auto de ayer no escondió su enfado al señalar que la reforma supone una «despenalización» de los hechos de 2017.

Desórdenes públicos

La derogación de la sedición beneficia a los dirigentes perseguidos por el 1-O, pero está por ver cuál es el efecto del consiguiente endurecimiento del delito de desórdenes públicos. Algunas entidades ya han señalado que puede afectar al derecho a la protesta.

Atisbo de unidad

La cumbre hispano-francesa que llevará a Sánchez y Macron a Barcelona ha posibilitado que los agentes independentistas se pongan por una vez de acuerdo en convocar una movilización contra una cumbre que quiere simbolizar la normalización de la situación en Catalunya.