Desde la década de los 90, con el mantra de que el equilibrio financiero del sistema está en peligro, sucesivas reformas han llevado a alargar la edad de jubilación y estirar los periodos de cotización en el Estado francés.

Así, mientras que en 1972 un trabajador necesitaba cotizar 37,5 años para acceder a la pensión completa, hoy debe aportar 42 anualidades y desde 2027 serán 43.

Jubilación a los 60. La aspiración se hace realidad con la llegada al Eliseo del socialista François Mitterrand. La ley apadrinada por el primer ministro François Mauroy ve la luz en 1983.

En vísperas de la movilización este jueves contra la reforma de pensiones presentada el pasado 10 de enero por la primera ministra Élisabeth Borne, un repaso a los cambios habidos desde entonces puede ayudar a medir mejor lo que está en juego, que no es otra cosa que la pervivencia y mejora del sistema por repartición, que toma como base la solidaridad intergeneracional.

Ello en un contexto de fuerte presión para extender el sistema de capitalización, que absorbe ahorro de los asalariados y beneficia, en lo fundamental, a bancos y fondos de inversión.

Repartición o capitalización

Las alertas sobre la insostenibilidad del sistema han sido recurrentes a la hora de justificar recortes, y, en paralelo, han acelerado esa mudanza desde lo colectivo hacia lo individual.

A modo de un anuncio de alarmas, el mensaje fatalista sobre el futuro de las pensiones públicas acrecienta el sentimiento de inseguridad. Y también la búsqueda de soluciones particulares.

Creado hace solo tres años como producto captador de planes precedentes y de futuros ahorros, el Plan de Ahorro para la Jubilación (PER), impulsado desde el Ministerio de Economía galo, pero gestionado por bancos y aseguradoras, alcanzó la cifra de seis millones de clientes a finales de junio de 2022, lo que supone doblar la previsión con la que esperaba cerrar el año.

1991: «Libro blanco de las pensiones»

El 'libro blanco de las pensiones', elaborado a instancias del primer ministro Michel Rocard, en 1991, fue el primer documento en explicitar a las claras «el riesgo de desequilibrio para el sistema» que achacaba a factores como el crecimiento de la cuantía de las pensiones, el aumento de la esperanza de vida, el recorte de la vida laboral y el aumento del número de personas desempleadas.

Fue ese análisis el que sirvió de base a la ley de julio de 1993, adoptada bajo el Gobierno del conservador Edouard Balladur, y que modificó los criterios de cálculo de las pensiones.

Se amplió así el periodo de cotización de 37,5 a 40 años y el periodo de cómputo pasó de referenciarse en el salario medio de los 10 mejores años a basarse en los 25 mejores ejercicios.

Esa reforma ligó por vez primera la revalorización de las pensiones a la inflación.

Al sistema de pensiones no le han faltado escribanos. En 1995 llegó el turno al presidente Jacques Chirac, también conservador, y para más señas a su primer ministro Alain Juppé.

Su plan para adelgazar el déficit de la Seguridad Social puso en la diana a los empleados públicos.

Los funcionarios lanzaron una huelga que llevó a la parálisis de servicios de tren y de transporte.

Juppé reculó finalmente sobre las pensiones, pero no sobre otros ajustes incluidos en el plan.

En 2003, el Gobierno de François Fillon volvió a la carga. Tras un mes de intenso debate parlamentario, vio la luz una nueva ley.

Lo que son las cosas, el plan del ogro Fillon fue bastante menos expeditivo, al menos en los plazos, que el que ahora defiende Élisabeth Borne.

Contemplaba concretamente que en 2012 se pasara a los 41 años de cotización y en 2020 a los 42. Borne propone que se pase de cotizar 42 a 43 años desde 2027 –y no a partir de 2033– con lo que el impacto de la reforma será inmediato.

No pasó con Juppé (1995), sí con Sarkozy (2007)

Nicolas Sarkozy estrenó su primer quinquenio lanzando la artillería contra los regímenes especiales por los que cotizaban los trabajadores de sociedades públicas, algunas de ellas luego sacrificadas en el altar de la privatización.

Empleados de las energéticas EDF y GDF, ferroviarios de la SNCF, trabajadores de los transportes públicos parisinos RATP... vieron cómo su periodo de cotización pasaba a 40 años. Lo que no pudo ser en 1995 se implementó en 2007, cuando, en un contexto más avanzado de desregulación laboral, pasó mejor la píldora de enfrentar con la mayoría «a los privilegios de algunos trabajadores».

La principal medida de la reforma del sistema de pensiones adoptada en 2010, y defendida por el ministro de Trabajo Éric Woerth, consistió en hacer recular dos años la edad de retiro.

Fue ese ministro, y futuro visitante de los tribunales como Nicolas Sarkozy, o el propio François Fillon –siempre, por cierto, en causas ligadas a la financiación irregular de sus proyectos partidarios–, el que se atrevió a cruzar la barrera de los 60.

Unidad sindical equivale a un millón de manifestantes

La reforma Woert hizo retroceder hasta los 62 años la edad de jubilación, rompiendo así el «gran símbolo social mitterrandista».

Hasta 14 grandes protestas trataron de impedir sus planes. La del 12 de octubre de 2010 reunió a 3, 5 millones de manifestantes, según los sindicatos, y a 1,1 según el Ministerio de Interior. Como entonces, este jueves todos los sindicatos -incluida la reformista CFDT- marcharán juntos. Valgan las cifras para entender mejor ese reto de «un millón de manifestantes» lanzado por los convocantes de la jornada de arranque de movilizaciones planteada para este jueves.

Siguiendo con el calendario, la vuelta de la izquierda al Elíseo en 2014, de la mano de François Hollande, no llevó a la ministra de Asuntos Sociales Marisol Touraine a inspirarse en el mitterrandismo. Aportó un método para aumentar un trimestre cada tres años entre 2020 y 2035 hasta alcanzar los 43 años de cotización «para las generaciones nacidas desde 1973».

2014: Reforma Touraine, y caída al vacío de Hollande

Esa «reforma Touraine» es la referencia, al menos en la secuencia temporal, de Emmanuel Macron.

Su predecesor, François Hollande, no pudo ni siquiera aspirar como candidato a un segundo mandato, arrastrado por la impopularidad que cosechó con esa y otras reformas de corte «socioliberal», y más en general con su aplicación de la receta del austericidio.

Con otra gestión de los tiempos, el dirigente liberal ha colocado la reforma al arranque de su segundo y definitivo mandato presidencial que concluirá, si nada altera el calendario, en 2027.

Macron ha lanzado el gran desafío. Sin embargo, nada está escrito, estiman los sindicatos que responderán al unísono, este 19 de enero en las calles, a la reforma del un sistema, el de las pensiones públicas, clave de bóveda de un sistema de bienestar que el Estado francés convirtió, durante más de medio siglo, en una de sus más reconocibles señas de identidad.