El Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos acabó sumándose a los postulados de la derecha y decidió bajar el IVA a los alimentos de primera necesidad para contener la peligrosa escalada de precios de los mismos, que ronda el 30 por ciento. Que el Partido Popular estuviese durante meses proponiendo esa rebaja ya daba que pensar y, según las asociaciones de consumidores, desconfiar era lo correcto.

Recientemente, FACUA-Consumidores en Acción amplió sus denuncias contra varias grandes cadenas de supermercados por no repercutir la bajada del IVA a todos los alimentos afectados. La asociación detectó que varios establecimientos habían corregido muchas de las irregularidades en los precios publicados a comienzos de mes, pero las mantienen en otros no denunciados.

En el análisis que FACUA publicó, solo había incluido una parte de los precios rastreados sobre fin de año y comienzos de 2023. Por tanto, la asociación se dirigió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para comunicar los nuevos datos de incumplimiento.

Cabe recordar que en el real decreto-ley publicado en el BOE el 28 de diciembre pasado, hay una obligación legal de repercutir íntegramente la bajada del IVA en los productos y se permite un incremento de precios si lo hubiese en los costes y no para acrecentar los márgenes de beneficio. Sin embargo, la normativa y el Gobierno hacen agua en la aplicación de una iniciativa que pone en juego 700 millones de euros que el Tesoro deja de recaudar.

Descontrol a favor de los grandes

«Es imposible que una iniciativa así tenga éxito sin un buen control y no lo hay. Son salidas paliativas que pueden tener buena prensa, pero nada más», dice a NAIZ el economista y profesor Ignacio Muro Benayas, presidente de la Plataforma para la Democracia Económica.

Igualmente, Muro matiza la posibilidad de que los oligopolios estén abierta y descaradamente apropiándose del margen. «Yo no creo que las distribuidoras se jueguen su prestigio haciendo cambalaches en esto, porque el peso que tienen los productos afectados por el IVA es muy pequeño. Creo que más bien es un problema de ajustes técnicos, no creo que vayan a ser tan torpes, porque pueden subir precios en otros. Su cuenta de resultados no depende de este movimiento. Igualmente, es evidente que ellos están jugando con sus márgenes, ellos y todos los empresarios».

«Lo que es evidente es que la rebaja no es el camino. En los últimos seis años se ha puesto en evidencia que los sectores corporativizados, que son casi todos, controlan los precios. Estuvimos sufriendo movimientos especulativos de las grandes farmacéuticas y el cuello de botella de la distribución cuando no llegaban productos. Todos son movimientos de sectores corporativizados, de oligopolios. Materias primas, energía, finanzas y farmacéuticas son los que a día de hoy están subiendo sus márgenes», explica.

Sobre la medida del Gobierno español, Muro asegura no creer en ella «como método para bajar los precios» y la tacha de «parche paliativo que no va al origen del problema», que son los mercados concentrados. Cita un ejemplo que puede ser más efectivo: «Portugal ha puesto una tasa a las grandes distribuidoras, un impuesto por encima del margen de ganancia que tenían antes de la crisis. Es decir, grava el incremento de los beneficios, desincentivando que hagan el juego especulativo».

«Es imposible que una iniciativa así tenga éxito sin un buen control y no lo hay. Son salidas paliativas que pueden tener buena prensa, pero nada más», señala Ignacio Muro Benayas, presidente de la Plataforma para la Democracia Económica

Además, advierte de que si la bajada del IVA no se ha sentido como se esperaba, «la subida sí que se va a sentir rápidamente». El propio real decreto-ley establece que el 1 de mayo se comenzará una revisión con respecto al impacto de la medida y que se dará marcha atrás con ella si la inflación crece menos del 5,5 por ciento. Si no, se prevé su prórroga. Imposible olvidar que esta decisión ocurrirá en medio de dos elecciones importantes, como las municipales y las estatales.

«Todo el mundo está probando medidas, pero como el origen del problema son siempre las grandes corporaciones, no les meten mano. Entonces, o te entregas a la inflación o vas esperando. Habría que hacer un gran pacto de rentas en el que se pacte rentas y salario, y con impuestos para beneficios extraordinarios y si no, esto será así como es», señala.

Cuando se le pregunta por la CNMC y el rol que está llevando en este proceso, responde que «no funciona para nada. Es un cuerpo tecnocrático que no tiene ganas de entrar al fondo y están cooptados por los grandes intereses. Esta es finalmente una pelea entre ciudadanos y la capacidad que tengan para denunciar hechos».

Muro recuerda que en los países nórdicos, la inflación sigue superando el 12 por ciento y que la ralentización en el Estado español también tiene que ver con que la demanda es menor. «Los salarios en Alemania, por ejemplo, están creciendo más del doble que en España, donde la subida es del 2,8 por ciento. La media europea está en el 4,5 por ciento. Es verdad que entrar en el impacto psicológico de la inflación puede ser complejo y dispararía nuevas demandas, y creo que el Gobierno quiere evitar esa espiral», añade.

«No sorprende nada»

Al secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GEHSTA), el economista José María Mollinedo, no le parece algo fuera de lo normal lo que denuncia FACUA. «Es que en el BOE no aparece ningún mecanismo sancionador para ese tipo de conducta que denuncian las asociaciones de consumidores, a pesar de que se anuncia que se va a vigilar esa relación de precios», enfatiza.

«Sorprender ya no sorprende, hay un antecedente, que fue la rebaja del IVA del cine en las salas de exhibición, que el Ministerio de Cultura tuvo que reclamar que o lo trasladaban al precio o se daba marcha atrás. Y nosotros lo advertimos cuando supimos lo del IVA de ahora», recalca.

Sobre su opinión en relación a la medida, responde que «nosotros, de hecho, no estamos a favor de la rebaja, aunque esta es menos regresiva que la de la electricidad. Porque, al final, los ciudadanos consumen lo que consumen en alimentos, mientras que es posible que quienes tengan viviendas mejor acondicionadas acaben consumiendo más si la energía es más barata. En general, la rebaja del IVA hace perder mucha recaudación para el efecto que es. No deja de ser un parche temporal, pero no es una cuestión que afecte a la causa del problema, no ataca las razones».

También recuerda que son «las grandes cadenas de distribución las que consolidan el consumo doméstico, superando el 40 por ciento», pero que es un mercado con muchos actores y difícil de controlar, a diferencia de la producción de energía y la banca, «que son sectores con mega empresas y pocos intervinientes, y es más fácil de controlar que una distribución más atomizada con múltiples partes que intervienen en la cadena». Además, advierte de que es muy complejo hacer recaer más impuestos en los márgenes extraordinarios, «porque pueden acusar las subidas a los costes de proveedores».

El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GEHSTA), José María Mollinedo, recuerda que son «las grandes cadenas de distribución las que consolidan el consumo doméstico, superando el 40 por ciento»

Preguntado sobre ejemplos de un control más efectivo, recuerda lo ocurrido a fines de la década de los años 70 en el gobierno de la Unión de Centro Democrático liderado por Adolfo Suárez. «Hubo una campaña de precios estables, se les daba un logo a los comercios que los reconocían porque se comprometían con la estabilidad y eso acabó teniendo efectos positivos. Aunque la compra es una decisión final de los consumidores, fue una forma de intervenir en el mercado premiando».

Actualmente, las competencias de consumo están transferidas a las comunidades autónomas, que realizan más una labor de inspección sanitaria que de control de precios. El Ministerio español de Consumo que comanda Alberto Garzón (líder de IU) tiene poca potestad. El control queda en manos de la CNMC y, en definitiva, del Gobierno.

El cálculo gubernamental es que la caída de recaudación para el tesoro será de más de 700 millones de euros por las rebajas del impuesto al valor añadido del 10 al 5 por ciento y del 4 al 0 (esta última, por ejemplo, en la barra de pan). Según el BOE, la iniciativa se mantendrá hasta el 30 de junio próximo, con la mencionada revisión en mayo.

El rebote en los precios puede ser letal para las aspiraciones electorales de Moncloa y los tiempos para controlar la readecuación por la rebaja se acortan. El primer trimestre del año, con un invierno que empieza a apretar y antesala del ciclo electoral, será crucial.