Tres personas han sido detenidas por la Policía española en Donostia acusadas de defraudar más de 80.000 euros a la Seguridad Social y explotar a 21 trabajadores en dos restaurantes, según ha informado este lunes el Ministerio de Interior.

La investigación se inició el pasado noviembre, cuando la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Gipuzkoa puso en conocimiento del Grupo Operativo de Extranjeros II la denuncia de un ciudadano que alertaba sobre estos hechos.

En concreto, la denuncia informaba de que en dos restaurantes de la capital, ambos regentados por el mismo empresario, había varios ciudadanos migrantes trabajando en situación irregular y en condiciones laborales que vulneraban sus derechos.

Como consecuencia de esto, el día 9 de noviembre, la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo realizaron una inspección en los dos establecimientos, en los que encontraron doce y nueve trabajadores, respectivamente, en situación irregular y sin contrato de trabajo.

Atraídos por suculentas ofertas

Los investigadores determinaron que, tal y como constaba en la denuncia, los dos restaurantes eran regentados por el mismo empresario.

Asimismo, descubrieron que la contabilidad era llevada por un gestor que tenía pleno conocimiento de lo que ocurría y por un tercero que hacía labores como encargado en uno de los restaurantes.

También averiguaron que al parecer muchas de estas trabajadoras y trabajadores habían llegado a Donostia a través de este encargado, que les atraía con suculentas ofertas laborales.

Así, cuando llegaban, el dueño les prometía que si trabajaban para él les facilitaría la documentación para legalizar su situación y les daría de alta en la Seguridad Social, ocupándose el encargado de «sofocar la más mínima queja» recordando a las víctimas su condición de trabajadores irregulares y el «favor» que les hacía dándoles empleo, precisa la fuente.

Doce horas diarias, de lunes a domingo

Los trabajadores eran obligados a trabajar doce horas diarias, de lunes a domingo, y percibían 1.068 euros mensuales. Además, a partir del verano pasado, debían firmar contratos de formación cada mes, al tiempo que eran aleccionados para dar otra filiación si la inspección de trabajo u otra persona preguntaba por ellos.

Ante estos hechos, los investigadores activaron el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Explotación e informaron a los perjudicados de los derechos que les asisten, entre los que se encuentra la posibilidad de ser derivados a recursos asistenciales y de alojamiento dependientes de las comunidades autónomas.

Los tres investigados por su responsabilidad en estos hechos fueron detenidos el pasado 12 de enero y se encuentran ahora a la espera de juicio.

Malestar de la Asociación de Hostelería

La Asociación de Hostelería de Gipuzkoa ha hecho público un comunicado en el que expresa su malestar por el hecho de que se denomine «empresarios» a los detenidos, porque, afirma, «daña la imagen del sector», que en Gipuzkoa forman 4.000 pequeños empresarios y autónomos que «cumplen la legislación vigente».

Esta asociación espera que, si se demuestran los hechos, caiga sobre los acusados «todo el peso de la ley», de manera que, durante un tiempo, «no puedan ejercer actividad económica alguna».

«Animamos a los empresarios de hostelería de Gipuzkoa a seguir trabajando con la honradez y exigencia que siempre nos ha caracterizado, aun a sabiendas de que noticias como esta puedan empañar la imagen del sector y hacer pagar a muchos justos por tres pecadores», ha añadido.