El campus de Baiona de la Universidad de Pau y los Países del Aturri (UPPA), el sábado fue testigo del foro organizado por las asociaciones Cimade y Etorkinekin que, en sus tres mesas redondas, dio espacio para discutir sobre el empleo de las personas migrantes. Participaron representantes de diferentes ámbitos ligados a ello y concluyeron que la situación legal no responde a las necesidades ni de las personas que buscan trabajo, ni de las interesadas en contratarlos.

En el foro de debate sobre ‘El acceso al trabajo de los migrantes, de las necesidades del mercado al derecho de las personas’, primero se realizó el análisis de la situación actual de los extranjeros en el mercado de trabajo y las necesidades de mano de obra, y por la tarde se estudió la ley actual y el proyecto de ley que tratará en primavera en el Parlamento.

Christine Clus-Auby, de la asociación Cimade de ayuda a los migrantes, se ha congratulado de que el foro ha permitido que personas de medios muy diferentes se hayan podido juntar. Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que un contrato de trabajo debe permitir tener un certificado de residencia, para que los migrantes puedan trabajar, sin tener que esperar la respuesta de los complicados procesos administrativos.

Clus-Auby ha afirmado que «ha habido puntos de vista muy diferentes, pero todo el mundo ha estado de acuerdo en que la situación actual no es estable, conveniente, ni aceptable a nivel humano, y que condena a la ilegalidad y a la precariedad a mucha gente que no quiere más que trabajar».

Mesas redondas

Durante la jornada se pudo escuchar el testimonio de tres personas migrantes; en los debates participaron representantes de los sindicatos, asociaciones de ayuda a migrantes, cargos electos, investigadores universitarios, representantes legales y patronales.

En primer lugar, participaron un miembro de la asociación Cimade, de la UPPA, de la Inspección de Trabajo, de la Confederación de Obreros y Pequeñas Empresas de la Construcción y del sindicato CGT. Después fue el turno de los representantes políticos, con los diputados Iñaki Echaniz y Lionel Causse, la teniente de alcalde de Baiona Laurence Hardouin y la consejera departamental Annie Poveda.

Tras la pausa del mediodía, estuvieron presentes dos miembros del Colegio de Abogados de Baiona, un miembro de la UPPA y el representante de LAB Eñaut Aramendi.

Todos, en sus respectivas mesas redondas, constataron que no saben qué aportará la nueva ley, pero lamentaron que los largos procedimientos administrativos son demasiado estrictos y complicados. La miembro de Cimade ha resumido así uno de los temas que más dieron que hablar: «Los patrones no pueden esperar tanto tiempo para contratar a una persona, se trata de una incoherencia administrativa, lo que obliga a la gente que quiere trabajar a que lo tenga que hacer en negro».

Ipar Euskal Herria

Durante el foro se abordó principalmente de la situación de Ipar Euskal Herria y sus especificidades. Una de las más importantes es el trabajo de temporada, especialmente en la restauración durante el verano. El otro oficio que tiene dificultades para encontrar empleados es el de la construcción, aunque también se extienden al cuidado de personas y en el sector de la limpieza. Esto ocurre principalmente en la costa.

La miembro de la asociación Etorkinekin Gabrielle Grammont ha explicado que la frontera entre los dos estados también es una «característica primordial de territorio, y tiene un gran efecto». La gran mayoría de las personas que llegan a Lapurdi siguen su camino, pero algunos se quedan, principalmente jóvenes, y algunas familias.

Respecto a la procedencia de los migrantes que atraviesan la frontera, Grammont ha explicado que muchos provienen de los países de África donde se habla francés, «pero se ha diversificado mucho, ahora hay latinoamericanos, rusos, personas de países del este...».

Participantes

Por la mañana debatieron primero Hélène Ducarre, de la asociación Cimade; Jamal Bouoiyour, de la UPPA; Céline Burret, de la Inspección de Trabajo Euskal Herria y Sur de las Landas; Patricia Glory, del sindicato CGT; y Jean-Pierre Combres, de Confederación de Obreros y Pequeñas Empresas de la Construcción. Disertaron sobre ‘El estado de la situación de los migrantes sobre el mercado de trabajo: ¿Quiénes son, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus derechos o no derechos?’ Más tarde, los cuatro cargos electos también trataron el mismo tema.

Tras una pausa, los miembros del Colegio de Abogados de Baiona Francisco Sanchez Rodriguez y François Brunel, Aramendi (LAB) y la doctora de la UPPA Malena Pizzanelli participaron en el debate titulado ‘¿La legislación actual y su evolución prevista para el proyecto de ley del 2023, comparación con los países vecinos, el proyecto responde al problema?’.