El Consejo de Gobierno de Lakua en su reunión de este martes ha decido posicionarse en contra de que el Parlamento tramite una proposición de ley para la creación de una Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción independiente de las actuales estructuras gubernamentales.

A su entender, y como ya avanzó el lehendakari el pasado viernes, «actualmente ya existe en Euskadi un extenso entramado jurídico e institucional que vela por la integridad, el impulso de la transparencia y la prevención y el combate de la corrupción en las administraciones públicas». Iñigo Urkullu hizo esas afirmaciones al tiempo que aseguraba que su Ejecutivo tiene una actitud proactiva en contra de las practicas públicas irregulares.

No es la primera ocasión en la que EH Bildu propone la creación de esta Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. La primera vez fue en 2018. En aquella ocasión el Gobierno de Lakua manifestó su criterio favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley. Aunque aconsejaba tener en cuenta una serie de consideraciones. Es llamativo que en aquella posición favorable ya se incluía la existencia de esa arquitectura institucional que ahora se presenta como núcleo del rechazo.

Entonces fueron las tres diputaciones forales las que acudieron a la Comisión Arbitral arguyendo que se invadían desde el Parlamento competencias forales. Esa intervención provocó que se paralizará la tramitación de la ley. Finalmente la cuestión se solucionó, el pleno de la Cámara aprobó la toma en consideración de la proposición de ley por amplia mayoría, pero se habían perdido varios meses, lo que hizo que cuando el lehendakari adelantó la disolución del Parlamento la ley decayera.

Con mayoría absoluta, en contra

EH Bildu ya adelantó al ver la maniobra de las diputaciones que en realidad PNV y PSE no tenían voluntad de que se aprobara ese control externo de la limpieza de la administración. Por ello insistió en su propuesta en 2020. Y en esta ocasión las objeciones que no fueron impedimento dos años antes se volvieron en motivo de veto por parte del Gobierno de Lakua.

¿Qué había ocurrido entre una propuesta y otra? Pues que PNV y PSE habían conseguido sumar mayoría absoluta, mientras que en 2018 corrían el peligro de descolgarse de una propuesta anticorrupción que quizá la oposición hubiera podido sacar adelante. Por cierto, los partidos del gobierno prometieron una Ley de Transparencia que tampoco se aprobó nunca.

En enero de este año la formación independentista ha vuelto ha registrar nuevamente su propuesta, con algunos cambios técnicos y teniendo en cuenta la nueva situación que se ha dado en la CAV. Pero la coalición PNV-PSE sostiene que «la iniciativa de EH Bildu no tiene en cuenta el entramado institucional» al que hace mención».

Además, asegura que Lakua «no comparte el modelo de control que plantea, ya que reproduce la experiencia aplicada en el Estado con escasa eficacia, ya que tiene un sentido más represivo que preventivo. Ese modelo se fundamenta en la creación de nuevas estructuras organizativas y de coste público importante que en la regulación de una acción pública comprometida con los principios y valores de la transparencia y el buen gobierno».

Las bases de la oficina

EH Bildu propone «la creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Autónoma del País Vasco como entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia, que actuará con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia orgánica y funcional de las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias».

La mencionada Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, según la proposición de ley, «se crea para la detección, prevención, investigación y erradicación de la corrupción y prácticas fraudulentas de la Administración general y las entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de las sociedades y entidades participadas por estas»

Según el proyecto, «se crea para impulsar y favorecer una cultura de buenas prácticas, de valores cívicos y de buen gobierno en la ciudadanía, y para rechazar la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas o actuaciones administrativas».

Contradicción con lo dicho y con Nafarroa

Al conocer la decisión del Gobierno de Lakua, EH Bildu ha hecho pública una nota en la que denuncia que pone «una vez más de manifiesto que la lucha contra la corrupción no está entre las prioridades» del Ejecutivo de Urkullu, «a pesar de que el ‘Caso De Miguel’, sin ir más lejos, ha vuelto a poner sobre la mesa el déficit de medios para acabar con ese tipo de prácticas».

El parlamentario Josu Estarrona ha señalado que «a rebufo de la sentencia de ese caso todos los partidos, también PNV y PSE, han hecho declaraciones grandilocuentes en contra de la corrupción pero, cuando hay que pasar de las palabras a los hechos y tomar medidas, lo que demuestran PNV y PSE es que no quieren asumir compromisos de verdad». A lo que ha añadido que «si queremos vivir en un país decente, tenemos que disponer de mecanismos suficientes para que ni la corrupción ni las malas prácticas tengan sitio. Hacen falta herramientas para garantizar que en el futuro no haya más casos De Miguel». 

Además, EH Bildu llama la atención sobre el hecho de que ambos partidos han avalado en Nafarroa la creación de esta misma Oficina Anticorrupción propuesta por su grupo. Y recuerda que «las instituciones que trabajan en ese ámbito denuncian de forma permanente la falta de medios para detectar e investigar la corrupción»