En los Juzgados de Iruñea se ha presentado hoy una querella criminal por las torturas padecidas en 1973 en la comisaría de la Policía de la capital navarra, según informa Sanfermines 78 Gogoan.

La querella se refiere a las torturas sufridas por María Concepción Edo, que entonces tenía 19 años y que fue detenida en relación con la huelga de Motor Ibérica, que posteriormente desembocaría en una huelga general en Nafarroa.

Edo fue acusada de pertenencia al FRAP y de propaganda ilegal. Junto a ella fueron detenidas diez personas más, entre las que se encontraba Germán Rodríguez, militante de LKI al que la Policía mataría en los sanfermines de 1978.

Permaneció detenida en la Comisaría de la Policía de Iruñea durante cinco días y, según relata Sanfermines 78 Gogoan, desde el inicio fue objeto de malos tratos, golpes generalizados por todo el cuerpo y amenazas permanentes, llegando a apuntarle con una pistola en la sien.

Posteriormente, ingreso en la prisión de Iruñea, de donde fue trasladada dos meses después a la de Martutene. Allí, debido a los dolores derivados de las torturas sufridas, fue hospitalizada, diagnosticándosele uretritis y desplazamiento de la vejiga y el vientre. Posteriormente fue trasladada a la prisión madrileña de Yeserías, donde fue puesta en libertad en 1975.

Agentes de la Brigada Político Social

La querella se dirige contra dos de los policías pertenecientes a la Brigada Político Social de la Policía franquista, José Blanco Martín y José Bernardo Barba. Además, se hace extensiva a otros integrantes y superiores del cuerpo que hasta ahora no han podido ser identificados y los miembros del Tribunal de Orden Público (antecesor de la Audiencia Nacional española) que le procesaron, juzgaron y condenaron.

La querella de Iruñea se suma a las cuatro ya presentadas en juzgados de Barcelona, Galiza, València y Madrid tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y a las más de 80 interpuestas desde 2019.

Hasta el momento, los juzgados han rechazado la admisión a trámite de estas querellas. Sin embargo, Sanfermines 78 Gogoan considera que en este caso hay razones para poder pensar en un desenlace diferente, como la necesidad de aplicar la legislación internacional por parte de los jueces españoles y la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.