Todo un récord. El 17 de setiembre de 2020 el Boletín Oficial del País Vasco publicaba la orden de «cesar como Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial a D. Alexander Arriola Lizarriturri, agradeciéndole los servicios prestados». Al día siguiente, la empresa Eurocybcar anunciaba en un comunicado público que Alexander Arriola «ha sido nombrado nuevo director de desarrollo corporativo de la empresa». Y el Gobierno no puede aducir que no sabía nada de esta «puerta giratoria», porque la propia SPRI hizo público el relevo el mismo 17 de setiembre dando a conocer textualmente que «Aitor Urzelai, original de Oñate, sustituye en el cargo a Alexander Arriola Lizarriturri, quien regresa a la empresa privada».

Pero la Ley Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos establece en su artículo 18 que los cargos públicos -y en este caso hablamos del director general de la SPRI, con «rango de viceconsejero»- «durante los dos años siguientes a la fecha de su cese no podrán prestar ningún tipo de servicio ni mantener relación laboral o mercantil con las empresas, sociedades o cualquier otra entidad de naturaleza privada con las que hubieren tenido relación directa debido al desempeño de las funciones propias del cargo».

Y cabe poca duda de la relación entre la SPRI y Eurocybcar, puesto que la propia sociedad pública anunció en diciembre de 2018, siendo su director general Alexander Arriola, que «Eurocybcar se va a constituir en forma de startup, por lo que va a contar con el apoyo del Grupo SPRI a través de su incubadora BiCAraba».

Eurocybcar ha obtenido también varios contratos del Ejecutivo de Lakua. Uno de los últimos, el del «sistema de evaluación e implementación de medidas de ciberseguridad en los vehículos de la Ertzaintza», por valor de 6.269.794 euros, destapado por “El Salto”. El Departamento de Seguridad no ha querido remitir al Parlamento información sobre este contrato, aludiendo a su carácter secreto «para que no sean objeto de conocimiento por parte de organizaciones y redes terroristas, tramas mafiosas, hackers, ciberataques».

En enero, a Alias Robotics

Según su currículo en la red Linkedin, Alexander Arriola, entró en enero de 2021 a dirigir la empresa Alias Robotics SL, de la que fue nombrado apoderado mancomunado solidario el 29 de setiembre de ese mismo año, como aparece formalmente registrado. Este fichaje desde otra empresa privada y también relacionada con la SPRI -basta una búsqueda en Internet- también se produce dentro de ese paréntesis de dos años que fija la ley.

GARA intentó el jueves pasado ponerse en contacto con Alexander Arriola a través de la mencionada red social, sin obtener respuesta.

El antecedente de Keralty

La ley establece la posibilidad de obtener un permiso del Gobierno para pasar a la actividad privada e indica que «la solicitud de compatibilidad deberá presentarse con un mes de antelación a la fecha de inicio de la actividad privada, debiendo acompañar copia de la propuesta de contrato firmada por la entidad privada en la que vaya a prestar servicios, incluyendo la modalidad contractual, la duración del contrato, la categoría, las retribuciones y las actividades principales a desarrollar en la entidad privada».

Y Lakua parece bastante lasa con esas solicitudes. La ex viceconsejera de Administración del Departamento de Sa-lud Fátima Ansotegi y la subdirectora de Calidad, Mayte Bacigalupe, a las 48 horas de su cese estaban trabajando en Keralty, con su exjefe Jon Darpón. Arriola batió ese récord.

Además de su carrera profesional, que desde marzo de 2022 desarrolla en Accenture, Alexander Arriola ha sido presidente de la Junta Municipal del PNV de Eibar entre junio de 2018 y mayo de 2021.