El juicio con jurado por la muerte de Santi Coca, fallecido en 2019 tras recibir una paliza en Donostia, ha quedado suspendido este jueves, después de que todas las partes personadas hayan solicitado su aplazamiento al encontrarse en paradero desconocido uno de los seis acusados.

El magistrado presidente del tribunal, quien se hizo cargo de este asunto el pasado febrero, ha acordado la suspensión de esta vista, que se iba a iniciar este viernes.

El Ministerio Público formuló el pasado viernes su petición de aplazamiento, a la que este miércoles se sumaron tanto la familia de Santi Coca como la acción popular, que ejerce el Ayuntamiento de Donostia, y las defensas de todos los inculpados, incluida la del procesado que huyó hace dos semanas.

La Audiencia de Gipuzkoa ha dictado una orden de búsqueda y captura sobre el fugado, que dejó de cumplir la obligación de presentarse periódicamente ante la justicia que se le había impuesto como condición para acceder a la situación de libertad provisional.

El joven Santi Coca, de 17 años, falleció el 28 de abril de 2019 tras pasar dos días en coma a causa de una paliza que le dieron en el exterior del Club Náutico de Donostia. Fueron identificadas por ellos siete personas, aunque solo se decretó prisión provisional para seis de ellas. En 2020 se les concedió la libertad provisional a espera de juicio bajo ciertas medidas cautelares para evitar la huída, pero uno de ellos las incumplió y fue llevado de nuevo a la cárcel.

Tras dos años de prisión provisional, en 2022 salió en libertad condicional y es quien ahora se ha fugado, a las puertas de juicio, haciendo que la causa se retrase. A esta persona es a quien se le atribuye haberle dado a Coca una última patada en la cabeza, cuando ya había pedido el conocimiento. Por ello, el Ayuntamiento de Donostia pide para él 20 años de prisión, mientras que para los otros cinco acusados solicita 15 años.

El auto destaca el acuerdo entre las partes

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el magistrado presidente del tribunal, quien se hizo cargo de este asunto el pasado febrero, se ha hecho eco ahora de todas estas peticiones y ha acordado la suspensión de la vista, «a los efectos de conceder un plazo razonable de aproximadamente seis meses» para ver si el acusado rebelde es hallado, lo que haría posible «un enjuiciamiento unitario» de los seis procesados.

«Debido a la propia idiosincrasia del procedimiento y a las particulares circunstancias que acaecen, la decisión lógica, proporcionada y aconsejable es acceder a la suspensión», aclara el documento, que destaca además el hecho de que la solicitud de suspensión que hizo la Fiscalía «ha contado con la explícita aquiescencia» del resto de partes.

«La circunstancia de que todas ellas se muestren de acuerdo» en este aspecto no puede ser desoída «aún cuando propiamente no exista cobertura normativa para ello», precisa el texto, que apela también a «la necesidad de poder evitar, en la medida de lo posible, una duplicación de enjuiciamientos» en el «previsible supuesto» de que el fugitivo sea hallado.

«Consecuencias perturbadoras»

Una situación –detalla– que, «además de otras muchas consecuencias perturbadoras de naturaleza estrictamente procedimental, supondría indefectiblemente un incremento de la revictimmización» para las personas perjudicadas en especial para los familiares directos del fallecido, quienes deberían afrontar dos juicios.

Esta situación produciría, a su entender, «una reiteración de los efectos conturbadores y gravemente desasosegantes» que supone un juicio de esta naturaleza tanto para las víctimas como para sus allegados.

Asimismo, el auto también alude a la «razonable posibilidad de que en un lapso de tiempo más o menos cercano el acusado rebelde sea hallado y puesto a disposición» de la Justicia, algo para lo que ya han sido cursadas las correspondientes órdenes de detención, tanto en el Estado español como en el ámbito de la Unión Europea.

«No es tampoco baladí el hecho de que se trate de un juicio con tribunal del jurado», con la «complejidad» que conlleva este tipo de procedimiento, a la que se suma el hecho de que son seis los acusados, algo que aumentaría «de manera indudable la dificultad enjuiciadora» si la vista oral finalmente se celebrara de forma separada para los distintos procesados.

Testigos y peritos

El auto recuerda, en este sentido, que se prevé en el juicio la declaración de hasta un total de 46 personas en calidad de testigos y de más de 25 peritos o testigos-peritos.

«Por ello –continúa–, la eventual posibilidad de que se hubiera de volver a celebrar otro juicio» respecto al fugado supondría «un evidente trastorno para todos» ellos, que «se podría evitar con el enjuiciamiento de todos los acusados en un solo acto».