El ex director general de la SPRI Alexander Arriola fue cesado en su cargo el 17 de setiembre de 2020 y fue fichado por la empresa Europcybcar al día siguiente, cuando en los dos años siguientes a dejar el puesto deben pedir permiso para contratar por empresas privadas. El Gobierno ha explicado que Arriola presentó su solicitud «en tiempo y forma» y que investiga por qué no tuvo respuesta. Eso supuso, de hecho, que se autorizara su paso a la firma privada de ciberseguridad.

Sin embargo, Alexander Arriola estuvo poco tiempo en Europcybcar. En enero de 2021, cuatro meses después de haber dejado de la SPRI, ya estaba en la dirección de Alias Robotics, de la que, además de CEO, llegó a ser apoderado mancomunando solidario. Y según su currículo en la red LinkedIn, en marzo de 2022, pasó a ser «Industry X Associete Director» de Accenture a «jornada completa».

La ley establece que «la persona cargo público deberá comunicar, antes de su inicio, cualquier actividad privada laboral o mercantil», y debe hacerlo «en el plazo de dos días hábiles siguientes a la recepción de dicha oferta de trabajo o de prestación de servicios» con copia del contrato. El servicio encargado del Gobierno de Lakua, con la firma de la consejera Olatz Garamendi en este caso, debe autorizar el paso y comunicárselo tanto al ex alto cargo como a las empresas que lo contraten.

Infracción muy grave

Según los datos del propio Gobierno de Lakua, Alexander Arriola presentó su «solicitud de autorización para la realización de actividades privadas durante los dos años posteriores al cese del personal cargo público» para la «realización de test de ciberseguridad en automóviles» en la empresa Eurocybcar. De esta nunca obtuvo respuesta.

Peor no consta ninguna petición para su paso a la dirección de las dos empresas siguientes y ello es igualmente obligatorio. De hecho, otros dos altos cargos pasaron también por tres empresas en los dos años siguientes a su cese en esta legislatura y de ellos figuran sus tres peticiones.

Según la Ley que regula el Código de Conducta y de Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, la no presentación de estas solicitudes, el «incumplimiento del régimen material de incompatibilidades» supone «una infracción muy grave».

¿Qué consecuencias tendría esto si el Gobierno lo investigara y certificara? Para Alexander Arriola, «la inhabilitación para ocupar cualquiera de los cargos incluidos en el artículo 2 de la presente ley durante un periodo de entre 5 y 10 años» y la publicación del incumplimiento en el BOPV.

Para las empresas Alias Robotics y Accenture, la norma establece que «la declaración de incumplimiento de la ley llevará aparejada la prohibición a la empresa o sociedad para contratar con el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada, con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como cargo público».

Es decir, que cómo ahora sí que ya han pasado dos años del cese del director general de la SPRI, su causa podría decirse que ha prescrito.

La Administración no vigiló

Según la ley, el «Registro de Personal» es el encargado de realizar «el seguimiento del cumplimiento por los cargos públicos de las obligaciones de presentación de las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales establecidas en la presente ley, requiriendo su cumplimiento cuando sea necesario».

En este caso, no funcionó. En primer lugar, no respondió a la solicitud de Alexander Arriola para fichar por Europcybcar. Debía hacerlo la consejera de Gobernanza, Olatz Garamendi, la misma que, según el portavoz Bingen Zupiria, investigará ahora por qué ocurrió eso. Hay quien se pregunta si la razón será que dado que la SPRI contribuyó al nacimiento de esta empresa, no podía dar la compatibilidad y optó por callar y otorgar.

Además, su paso por Europcybcar y Alias Robotics tuvo reflejo en los medios. Es más, el nombramiento de Alexander Arriola como apoderado mancomunado solidario de Alias Robotics se inscribió en el Registro Mercantil de Araba el 29 de setiembre de 2021 y se publicó en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) el 15 de octubre, pero el Registro de Personal, encargado de esta vigilancia y que dirige Olatz Garamendi no se enteró ni de lo de la prensa ni de lo del Boletín.