La falta de respuesta del Gobierno de Lakua en el plazo de un mes al recurso de alzada presentado por GuraSOS contra la autorización previamente emitida por la Viceconsejería de Medio Ambiente en favor del titular la incineradora de Zubieta, GHK –para realizar una obra que permitiría verter aguas contaminantes al Añarbe con destino final en la playa de la Zurriola– supone a tenor de la ley la pérdida de efecto de dicha autorización.

Según ha dado a conocer GuraSOS, el 2 de enero de 2023 la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco les notificó la resolución que venía a autorizar la modificación solicitada por GHK, «consistente en la construcción de bombeo de dren de fondo como medida preventiva ante futuras emergencias». Una decisión que supone autorizar «eliminar los vertidos provenientes del dren de fondo de la plataforma del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa», según explica GuraSOS.

La asociación sostiene que el proyecto reconoce que el vertido contaminante no iba a ser tratado antes de evacuarse a dicha red de saneamiento. La misma desemboca en el colector del Mompás, junto a la playa de la Zurriola, tras pasar por la depuradora (EDAR) ubicada en el barrio de Loiola.

Y añade que «se da la circunstancia de que ésta no cuenta con el tratamiento químico requerido para el tipo de sustancias previstas en la incineradora, sino uno meramente biológico, que además puede quedar alterado a futuro por los componentes vertidos. Por todo este cúmulo de factores, la evacuación de aguas a la red requería autorización de Mancomunidad de Añarbe».

Un mes sin respuesta: «Silencio estimatorio»

Por todo ello, GuraSOS informa de que el pasado día 1 de febrero interpuso ante la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, un recurso de alzada frente a dicha resolución de su Viceconsejería, y en ese mismo escrito solicitó la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada al amparo de lo previsto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común.

Según la ley, la ejecución del acto impugnado, en las circunstancias que se producen en este caso, «se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto». Y ese mes, explica GuraSOS, venció el pasado 1 de marzo, por lo que se ha producido un «silencio estimatorio» de su petición.

Una vez efectiva la suspensión a la vista de la norma legal, el siguiente paso, por parte de GuraSOS, ha sido el de notificárselo a la agencia del agua URA, dependiente también de la consejería comandada por Arantxa Tapia, que tramita a su vez la autorización hidráulica de la obra proyectada a fin de que suspenda a su vez dicho procedimiento.
 
Otras irregularidades

Además, GuraSOS da cuenta de otra serie de irregularidades en este proceso, como que «no se solicitó a las administraciones competentes en vertidos (URA y Mancomunidad del Añarbe) el preceptivo informe vinculante». A su entender, «el hecho de que la Consejería de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente haya obviado o impedido la participación de la administración competente (Mancomunidad del Añarbe) es muy grave. Sostiene que supone un claro ataque a las competencias de otra Administración, en este caso una mancomunidad».

Además, el recurso de alzada presentado por GuraSOS insta a la consejera Arantxa Tapia que requiera a GHK «reparar el sistema de reutilización de aguas de proceso, evitando las filtraciones y la instalación de un tratamiento adecuado, que impida la contaminación y la incoación de expedientes sancionadores por los incumplimientos de la Autorización Ambiental Integrada».