El Parlamento de Gasteiz ha instado este jueves al Gobierno de Lakua a impulsar, «siempre desde el respeto a la autonomía de los agentes sociales», un Acuerdo Interprofesional que «recoja un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponda con la realidad socieconómica» de la CAV.

Así lo recoge una enmienda de transacción firmada por PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU, en la que se reconoce la importancia del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), «que beneficia directamente a más de 500.000 trabajadores y trabajadoras de Euskadi».

«En cualquier caso, habida cuenta de nuestra realidad socioeconómica, y siempre desde el respeto a la negociación colectiva», la Cámara manifiesta «la conveniencia de que sindicatos y patronal acuerden en el marco del Acuerdo Interprofesional un salario mínimo de negociación colectiva en Euskadi en base a la realidad socieconómica del País Vasco».

Y pide al Ejecutivo de Lakua que adopte «una actitud proactiva para la adopción de las medidas necesarias para avanzar en este compromiso y, con ello, defender y fomentar en todos los marcos de empleo y diálogo social la mejora de los salarios y de las condiciones laborales de los y las trabajadoras de Euskadi». 


Iniciativa de EH Bildu

La enmienda nace de una iniciativa presentada por EH Bildu, que, por boca de Arkaitz Rodríguez, ha puesto en valor «un acuerdo inédito. Un acuerdo importante, pues es la primera vez que el Parlamento Vasco se posiciona de forma tan clara y tan mayoritaria a favor de un salario mínimo acorde a la realidad socioeconómica de nuestro pueblo».

«Hoy, a la unanimidad sindical y a la amplia mayoría social favorable a esta demanda, se les suma una amplísima mayoría política, mimbres que deberían resultar suficientes para materializarla lo antes posible», ha añadido, incidiendo en que el acuerdo «interpela a las partes, luego a la patronal, a sentarse a la mesa y negociar. Porque es la patronal la que, al menos hasta el momento, no ha querido ni oír hablar».

«Y aquí quiero ser muy claro: es inaceptable que la patronal esté acumulando beneficios, en algunos casos históricos, y, al mismo tiempo, se niegue en redondo a subir el salario mínimo en particular y los salarios en general», ha aseverado antes de destacar que «esta crisis no la pueden pagar los de siempre».

En este sentido, ha señalado que «las necesarias transiciones, la energética, la digital... las colosales transformaciones que va a haber que abordar los próximos años, no pueden ser financiadas a expensas de las de siempre. Ya es hora de que aquellos que tantas veces han hablado de la necesidad de arrimar el hombro y apretarse el cinturón, se aprieten el cinturón y arrimen el hombro, siquiera por una vez».

Además, ha saludado que el acuerdo «muestra y prefigura el papel que debe desempeñar la administración pública en este tiempo de zozobra, crisis e incertidumbre». «Lo he dicho en alguna ocasión: a falta de soberanía, liderazgo político», ha apuntado en alusión a la falta de competencias en material laboral.

«El hecho de no ser soberanos ni contar con plenas competencias en materia sociolaboral conlleva unas peores condiciones laborales y de vida», ha manifestado, defendiendo la implantación de un SMI de 1.400 euros mensuales, siguiendo las recomendaciones de la Carta Social Europea, en la que se propone un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio.

«Necesitamos todas las competencias para poder establecer un SMI que responda a nuestra realidad», ha añadido, «porque la soberanía, el tener plenas competencias, no solo en materia sociolaboral, sino en todas las materias, tiene que ver, y mucho, con las cosas de comer. Tiene que ver con poder tener mejores salarios, mejores pensiones, mejores prestaciones... Tiene que ver, en definitiva, con un mayor bienestar».

Acuerdo entre diferentes

El parlamentario del PNV, Jon Aiartza, ha defendido la asunción de la competencia, pero ha advertido de que es una materia «compleja». «No es todo tan simple», ha apuntado, tras señalar que existen «antecedentes», en alusión a acuerdos parlamentarios y presupuestarios en los que se reclama una mejora de los salarios.

No obstante, ha reconocido que «hoy es un buen día, porque hemos acordado una herramienta sobre salarios mínimos», supeditada a la negociación colectiva. «Lo importante no es solo el contenido, sino el respeto a la negociación colectiva», ha señalado.

Ekain Rico, del PSE, ha puesto en valor el acuerdo entre diferentes, buscando «soluciones reales a problemas reales». Si bien ha amparado que el SMI continúe siendo competencia del Gobierno español, ha remarcado que «si hay una coincidencia política tan importante, debemos explorar lo que podemos hacer».

Desde Elkarrkin Podemos-IU, Jon Hernández ha saludado «un buen acuerdo», un acuerdo «necesario», y ha advertido de que en la CAV, «no tenemos un salario mínimo, porque hay un obstáculo principal, que es la patronal vasca».

«Es el muro para evitar que hoy Euskadi tenga unos salarios más acordes a la realidad socioeconómica de nuestro país», ha subrayado, recordando que los «beneficios empresariales crecen por encima de los costes de producción de las empresas. Los capitalistas están ganando a costa de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores».

La derecha española, en contra

Laura Garrido, parlamentaria de la coalición formada por PP y Ciudadanos, ha censurado un acuerdo «declarativo, voluntarista y propagandístico». «Mi grupo no va a avalar una iniciativa que pretende criminalizar a los empresarios», ha anunciado, y ha vuelto a reclamar una bajada de impuestos.

La única representante de Vox, Amaia Martínez, no ha intervenido en el debate.

LAB: «Se ha dado un paso importante»

Oihana Lopetegi, del sindicato LAB, ha afirmado que el acuerdo supone un «paso importante», ya que «se ha abierto una puerta para que se impulse un Marco Vasco de Relaciones Laborales y una mayoría parlamentaria se ha posicionado a favor de ello. Porque esta medida podrá posibilitar un acuerdo que no será dependiente del Estado».

En declaraciones a los medios de comunicación tras la aprobación de la iniciativa, Lopetegi ha explicado que esta «obliga al Gobierno Vasco a impulsar un acuerdo interprofesional que responda a la realidad de aquí, e interpela a la propia patronal, interpela a Confebask, a cerrar una acuerdo que fije un salario mínimo propio».

Ha recordado que LAB «lleva años reivindicando la necesidad de un SMI propio, exigiendo a la patronal un Acuerdo Interprofsional para todos y todas las trabajadoras de Euskal Herria». «LAB ya planteó a Confebask un Acuerdo Interprofesional con un salario mínimo de 1.400 euros, sin que hayamos recibido respuesta», ha añadido, señalando que en la huelga general de 2020 ya se exigió un SMI propio.

«La clase trabajadora de Euskal Herria ya se ha movilizado y se está movilizando a favor de un salario minoro propio. Y hacemos un llamamiento al Gobierno Vasco a tener una actitud proactiva para impulsar el acuerdo interprofesional ante la oposición mostrada por la patronal», ha indicado.

A este respecto, ha avanzado que LAB pedirá una reunión con Lakua y con Confebask. «Seguiremos como hasta ahora, activando luchas para poder mover a la patronal de su posición», ha aseverado Lopetegi, destacando que «aquí necesitamos un salario mínimo de 1.400 euros» que «reduzca las brechas de género y las diferencias entre los salarios más bajos y más altos, y suavice la precariedad que sufre juventud».

ELA: «Es irrelevante y propagandístico»

El sindicato ELA, por su parte, ha señalado que el acuerdo es «irrelevante y propagandístico». «Esta declaración es incoherente porque las partes firmantes se niegan a enfrentarse a la patronal en el día a día, y sólo pretenden justificarse antes de las elecciones. Firman una declaración que no genera ninguna obligación legal mientras renuncian a tomar decisiones con efectos prácticos», ha apuntado.

Ha señalado que en 2014 presentó una Iniciativa Legislativa Popular para establecer requisitos laborales mínimos en las subcontratas de la Administración, entre los que figuraba un salario mínimo de 1.200 euros en las subcontratas de las administraciones. Pero «el PNV y el PSE-EE cerraron la puerta a la discusión del tema e imposibilitaron su tramitación».

Además, ha censurado que «los firmantes de la Proposición no de Ley han aprobado los presupuestos del Estado en los que reconocen la pérdida de poder adquisitivo del personal de las administraciones y recogen la posibilidad de que el Estado imponga los salarios del personal de las administraciones. Y, en la práctica, los firmantes se niegan a negociar aquí las condiciones laborales del personal de las administraciones. Por ello se han opuesto en la Proposición no de Ley a exigir al Estado la competencia para decidir el salario mínimo».

«ELA continuará luchando para establecer un salario mínimo de 1.400 euros para Euskal Herria y continuará impulsando huelgas y movilizaciones ante el veto impuesto por la patronal. Asimismo, continuará exigiendo a los partidos que gobiernan las administraciones incrementos salariales coherentes con la declaración que han aprobado», ha concluído.